Las actividades productivas en el México rural son, sin lugar a duda, de las más difíciles, duras e incluso peligrosas. Si en el campo, los ganaderos padecen de abigeato y los agricultores de cobro de piso y asaltos a sus ranchos y transportes de mercancías, los pescadores no están exentos de los embates de la delincuencia y la corrupción. Aunque sin mayor trascendencia en el imaginario colectivo lejano a los puertos, son muchos los casos de asaltos a embarcaciones pequeñas por piratas que los someten y les roban la pesca del día, o el trasiego de diésel marino y gasolina ribereña —de los que por cierto la cuatroté ya los golpeó antes al quitarle los apoyos— así como de los pescadores que, sin permiso alguno, incursionan en aguas nacionales para expoliar productos incluso en tiempo de veda. ¿Y la supervisión del Estado? ¿No les interesa?
¿Qué pasa con la pesca en nuestro país? Nos resultan tan lejanos que no podemos, no queremos o se nos olvida observar la opacidad y corrupción que podría estarle abriendo la puerta a la pesca ilegal dañando directamente a los pescadores organizados y que cumplen con la ley, de los que se desconoce incluso un padrón real a nivel nacional.
De acuerdo con cifras del gobierno federal, el sector aportó en el primer semestre del año ocho mil 883 millones de pesos (la pesca aportó 764 mil 737 toneladas de productos del mar y la acuacultura 40 mil 063 toneladas). En contraste, crecen las preocupaciones de los armadores y pescadores, que no saben qué va a pasar con ese sector que cada vez se ve más afectado por la crisis económica, la pesca furtiva y los embates de la delincuencia.
La Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) no ha podido combatir eficientemente el uso de artes de pesca prohibidas y la captura de especies protegidas por temporada o por tallas, lo que ha sido motivo de enfrentamientos violentos entre pescadores. La dependencia que hasta hoy tiene esa atribución, también se ha visto sujeta a las “políticas de austericidio” de la cuatroté y transita en el vilo de que deberá entregarle potestades a la SEMAR.
El presupuesto para ese organismo, encargado del ordenamiento pesquero y vigilancia de nuestras aguas y más de 11 mil kilómetros de litorales, ha sufrido reducciones importantes desde el 2016, pero es precisamente en este 2020 donde obtiene el menor presupuesto que haya recibido: sólo mil 371 millones de pesos, contra los más de 2 mil millones del 2019, es decir, más del 40 por ciento menos de recursos. Esta reducción ha propiciado también a este sector la ausencia de inspectores y vigilancia para combatir delitos. Naturalmente, las quejas y denuncias de los pescadores se han multiplicado en los últimos meses. Y como no, si los piratas navegan por la libre: a ellos también les cobija la política de “abrazos, no balazos”.
A esta problemática, por si fuera poco, se suma el factor ambiental observado en el T-MEC, que ahora con reglas más estrictas y amenazas de sanciones comerciales, ha orillado al gobierno de México a parchar sus “políticas” pesqueras para conservar especies protegidas, como es el caso de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, impactada negativamente por la pesca -también ilegal- de totoaba con una importante demanda en Asia.
Esta conflictividad ha derivado en la iniciativa legislativa de la diputada sonorense MORENA, Lorenia Valles. El pasado 19 de marzo, impulsó una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de otorgar a la Secretaría de Marina funciones en materia de inspección y vigilancia pesquera y acuícola, actualmente exclusivas de la CONAPESCA, organismo dependiente a su vez de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
La diputada Valles argumenta que se trata de salvaguardar los recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención de infracciones administrativas. Significativamente incluye que la SADER deberá transferir los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a dichas actividades de inspección en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto, a fin de que la SEMAR asuma sus nuevas atribuciones sin generar impacto presupuestal para el ejercicio fiscal presente ni subsecuentes. La transferencia de atribuciones no resulta del todo claro en sus objetivos: ¿fortalecer al sector, ordenarlo? ¿quitarle los recursos a CONAPESCA? ¿darle más poder a la SEMAR? ¿quedar bien con el presidente López Obrador? Horacio Duarte, director general de Aduanas, y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, coinciden que es para combatir la corrupción… ah! y mantener y aumentar la recaudación. Parece también un nuevo boquete a las potestades de la ya tan vapuleada SADER.
La realidad es que los pescadores deberán esperar a que la SEMAR supere la curva del aprendizaje, toda vez que combatir los delitos —entre ellos, el narcotráfico— que cometen en las aguas y litorales de nuestro país, no incluye la expertise de los temas económicos, e incluso sociales, la desaparición de subsidios gubernamentales, falta de programas de comercialización de sus productos o las amenazas de embargos comerciales que enfrentan los pescadores —de altamar y ribereños—. Cada vez es más convincente la idea de que a la cuatroté sólo le interesa recaudar para repartir asistencialmente —¿electoreramente?— sin importarle descobijar a quienes producen y aportan a la economía nacional, mexicanos que sí trabajan.
@int_rural