Los mexicanos vivimos cuál si se tratara de un bolero de los Panchos, ansiedad angustia y desesperación, sin duda alguna son tiempos difíciles; a la pobreza de la mitad de la población y el desempleo de un gran número de connacionales, se suma la crisis de salud provocada por la pandemia de Covid-19 y la creciente inseguridad que campea en casi todo el territorio nacional.
En los primeros seis meses de este año fueron asesinadas casi 18 mil personas en México, sumados a las 57 mil muertes por Covid-19, tenemos alrededor de 75 mil muertos tan solo en los 8 meses de este año, hacen que nuestro País se encuentre en luto permanente, esto derivado de una atención sanitaria deficiente y a la política de seguridad de abrazos no balazos, y que además ha propiciado que en algunos sectores de la población se hagan justicia por propia mano provocando los crecientes actos de barbarie que hemos testimoniado en últimos días, son prueba irrefutable de que la espiral de violencia todavía alcanzará cotas insospechadas.
Cada cierto tiempo cuando la violencia demencial que nos azota y lastima, el hartazgo lleva a muchos a defenderse por sí mismos, excediéndose en número o fuerza, generando un clima en el que impera la ley del más fuerte, en el que en ocasiones, inocentes son confundidos y linchados en condiciones de anarquía total.
El país no promete un futuro feliz para miles de jóvenes en la flor de su vida, con esperanzas de trasformar su entorno, como hay millones de jóvenes en nuestro México, que hoy enfrentan su destino, en un entorno de miedo, sangre, balas, desempleo, precariedad sanitaria, impunidad y cerrazón autoritaria del Gobierno.
La percepción mayoritaria de la población es que se está perdiendo el enfrentamiento contra las bandas delincuenciales, que de nada ha servido la creación de la Guardia Nacional y que lo único que ha producido es una violencia irracional. El descontento, la cólera sorda y la crispación resultante de la muerte innecesaria de civiles inocentes, de las ejecuciones extrajudiciales, de la desaparición forzada e involuntaria de personas y de las violaciones de derechos humanos, crecen y se extienden en todos los estratos de la sociedad.
Entre los jóvenes universitarios de Instituciones públicas y privadas es ya verdad aceptada y así lo sostienen: que la ineptitud de quienes están al frente del Gobierno, ha generado un rompimiento institucional y ha fracturado el tejido social. Las movilizaciones de la sociedad civil, no deben desdeñarse, ignorarse o adosarlas a intereses oscuros, están allí, son reales y pueden agigantarse, cabe mencionar, la Primera Declaración de Guerra del Ejército Revolucionario Indígena (ERI) de Ocosingo, Chiapas contra el Gobierno.
Con respecto a las acciones de la sociedad civil, este gobierno ha decidido impedirlas, unificándolas. La prevención de la violencia debe hacerse desde la sociedad civil, para ella y con ella. Somos los ciudadanos quienes mejor conocemos las problemáticas de nuestro entorno y aquellos que tienen vocación, son quienes mejor pueden aportar soluciones a las necesidades de sus comunidades, más allá de becas y dádivas.
La cerrazón autoritaria patente en la irracional respuesta del titular del Ejecutivo, quien perdiera el sano juicio y reaccionara con reclamo emocional a los señalamientos sociales, sólo evidencia su alejamiento de la realidad, por lo demás característica específica de quien ya perdió el piso bajo el peso del poder, desde el viejo sistema, en el cual el presidente en turno secuestrado por sus allegados y corifeos se sentía dueño del destino de la patria.
Hoy, la sociedad y los Organismos Internacionales reprueban la política pública en materia de seguridad, por la cantidad de muertos, por las violaciones de derechos humanos, por el empecinamiento y terquedad de no modificar la estrategia, por la polarización social generada por el desmantelamiento de las instituciones autónomas, el boicot a las organizaciones de la sociedad civil y por la construcción de un marco jurídico propio de un Gobierno totalitario.
Hoy, necesitamos un plan de gobierno coherente que escuche las sabias voces de la sociedad civil y considere las necesidades de prevención en materia de seguridad, de salud, de impartición de justicia, de educación, de economía, de recursos naturales en breve, en todo el quehacer gubernamental.