Entrevistas con Tania Reneaum, Amnistía Internacional México, y Abel Flores, CMDH

Debido al confinamiento, muchas personas se han visto obligadas a dejar de percibir ingresos o permanecer en hogares que no garantizan su seguridad, como ha sido el caso de muchas mujeres, sin dejar de mencionar la posibilidad de que los datos personales, empezando por los de movilidad, puedan ser utilizados por parte de gobiernos en otros fines distintos a los de la prevención en materia de salud.

Se trata de un escenario que poco se discute y que tiene repercusiones en un ámbito que ha adquirido una gran importancia, pero que es de los más vulnerables en situaciones como la que vivimos en la actualidad: los derechos humanos.

Dos especialistas en la materia, Tania Reneaum, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI), y Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), nos ayudaron a revisar el tema y el impacto que esto tiene en la vida de los mexicanos.

Derechos y crisis económica

Tania Reneaum inicia hablando, en entrevista con este medio, del contexto en el que se presenta la pandemia.

“Hay que hablar del contexto. La pandemia llega a un país que tiene, aproximadamente, más de 52 millones de pobres según información del Coneval, 52.4 millones en 2018, además de que hay otra pobreza que se llama estructural, la cual implica no tener recursos adecuados en el acceso a la salud, en educación, vivienda o equipamiento en la misma. En 2018, el Coneval dice que hay 6.8 millones de personas en esta clasificación de pobreza. Cuando llega una pandemia de esta naturaleza y la medida preventiva para evitar el contagio es el confinamiento, lo primero que hay que decir es que en este país se convierte en un privilegio, incluso de clase, de quienes pueden tener una relación laboral formal porque además más del 50 por ciento de la población económicamente activa de este país trabaja en la informalidad y, evidentemente, con ese privilegio se activan temas como el acceso a la salud, a la información y a estándares mínimos de seguridad social, así que no llega a un país en el que podamos gozar de plenos derechos económicos y sociales, sino en uno profundamente desigual”.

Para la directora ejecutiva de AI México, con una crisis económica a cuestas, “la cual se agudiza al punto que el presidente empieza tomar decisiones sobre el presupuesto y que preocupan mucho”, hay que revisar cómo quedan los recursos para el tema de los derechos humanos.

“En la primera decisión presupuestaria que emitió el 23 de abril, establece una reducción de presupuesto en el erario público excepto en 38 actividades de gobierno entre las que destacan la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y en el número 38 está, específicamente, la protección de los derechos humanos, pero no sabemos que hay dentro de esto, no sabemos si está la CNDH, la CEAV, la Secretaría de Gobernación, hemos preguntado y hay poca claridad, porque parece que sólo hay disponibilidad financiera para los programas que atienden a las personas más pobres”.

 

Dos derechos

Abel Flores ve en riesgo, con la presente pandemia, dos derechos humanos, que deben ser garantizados por el Estado, el de la salud y el de información.

“Me preocupa mucho, y luego hablamos del derecho a la salud, el derecho humano a la información, a saber la verdad, el Estado no nos ha dicho bien cual es la situación del país con respecto a la pandemia, lo cual genera que haya incertidumbre, que no se tomen las decisiones adecuadas por parte de las personas que vivimos en este país, desde el empresario hasta el estudiante. Qué tanto hemos hecho un buen trabajo como mexicanos para evitar que la pandemia siga creciendo, me impresionó que Mexicanos contra la Corrupción haya investigado acerca de que existen más muertos de los reportados sólo en la Ciudad de México. Eso es lo que genera descontento e incertidumbre por parte del Estado, porque es el primero obligado que debe informar a la sociedad como están las cosas.

“¿Y qué pasa con el tema de la salud? Falta equipo médico, hemos visto manifestaciones en las que se denuncia que no hay el equipo adecuado, que no hay condiciones mínimas de seguridad, incumplimiento de protocolos y no sabemos qué está haciendo el gobierno en este tema, parece que ha dejado de lado el derecho a la salud. Esta segunda realidad responde a la primera. No sabemos si tendremos garantizado el derecho a la salud, no se ha demostrado lo que ha hecho”.

La realidad interna

Otra realidad que ha salido a la luz, es la que tiene que ver con la violencia en los hogares y la imposibilidad de muchas personas a salir a trabajar para ganarse la vida.

“Nos hemos dado cuenta que en aquellos países en donde hay un toque de queda obligatorio, de inmediato se abre una puerta al abuso de las fuerzas policiales. Ha sido positivo que en México no se haya establecido un toque de queda, porque evidentemente quien puede quedarse en su casa goza de un privilegio de clase, quien no tiene necesidad de subsistir, así que los toques de queda etiquetan a los más pobres de la sociedad y nos hemos dado cuenta en la región que hay abusos en Chile, Puerto Rico, Uruguay con las personas que lo incumplen, pues son personas que tienen que salir a trabajar para subsistir en el día a día”, apunta Tania Reneaum.

“Es un problema que radica no sólo en lo de la pandemia en el actual gobierno, el hecho de que el día de hoy la violencia en las familias es una conducta delictiva, que está sancionado con una pena de prisión, el problema radica que con el confinamiento se hace más evidente que las familias se han resquebrajado, además de que la autoridad no puede resolver la situación, si no tenemos un sistema de salud eficiente, se ha puesto a prueba el tema de justicias que tampoco es eficiente. Además, con el confinamiento muchas personas no pueden generar ingresos y demuestra que nuestro sistema económico no puede con el reto”, agrega Abel Flores.

 

¿Una demanda contra el Estado Mexicano?

España está siendo testigo de una demanda de miles de ciudadanos en contra del gobierno nacional por omisiones y retrasos que vulneran varios derechos humanos de las víctimas del Covid-19 y de sus familiares.

La posibilidad de que esto se replique en nuestro país puede presentarse a decir de nuestros entrevistados, considerando como opera nuestro sistema de justicia.

“Claro, los ciudadanos pueden perfectamente hacer uso de la CNDH”, explica Tania Reneaum, “por inclumplimiento del derecho a la salud, que por cierto es uno de los más frecuentemente violados en las estadísticas de las comisiones, se puede utilizar por la vía del amparo la negación de derechos, pero el gran tema en el acceso a la salud en este país y en todos los países es que es uno que tiene la característica de la progresividad, es decir, que el Estado puede otorgar en tanto sus posibilidades le permitan hacerlo, entonces el Estado puede argumentar que en sus posibilidades lo ha otorgado y se tendría que hacer un vínculo muy fuerte con relación a posibilidad del Estado y la negación de servicios o el no acceso a servicios”.

Abel Flores completa el análisis al decir que es necesario demostrar que dentro de sus posibilidades existe una responsabilidad del Estado para evitar las muertes que se produjeron por el virus.

“Hay responsabilidad y una ley de responsabilidad del Estado, habrá que demostrar que efectivamente el Estado pudo haber evitado ese resultado tomando medidas alternas, otras medidas o tomando medidas, al final se podría generar ese tipo de procedimientos en contra del Estado diciendo que los fallecimientos, el cierre de negocios o de ciertos derechos perdido por la pandemia han sido por una mal obrar del Estado, por una negligencia o por no obrar, creo que en México aún estamos en pañales en esa situación y es algo poco conocido por parte de los ciudadanos el llevar a un juicio al Estado, es un procedimiento largo, pesado, pero sería interesante que alguien, que tenga una afectación directa, presente una demanda, pero lo veo difícil porque es un mecanismo de largo plazo y si se hace se fortalecería el Estado de derecho porque se obligaría al Estado mexicano cuando se presenten circunstancias similares a responder de una forma distinta”.

Después de la pandemia

En otros eventos que han impactado la vida de las personas a nivel mundial, como fue el caso de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, algunos derechos se restringieron con el pretexto de garantizar una mayor seguridad a las personas.

Para nuestros entrevistados, el derecho humano a la privacidad, el manejo de datos personales pueden ser dos de los que sufran limitantes, de acuerdo a lo que se está viendo en algunas partes del mundo, luego de que pase la pandemia.

Tania Reneaum resume de esta manera los riesgos.

“Puede pasar y, además, es un riesgo. El Estado va a tener que hacer un balance muy claro y cuidadoso del uso de las tecnologías para el rastreo de personas, que pueden tener el virus y que pueden movilizarse, con el derecho a la intimidad y la vida privada de las personas. SIn duda, es uno de los temas que está preocupando a la sociedad civil, que se está empezando a preocupar y ocupar, porque en los países en los que hay una tradición de ocupar la tecnologías pare espionaje, sin duda este es un tema en el que se tiene que tener sumo cuidado y respeto”.

Para el presidente de la CMDH, Abel Flores, el acento se debe poner en el manejo de los datos personales.

“Va a haber un cambio, muchas personas van a tener datos sensibles sobre tu persona, el argumento será garantizar la salud de los demás, se podrá al entrar a un edificio gubernamental o privado tomar el pulso o la temperatura de los visitantes, y con eso se podrán obtener datos sensibles de las personas, que están protegidos por la Constitución como datos personales. Los particulares y el gobierno pueden tener datos sensibles de quienes visiten sus instalaciones, el problema es que van a hacer con esos datos, porque te pueden discriminar, qué tal si vas a una entrevista de trabajo y no te dejan entrar por la temperatura, pero no era Covid-19, esto puede llegar a trastocar los derechos humanos de las personas, el Estado tiene que dar información a las personas que se debe o puede hacer con los datos personales, porque muchos van a empezar a tener bases de datos. Necesitamos tener una claridad que si bien es cierto que se puede generar una salud pública, o evitar un contagio, esto puede restringir derechos de las personas, tarea que no es sencilla”.

@AReyesVigueras