“En el Derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia,
sin el Derecho desciende al nivel del animal.”
“El pueblo que no lucha por su Derecho, no merece tenerlo.”

Rudolf Von Ihering.

 

En tiempos de Paz: “En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” Establece de manera clara, contundente y precisa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra norma de normas, la ley suprema de la unión, la base de nuestro Estado de Derecho, la que debe garantizar el control del poder poniendo límites a su actuación, el sustento de la promoción, defensa y protección de los derechos humanos fundamentales.

Los dos elementos sustanciales para que una Constitución lo sea, radica precisamente en el cumplimiento irrestricto de esos preceptos: “Control al poder y protección de los Derechos Humanos”, así que todas las determinaciones del poder constituido deben constreñirse a este marco de actuación.

Desafortunadamente, vemos en muchos casos que esto no es así. El discurso político es usado para generar encontronazos entre los diversos actores quienes como oposición tienen un perspectiva de las decisiones gubernamentales, la cual modifican cuando se encuentran desempeñando el ejercicio público de la toma de decisiones como autoridades.

En el debate político, esas circunstancias resultan ser la normalidad, sin embargo, estamos en un terreno en el que los límites son muy tenues, corriendo el riesgo permanente de usar al instrumento garante de los derechos que es la Constitución, en un ariete que ataca a capricho de quien temporalmente lo controla. El gobierno actual del país descalificó hasta la saciedad la estrategia de combate a la inseguridad que implementaron sus antecesores.

Se ofreció al país que en esta nueva transformación se devolvería la paz, tranquilidad, certeza y seguridad jurídica que nos ha robado la delincuencia organizada y sus derivaciones en el orden común. Para ello se valieron del uso de la mayoría de legisladores en ambas cámaras.

Así, Morena pudo modificar la Constitución. Logró una reforma al artículo 21 constitucional que en su décimo párrafo estableció la creación de un nuevo cuerpo policial denominado “Guardia Nacional” con el cual por medio de la propaganda gubernamental, hicieron creer a los ciudadanos que se trataba de un órgano de élite, totalmente nuevo que estaba listo para combatir la inseguridad.

Los reclamos surgieron desde dentro, se trataba de los mismos elementos policiacos, antes integrados en la Policía Federal, Gendarmería Nacional, más los elementos militares que directamente se integraban a este nuevo cuerpo policiaco que lo único nuevo que tenía era el nombre, pues las quejas también consistieron en denunciar que no contaban con el equipo adecuado. “Era la misma gata, nada más que revolcada”.

La realidad nuevamente se impone, desnudando la estrategia gubernamental fallida. El cuerpo policial base, orgullo de este gobierno, está totalmente rebasado por los delincuentes. Ahora toman la decisión de sacar al ejército a la calle de manera permanente, sustentados en un decreto presidencial que contradice y pone en peligro el orden constitucional.

Por más graves que estén las cosas, las autoridades de nuestro país están obligadas a cumplir el Estado de Derecho, deben saber que no tienen patente de corso para conducirse como si la Constitución no existiera.

Debemos exigir que se cumplan siempre los límites al poder, para evitar la violación de los Derechos Humanos Fundamentales y la creación de un Estado de Excepción por decreto o capricho presidencial.

 

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