Detrás de las muchas y diversas actividades que hoy realizan las Fuerzas Armadas hay una que subyace y que muchas veces se olvida, que deben promover la institucionalidad del Estado mexicano y, con ello, colaboran con el desarrollo y crecimiento económico; porque sólo en el marco de un ESTADO DE DERECHO, se puede generar un bienestar social.
México es considerado como un país de vocación pacífica, por eso las funciones que realizan tanto SEDENA como la Marina van mucho más allá del papel de proveer la Seguridad Nacional. Una de las acciones más representativas son los programas y planes de acción para apoyar a la población ante la ocurrencia de desastres naturales (Plan DN-III), pero también en los últimos meses, se les han encomendado actividades como el cuidado de fronteras para detener la migración, estar a cargo de vigilar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, la administración de las aduanas en los puertos del país, así como hacer frente al crimen organizado, construir sucursales financieras, trasladar fondos, cuidar las boletas electorales, e incluso han tenido que dividir sus efectivos para formar la Guardia Nacional y atender el importante tema de la seguridad pública.
Hoy, debemos reconocer la importante labor que las Fuerzas Armadas realizan en el marco de la pandemia por COVID-19, reconvirtiendo todos sus hospitales para atender pacientes, así como por proporcionar seguridad en almacenes del IMSS, transportar insumos vía aérea y terrestre, entregar despensas en las comunidades más necesitadas y colaborar en la repatriación de mexicanos varados en otros países en medio de la pandemia.
La preocupación es, si todas estas responsabilidades las empoderan o las vuelven vulnerables, pues sus recursos son limitados para atender todas las situaciones, y a su vez la legislación es poco clara para definir áreas de responsabilidad. Lo anterior debe ser una llamada de atención para el Gobierno Federal, para el Congreso y para la Suprema Corte de Justicia pues es necesario que todas las responsabilidades de las Fuerzas Armadas se vean afianzadas con iniciativas legislativas que fortalezcan su marco jurídico y puedan operar en el marco de la Ley.
Además, el presupuesto total destinado para las Fuerzas Armadas es de 0.5 por ciento del PIB, mismo que se encuentra por debajo del promedio de varias naciones latinoamericanas como Colombia 3.2 por ciento, Ecuador 2.43 por ciento Chile 1.9 por ciento y Brasil 1.50 por ciento. Es necesario que México asigne al menos el 1 por ciento de su PIB y se continúe invirtiendo en la modernización de su equipamiento; así como para poder modernizarse, pues las Fuerzas Armadas tendrán que incorporar plenamente el avance tecnológico, con el talento humano necesario, el presupuesto justo y oportuno, y la investigación y la innovación como pilares clave.
Las Fuerzas Armadas son del pueblo y para el pueblo. Un ejército que lleva salud y educación a las poblaciones, complementando las funciones de las instituciones en la materia; que se profesionaliza permanentemente en materia de derechos humanos; que ayuda en desastres naturales, que apaga incendios y hace frente al crimen organizado, aunque no sea parte de su naturaleza.
Por todo esto, la labor que realizan, día con día, las Fuerzas Armadas es verdaderamente encomiable y su contribución al País resulta incuestionable. El pueblo de México confía en sus Fuerzas Armadas como Institución y reconoce su compromiso con nuestro País. Mantenerlas y fomentarlas como un pilar detonante de crecimiento es una responsabilidad patriótica.