Entrevista con Jorge Lara Rivera, ex subprocurador especialista en lavado de dinero

Después de la difusión de un vídeo en el que se muestra a dos asistentes de senadores panistas en la pasada legislatura recibiendo dinero, supuestamente para la aprobación de la Reforma Energética, la respuesta fue la presentación de una serie de imágenes en la que vemos a Pio López Obrador recibiendo sobres con dinero de parte de David León, en un momento en que se desempeñaba como asesor del gobierno de Chiapas.

Si bien el presidente aseguró que no se trata de un acto de corrupción, diciendo que se trata de aportaciones a su movimiento, queda la duda de si en verdad hay delitos que perseguir de acuerdo a lo que se aprecia en el video.

Otro material, muestra una conversación entre Julio Scherer y el empresario Julio Villarreal, en el cual el primero solicita más recursos para el PRD en el marco de las elecciones de 2012.

Siempre entrevistó a Jorge Lara Rivera, quien fuera subprocurador jurídico y de asuntos Internacionales en la PGR, así como especialista en lavado de dinero, para conocer si detrás de esas imágenes que vimos hay materia de delito.

Delitos en vídeo

“De las conductas que se aprecian, que se tienen que ubicar en el contexto, hay diálogos y la entrega de paquetes, como en el video de Pío (López Obrador), que se dice que es dinero, entonces desde el punto de vista jurídico lo que hay que dilucidar es el origen de los recursos y su destino. Este personaje que entrega los recursos lo hace a sabiendas de que estaba grabando para una intención de un compromiso electoral. Si son recursos públicos se pueden generar dos ilícitos, uno es peculado, que es desvío de recursos, y el otro es el peculado electoral, si es que –cómo se dice en el video– ese dinero fue para financiar a un partido político en sus campañas.

“Por otro lado, y derivado de estos delitos, quien los recibe pudiera estar cometiendo, igualmente quien los está aportando, el delito de lavado de dinero, es decir, recibir recursos a sabiendas de que vienen de un ilícito para un tipo de finalidad que también puede ser ilícita en función de que no se reportó al INE.

“Entonces, tenemos, peculado, peculado electoral, lavado de dinero y, también, como es una entrega de recursos y la ley fiscal señala que toda persona que recibe recursos tiene que declararlos, igualmente puede haber defraudación fiscal.

“En el otro video, tenemos la expresión de alguien que solicita recursos y no hay más información, pero se tiene que investigar si esta solicitud tiene que ver con un préstamo, lo cual no se deja ver, o con una solicitud de dinero sin una justificación legal que pudiera entrar en la figura legal de extorsión”.

Nuestro entrevistado señaló que luego de la difusión de dicho material, toca al ministro público deslindar responsabilidades e investigar si se cometieron distintos ilícitos.

La investigación

Jorge Lara precisó que se trata de delitos que se persiguen de oficio, “entiendo que ya están en manos de la Fiscalía, además de las distintas denuncias que se han presentado en diversas instancias, como la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública, la Fiscalía de delitos de servidores públicos y, eventualmente, procedería juicio político en contra de algún servidor público de primer nivel que pudiera estar involucrado, como podría ser el caso del ex gobernador de Chiapas”.

Y acerca de la polémica por las validez por este tipo de pruebas, que para muchos no son aceptables por tratarse de grabaciones que se llevaron a cabo sin el conocimiento y la autorización de una de las partes, nuestro entrevistado explicó que se trata de elementos que la autoridad debe tomar en cuenta.

“Para la acreditación de un hecho, cualquier medio lícito puede significar una prueba, ya la Constitución y el marco legal permite la aportación de comunicaciones entre particulares, entonces, cualquier particular que capture una comunicación que tenga con otro, puede aportarlas a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. El uso de la imagen pública es algo distinto al tema penal”.

Pero, cómo se especula sucedió en el caso de los asistentes de senadores, las filtración del vídeo vino del gobierno, en este caso si puede ser motivo de anulación de las pruebas.

“La exhibición por parte de las autoridades si puede restarle valor probatorio, pues tienen la obligación de no divulgar elementos que son propios de una investigación penal; las autoridad tiene la obligación de no filtrarlos bajo la posibilidad de que se anule su valor probatorio, pero con tantos teléfonos que tienen video y la tecnología de cámaras espía, si es muy probable que quien se vea involucrado en este tipo de conductas tarde o temprano aparezca en una situación de esas, sobre todo cuando se abusa de la buena fe de a quién se está grabando, como es el caso de David León, pues seguramente estaba grabando con una intención aviesa o para cobrar después el favor, lo mismo en el caso de Lozoya, a quien se le debería preguntar por qué grabó, cual era su intención”.

 

Capacidad de investigación

Para Jorge Lara, las investigación que se debe realizar con motivo de la difusión de dichos videos, debe mostrar que la Fiscalía cuenta con la capacidad de llegar a la verdad.

“La Fiscalía tiene la oportunidad de hacer valer su autonomía, su capacidad de investigación, con altos estándares técnicos, jurídicos, que se pueda esclarecer qué fue, exactamente, lo que ocurrió en cada caso y eso se tendría que ver en un juicio público, como lo que pasó en el caso Duarte.

“Cada vez más se han estado perfeccionando estos instrumentos, desde la reforma de 2008, se apostó a un sistema que por lo que se has visto en algunos casos, sí funciona, es necesario que la Fiscalía los haga funcionar y si así sucede, podemos estar seguros que el esclarecimiento de los hechos se dé y las conductas que se deben imputar, se hagan, y que los castigos o las consecuencias se tengan como derivación lógica. Es lo que las sociedad y la opinión pública están esperando, que la Fiscalía General de la República no atienda consignas políticas y se avoque a una investigación profesional y que no se preste a ser instrumento de golpeteo político en vísperas de las elecciones”.

Y sobre qué tan difícil es llevar a cabo una investigación de este calibre, partiendo de un vídeo de unos cuantos minutos para una investigación, Jorge Lara puntualizó que si bien es muy alto el nivel de complejidad, la Fiscalía puede cumplir con el objetivo de sacar a la luz la verdad.

“Son delitos de cuello blanco que implican un alto grado de dificultad probatoria. En este caso se requiere entrevistas a todos los involucrados, las declaraciones, y aquí en el caso de Pío López Obrador, y quizá en el de Scherer, se requiera la declaración del propio presidente, porque era el beneficiario final de estos recursos, se le tiene que preguntar si él supo –todavía no lo ha dicho–, dijo que sabía del vídeo cinco días antes, pero acerca de estos recursos no ha dicho si él supo de cuánto dinero estamos hablando; se habla de funcionarios y de cada declaración saldrán nombres y esos nombres tienen que ser llamados a entrevista, se requiere las cuentas bancarias, aquí es donde la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que colaborar con la Fiscalía, con la información fiscal, de los reportes en el INE, la información respecto al portal antilavado, en resumen, toda la información y las fuentes que existen, para generar periciales de expertos en contabilidad, en materia electoral, que hagan los análisis de todo el flujo de recursos, de donde vienen, no olvidemos que también se ha señalado que el gobierno de Manuel Velasco tuvo quebrantos muy importantes, también hay que ver si estos recursos no provienen de las finanzas del Estado, desde luego entrevistar a Manuel Velasco, a todos los involucrados y la Fiscalía tiene que hacer la indagatoria completa.

“Si tiene un alto nivel de complejidad, pero la Fiscalía está muy armada con instrumentos legales y de investigación que deben dar para eso y para mucho más”.

@AReyesVigueras