El diálogo implica una mentalidad que no florece en áreas cerradas, autárquicas.
Éstas por el contrario constituyen un clima ideal para el anti-diálogo.
Para la verticalidad de las imposicionesPaulo Freire
Coloquialmente podríamos decir, una raya más al tigre. Así, el presidente de la republica nos sorprende a todos, con la determinación que tomó para que los militares a través de la marina armada de México ahora sumen una nueva encomienda: el control de las aduanas marítimas, terrestres, y los puertos.
Una actividad que estaba en manos de las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, es decir, en manos civiles, lo que ahora hace el presidente es militarizar esas áreas de la administración pública federal. Tan mal cayó esta determinación, que hizo que el Secretario Federal de Comunicaciones renunciara a su cargo.
Pero en materia de encargos a las fuerzas militares, esta no es la primera, a ello hay que sumar la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en los terrenos de la anterior base militar de Santa Lucía, proyecto que sustituyó al aeropuerto de Texcoco y que inclusive de manera errónea fue catalogado como proyecto de seguridad nacional, reservando la información como confidencial por ese motivo.
Lo cual constituye una violación legal pues por el hecho de que los constructores sean militares y el terreno donde se construye haya sido una base militar, no le da el carácter de militar, ni de seguridad nacional, pues este es un aeropuerto civil internacional y en consecuencia están obligados a informar sobre licitaciones, adjudicaciones, manejo de los recursos, empresas involucradas, cumplimiento de disposiciones normativas.
Hemos hablado de dos encargos del presidente a las fuerzas armadas, pero hay otros más: como la construcción de las sucursales del banco del bienestar o los tramos del tren maya, 6, de Tulum a Bacalar y el 7, de Bacalar a Escárcega; 541 kilómetros de construcción, una tercera parte de todo el proyecto queda en manos de la SEDENA, además de apoyar en otros tramos con análisis financieros.
Aunado a lo anterior, está pendiente lo de la Guardia Nacional, pues aún no cuenta con un marco jurídico constitucional sólido. Aun se tiene que resolver la decisión que un cuerpo civil este comandado por un militar.
El problema es más complejo de lo que parece, pues el presidente como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas puede ordenarles actuar, puede darles encomiendas, órdenes, pero todas estas deben sujetarse al marco constitucional dentro del Estado de Derecho e institucional que tenemos.
No es libre el presidente de accionar conforme a sus caprichos o intereses si no cuenta con facultad para ello, ese es el principio de legalidad para toda autoridad, incluido el primer mandatario de la nación. Por lo que resulta grave que el Ejecutivo Federal tome esas determinaciones violando la Constitución.
Veamos lo que establece el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.
Este texto establece una prohibición clara para las autoridades militares “en tiempo de paz ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” y cuando dice “ninguna” es expresión determinante, clara y precisa de que no podrán hacer nada que no esté conectado a su función militar.
Construir obras civiles –aeropuerto, tren maya, sucursales de banco– no son tareas que tengan que ver con la disciplina militar. Este artículo representa también un límite y control a la autoridad del presidente de la república pues este no puede ir en contra de la Constitución. Lo que en los hechos demuestra que el ejecutivo federal violenta lo establecido en nuestra norma de normas y que además lo ha hecho en repetidas ocasiones.
En un Estado de Derecho, todos estamos obligados a someternos a la Constitución y a las normas derivadas de ella, incluido el presidente de la República. Debemos exigir que las prohibiciones, límites y controles constitucionales sean cumplidos por todos, si no lo hacemos, el caos político, social institucional asomará haciendo añicos nuestra cada vez más incipiente democracia.
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