El árbitro considera la equidad, el juez la ley
Aristóteles
La Presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el acuerdo emitido el 11 de mayo del año en curso, por el Presidente de la República, en el que se dispone que la fuerza armada permanente pueda realizar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional.
Conforme a la reforma constitucional de mayo del año pasado, se estableció un nuevo marco jurídico para que el Estado mexicano pudiera resolver la crisis de seguridad pública que estamos viviendo, semanas de intensos debates fueron la antesala, inclusive porque quien la promovió fue el Ejecutivo Federal, que en sexenios pasados había tomado posturas totalmente contrarias a las establecidas en ese paquete reformatorio.
Es más, los gobiernos anteriores fueron acusados de militaristas, de que pretendían militarizar la seguridad pública, justo lo que ahora se promueve, defiende y se logra con la mayoría de legisladores que tiene MORENA en las Cámaras, el punto sustancial de esta reforma fue la creación de un supuesto nuevo cuerpo policial, que de nuevo solo tuvo el nombre: “Guardia Nacional”, ya que fue integrada por los cuerpos federales de policía, más la suma de militares y marinos que vinieron a complementarlo.
Parte del gran debate fue la naturaleza con la que se expresa nacería la Guardia Nacional pues la ley estableció que sería una institución de carácter civil, disciplinado y profesional. Con la misión de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, según lo establecido tanto en la exposición de motivos como en el cuerpo de la reforma.
Entre las facultades y mandatos establecidos para el cuerpo de seguridad, se estableció que deberían generarse acciones para el fortalecimiento de los cuerpos policíacos locales, es decir, los estatales y municipales.
Esta norma facultó al Presidente de la República para disponer, excepcional y temporalmente, de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública en el país, de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, hasta en tanto se consolidaran las capacidades del cuerpo encargado de la seguridad pública, emblema del nuevo gobierno: “la Guardia Nacional”.
Esta valiente acción de defensa del Estado de Derecho, del equilibrio de poderes, ha merecido una serie de acusaciones y calumnias contra la titular de la Cámara de Diputados, quien cuenta con facultades para interponer ese recurso de protección constitucional, a nadie le debería ser extraño que se acuda a las instituciones jurisdiccionales para dirimir controversias constitucionales, los titulares de los poderes se deben al pueblo, pues al jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución se obligan a realizarlo, no en un acto protocolar, si no en un ejercicio permanente de la legalidad y el Estado de Derecho.
No es con presiones políticas, amenazas, vituperios con los que los legisladores y gobernantes de MORENA deben expresarse contra acciones que los desnudan, es la Corte, mediante un mecanismo de control, quien tiene la última palabra, esperemos que los ministros estén a la altura de la defensa del Estado mexicano y sus instituciones, poniendo freno a las decisiones autoritarias del Ejecutivo.
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