Entrevista Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición Cuentas
El tuit publicado por la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval fue criticado por propios y extraños. Señaló “es una prioridad que las compras públicas en la contingencia además de legalidad tengan moralidad y se ajusten a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y austeridad republicana”. Así lo publicó luego de anunciar que la dependencia a su cargo investiga la adquisición de ventiladores al IMSS a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.
La coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas auspiciada por el CIDE, Lourdes Morales Canales, advierte “no se cuáles sean el parámetro para medir la moralidad, pero me queda claro que en otros momentos históricos en el que el gobierno produce la sola moralidad, se han producido excesos terribles y los totalitarismos”.
En plática con Siempre! la doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona, cuestiona si realmente los miembros del gabinete tienen claro lo que significa el conflicto de interés de acuerdo a los parámetros internacionales.
Va al punto al señalar que “aquí vale más la fidelidad al líder, que la fidelidad a los resultados de las instituciones, como para ellos las instituciones son irrelevantes sobre las personas, pareciera que aunque ya está tipificado en la ley, no tienen mucha claridad sobre lo que implica el conflicto de intereses”.
Así, las protestas por la compra de 2 mil 500 respiradores por adjudicación directa, levantó fuertes protestas ya que la compra a sobreprecio es por más de 2 mil 200 millones de pesos y pone nuevamente en el banquillo al controvertido político poblano, dueño de empresas e inmuebles que ocultó en sus declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés y que fuera exonerado por la Función Pública.
La especialista en transparencia habla sobre la primera investigación donde fuera se revisa un caso tan polémico como el que puso en el ojo del huracán a la familia Bartlett.
– Manuel Bartlett nuevamente en el ojo del huracán. Primero, gracias a la investigación periodística donde se demostró que es dueño de diversas propiedades y donde fuera exonerado. Qué opina sobre la primera investigación realizada por la Función Pública…
– Las declaraciones patrimoniales son herramientas que pueden permitir, prevenir, investigar y sobre todo dar certeza para despejar cualquier duda de casos de corrupción. Sí, sin duda, la investigación debió haber sido más exhaustiva porque hay ciertas omisiones que no responden a las dudas existentes.
Un ejemplo son los dos años que no se incluyen en la declaración patrimonial inicial, cuando era senador. La función pública incluye desde 2014 pero él fue senador desde 2012 y no hay una explicación clara y también el posible conflicto de intereses en donde no hay claridad.
Lo que vemos son dos situaciones que no son novedosas; la primera es que la situación nos enseña que en tiempos de epidemia –porque hay crisis y emergencias no solo sanitarias, sino de cualquier tipo–, es muy frecuente que existan dudas fundadas sobre lo que podría llamarse áreas susceptibles de corrupción y éstas áreas provienen de la urgencia de adquirir insumos, también pueden provenir del mercado inflado por ciertos productos o de las relaciones políticas con cierta empresas así como de otras circunstancias que ya hemos visto en varias ocasiones.
En estos casos, si bien es cierto que existe una urgencia, una necesidad real, también lo es la urgencia de sustituir condiciones mínimas de transparencia y de rendición de cuentas en el destino de los recursos.
Lo que hemos visto en la actual administración si hacemos caso de investigaciones como por ejemplo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tenemos que en el último año, en 2019, tres de cada cuatro contratos se hicieron para adjudicación directa que equivale al 78 por ciento de las compras, es decir, es el equivalente a 139 mil 835 millones de pesos, destinados a adquisiciones por ese procedimiento.
El artículo 134 de la Constitución y las leyes norman el método de adquisición, así que las leyes públicas deben de ser la regla y las adjudicaciones directas solo deben utilizarse en casos excepcionales, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo –aprobado en esta administración– se establece dentro de las estrategias para evitar la corrupción que las adjudicaciones directas estarían sumamente restringidas y hasta prohibidas, por lo que resulta muy extraño lo que ha sucedido en esta administración, que hace del discurso del combate a la corrupción, el centro de sus acciones.
En segundo término, en tiempos de emergencia ¿cuáles son los riesgos de corrupción?: la forma en la que se hacen las adquisiciones, los márgenes que hay para la especulación de precios, venta en el mercado negro o el surgimiento de intermediarios que tal vez no cuentan con la certificación necesaria o con el mejor producto precio-calidad, pero es a través de las relaciones políticas que se realizan esas transacciones. Por ello es importante que la emergencia no descarte o minimice las posibilidades de vigilancia.
Hoy ya hay una denuncia presentada en contra de esta adquisición en donde se urge a la secretaría de la Función Pública y a las instituciones responsables, que se investigue a fondo y se despeje cualquier duda de conflicto de intereses –la denuncia es de legisladores panistas–.
– Hoy la adjudicación directa se da sin límites ni revisiones, solo basta la palabra presidencial…
– Así es. Por otro lado en el caso anterior me parece que otras instituciones podrían haber exigido una respuesta más puntual, ahí está el Comité de Participación Ciudadana que pudo haber exigido una investigación más exhaustiva, la entidad de Fiscalización lo pudo haber hecho y también el INAI y no sucedió.
¿Por qué? Porque el sistema no está funcionando como sistema. No hay una estrategia de información compartida, además con la pandemia, no sesionan y no hay una estrategia específica que debía centrarse, insisto, en los riesgos de corrupción en tiempos de pandemia.
Se tendría que haber convocado a una sesión emergente por vía remota como lo están haciendo otras instituciones y que hagan un acuerdo colectivo para enfocar sus esfuerzos y mecanismos de vigilancia, parámetros, para evitar no solo en adquisiciones sino también en contrataciones, en formas de investigación sobre la posible vacuna o los posibles remedios. Cómo van a hacer una política de información compartida para que todos los mexicanos podamos conocer las listas de medicamentos, de los hospitales, de las camas, como ya se hizo en la ciudad de México, pero tendría que ser general.
Cómo van a tenerse los parámetros para el registro específico de los casos con una metodología clara, que no varíe, pública, que además sea accesible y de certeza. Una serie de medidas que no son complejas de tomar pero que si requieren coordinación y parámetros para evitar lo que hemos tenido hasta ahora, que cada estado ha decidido sus propios métodos, prioridades y políticas en el manejo de la epidemia.
– ¿Esta descoordinación se puede atribuir también al descabezamiento de instituciones autónomas por parte del gobierno federal?
– Afortunadamente no se han descabezado todas, si se han debilitado de alguna forma los contrapesos porque tenemos un Congreso en donde las dos cámaras tienen mayoría de Morena, pero instituciones como el INE, el INAI, están ahí; los ha criticado el presidente, ha dicho que no le gustan, pero ahí están y tienen autonomía constitucional.
El problema ha sido que en el caso del INE hay 4 sillas vacías, en el INAI 2 sillas vacías y no se ha decidido que sea un tema prioritario como el procedimiento de renovación, claro, también es por la pandemia. La institución que casi desapareció por completo es el Instituto de Evaluación Educativa, con los cambios que hubo en la reforma educativa.
Todo esto sin duda, cuestiona nuestros mecanismos de revisión de cuentas y su efectividad que tenemos no solo en lo institucional sino también en lo político, social y que alerta sobre casos concretos como los que estamos viendo, porque hay consecuencias.
La moralidad y los totalitarismos
“Y es que la ausencia de transparencia pone vidas en riesgo, genera lo que la OMS llama Infodemia, una especie de virus informativo, donde la desinformación tiene un impacto social profundo en sociedades tan desiguales como la mexicana afecta mucho más a los que no tienen recursos.
“La falta de información, de acceso igualitario a servicios de salud en países donde este sector ya estaba vulnerado y con escasos medios de cumplir con las prioridades ciudadanas. México es de los países de la OCDE que menos invierte en salud y que menos personal tiene cada 100 mil habitantes.
Todo esto genera un coctel complejo que obliga a pensar, a replantear y exigir prioridades que permitan que los ciudadanos podamos ejercer y exigir el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales”.
– Hoy se señala que el obradorismo se parece mucho al peñismo porque hay una falta de voluntad para sancionar el conflicto de intereses y se acaba encubriendo a sus funcionarios. ¿Estaría de acuerdo?
– Lo que me parece es que no sé si en el gobierno tengan claro que es un conflicto de intereses, de verdad, no me queda claro si entienden lo que internacionalmente se entiende como conflicto de intereses. Aquí vale más la fidelidad al líder, que la fidelidad a los resultados de las instituciones, para ellos las instituciones son irrelevantes sobre las personas, pareciera que aunque ya está tipificado en la ley, no tienen mucha claridad sobre lo que implica el conflicto de intereses.
Hay una especie de justificación implícita en términos de lo que señaló la secretaria de la Función Pública que dijo que iban a revisar que las compras públicas en la contingencia que deberían tener legalidad y moralidad, lo cual me parece complicado ya que no solo van a revisar la legalidad sino la moralidad.
No tengo idea cuál sea el parámetro para medir la moralidad, pero si me queda claro que en otros contextos, en otros momentos históricos en el que el gobierno se produce la sola moralidad, se han producido excesos terribles y los totalitarismos.
Quiero insistir en el caso Bartlett, que no es el castigo público, el castigo ejemplar nada más por sacrificar a un chivo expiatorio, lo que esperaríamos como ciudadanos, es que haya congruencia entre el discurso de combate a la corrupción y las investigaciones por igual a todos, sin importar su procedencia, su cercanía o su filiación política y que además las investigaciones permitan generar la experiencia suficiente para evitar que otros casos similares se puedan presentar.