El deporte es algo más que la práctica de una actividad física específica regulada y competitiva. Para algunos es una forma de vida, un momento para conectar con el alma, crear un equipo y hasta una nueva familia. Sin embargo, lamentablemente también es para otros un negocio irresponsable y lucrativo en el cual se pierde de vista la esencia y lo más importante: las personas que lo practican.

Dentro de este cúmulo de poder que vive del deporte se encuentran directivos del Estado, presidentes y miembros de asociaciones deportivas y empresarios. Por otra parte, del otro lado nos encontramos todos los demás quienes practicamos deporte y la cultura física, ya sea de forma profesional —es importante hacer hincapié en que los atletas profesionales no son solo futbolistas y beisbolistas, sino la gran rama de atletas con disciplinas olímpicas como natación, triatlón, atletismo, gimnasia, tiro con arco, etcétera— y cualquier otra persona que está iniciando cualquier actividad física con el fin de mejorar la salud y su calidad de vida.

En este contexto de intereses opuestos, la corrupción no perdona, especialmente en la rama de la Administración Pública Federal, ni el mal manejo de sus recursos. Y ojo, si bien el deporte mexicano ha sido olvidado y poco apoyado durante todas las administraciones, en esta mal llamada “cuarta transformación” donde todas las instituciones públicas han sido dañadas con recortes presupuestales, el deporte ha tenido su presupuesto más bajo en la historia, cuando en 2019 la mayoría legislativa de MORENA en San Lázaro aprobó un presupuesto para la rama deportiva a cargo de la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) de tan solo  1,718 millones 500 mil pesos, cuando en 2013 se le asignaron 7 mil 179 millones, esto quiere decir que en 2019 el presupuesto del deporte en México fue tan solo el 21 por ciento de lo que era en 2013.

Aunado al recorte histórico también tenemos otro tipo de récords históricos y lamentablemente no son deportivos ni positivos, pues Ana Gabriela Guevara, ex medallista olímpica y actual directora de la CONADE está envuelta en varios escándalos de corrupción dentro de su administración. En junio de 2019, a la titular de esta dependencia se le acusó por designar sueldos para colaboradores cercanos y retrasos en el pago de becas para atletas.

Ante este paradigma, encontramos que el deporte ha navegado sin rumbo y capitana durante este tiempo de gobierno, seguimos sin encontrar un plan estructurado de acción a corto y largo plazo para el alto rendimiento, no vemos la implementación de políticas públicas para la atención de la cultura física y erradicar el sedentarismo mexicano, no hay presupuesto ni planeación para ninguna obra de infraestructura en todo el país, el  desmantelamiento de instituciones deportivas pilares sólo por ser emblemáticas de otros sexenios y así podríamos seguir enlistando la nula capacidad de Guevara de dirigir el Deporte Nacional

La Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que se hallaron irregularidades en la comprobación y asignación al patrimonio del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), por más de 50.8 millones de pesos. Esto, como resultado de siete auditorías que se realizaron al órgano dirigido por Ana Gabriela.

De acuerdo a un reportaje publicado por la Revista Proceso, la partida denominada Capítulo 3000 del año pasado se utilizó para contratar a personal que sólo hacía acto de presencia en las oficinas, cobrando hasta 35 y 41 mil pesos, rompiendo con las medidas de austeridad impuestas por Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gobierno. Así la CONADE gastó 72 millones de pesos del presupuesto del 2019 en la contratación irregular de aviadores, amigos y familiares.

La información de la revista señala que el Subdirector de Calidad para el Deporte de la CONADE, Israel Benítez, validó que estas personas trabajaran entre cuatro y seis meses, pero cobrando como si lo hubieran hecho todo el año. En algunos casos, incluso, recibieron 20 por ciento adicional al sueldo.

Ante estas afirmaciones e investigaciones, es claro que la administración deportiva es vista sólo como un negocio para algunas personas, y eso sin contar con toda la corrupción que se vive dentro de las federaciones de cada disciplina a nivel nacional, en donde existe de todo, desde presidentes casi vitalicios, consejos sin alternancia ni transparencia, selectivos de atletas a modo por favoritismo, falta de apoyo a atletas infantiles y juveniles, nula proyección e implementación de programas para detectar talentos, y hasta robo del poco presupuesto público o de patrocinadores privados que llegan a las federaciones.

Ahora imagínense como están las asociaciones estatales, sin un peso y con procesos aún más turbios a todo esto surge la pregunta: ¿quién defiende a las y los atletas mexicanos infantiles, juveniles y de primera fuerza o élite que luchan día a día con cumplir sus sueños de poner el nombre de nuestro país en alto?

Al día de hoy ningún legislador federal ha brincado para abanderar la causa deportiva desde alguno de los recintos legislativos, el raquítico presupuesto fue aprobado sin mucho debate. Lamentablemente, si un atleta de forma individual alza la voz ante una injusticia vivida por alguna autoridad deportiva, ya sea de la CONADE, instituto del deporte estatal, asociación o federación, sólo recibirá sanciones arbitrarias por parte de la autoridad, o alguna otra reprimenda que lo aleje de competencias o lo deje libre de apoyos.

Sumado a las posibles consecuencias por alzar la voz, muchos atletas no saben que también existe una autoridad administrativa para la impartición de justicia en México, la CAAD (Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo) cuya responsabilidad es resolver el recurso de apelación que se interponga en los casos y términos previstos en la  Ley y su Reglamento. Esta  comisión funge como panel de arbitraje y ayuda en las mediaciones y conciliaciones de las controversias de naturaleza jurídica deportiva que sucedan  entre deportistas, autoridades, entidades u organismos deportivos, con la organización y competencia que la Ley General de Cultura Física y Deporte establece. La CAAD está descentralizada de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y es el máximo órgano jurídico del deporte.

Aun así, a la CAAD le falta mucho para poder ser un verdadero tribunal de impartición de justicia en México, tanto por su naturaleza jurídica, como por su capacidad de acción, el desconocimiento de las y los atletas del procedimiento, así como como la falta del poder económico para contar con un representante legal como deportista para poder cumplir con la forma jurídica, y que muchas veces, por los tiempos deportivos, puede realizarse (el no asistir a alguna competencia o campamento) y no tener arreglo, pues si se estaba peleando alguna clasificación a algún evento, si este ya pasó, no hay forma de regresar el tiempo.

Ante este panorama, surge la necesidad de las y los atletas de organizarnos, de poder contar con una organización que, sin importar la disciplina, la rama ni la categoría, sirva como una red de apoyo ante todas las injusticias que vivimos día a día con el paso de los sexenios. Nunca más sin nosotros en la toma de decisiones, nunca más que lucren con nuestros sueños y nunca más sentirnos solos.

También necesitamos exigir rendición de cuentas del gasto de las federaciones y no permitir que unas cuantas personas se apoderen por años de las federaciones. Queremos una familia deportiva con un solo fin: seguir poniendo en alto el nombre de nuestro país de una forma digna.

Es momento de que, con las nuevas tecnologías y rumbo a esta nueva normalidad, la organización empiece por medios alternos, que también facilite la forma de reunirnos.

La idea de una Asociación Nacional de Atletas surge desde cero, donde será un proceso difícil ya que organizarse nunca ha sido fácil. Sin embargo, con la unión se pueden dar declaraciones en conjunto, obtener asesoría legal, establecer diálogo con las autoridades deportivas, y tener un espacio donde la voz de las y los atletas sea escuchada.

Sobre el autor: Triatleta profesional mexicano, estudiante de derecho en la UNAM, Premio Nacional de Comunicación Pagés Llergo 2019. Activista por los derechos juveniles, deportivos, movilidad y de inclusión.