El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó el pasado 15 de septiembre, por medio de su Consejero Jurídico Julio Scherer, al senado su petición para consultar a la ciudadanía si se debe o no juzgar a los expresidentes de México. Y es que, como el artículo 35 apartado VIII inciso A, el presidente de la República encaja en uno de los tres supuestos para solicitar al Congreso de la Unión la realización de la consulta. Las otras dos opciones eran la solicitud del 33 por ciento de los integrantes de alguna de las cámaras del congreso y la otra al menos el 2 por ciento de firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
La ley establece que el siguiente paso a seguir para materializar esta consulta es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia, recordando que esta prohibido llevar a consulta los temas de restricción de derechos humanos, los principios del artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del estado y todo lo relacionado a las fuerzas armadas.
La frase que estaría en la boleta en la supuesta consulta en 2021 es “¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delito por parte de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto de Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Aquí entramos en el primer problema, y es que más allá de que este intento de consulta se está utilizando como mero circo político, es que, a la manera en que está planteada, es totalmente inconstitucional, pues los derechos procesales penales de las personas son derechos humanos, el debido proceso es un derecho humano, y la justicia no está a consulta. La redacción que mandó el presidente violenta derechos humanos y, por tal razón, la Suprema Corte debe rechazarla y ni siquiera pasar al congreso a buscar su aprobación de trascendencia por la mayoría en las cámaras.
Los derechos procesales penales, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada y muchos más derechos reconocidos, tanto para la víctima o el imputado de cualquier delito, están reconocidos en la constitución y en las leyes secundarias de la materia. Al ser violatoria de estos, la consulta no podría tener fundamento jurídico, y también por el simple hecho de que no es ni podrá ser vinculante para con la autoridad judicial, pues el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular nos dice que el resultado de una consulta es vinculante solo con los poderes ejecutivos y legislativos correspondientes. Una vez más la ley coincide en que la justicia no puede estar en consulta.
Ante este escenario sin precedentes, en el que las cuatro propuestas de consulta ciudadana que llegaron ante la Suprema Corte fueron desechadas por ser temas presupuestales, nos encontramos ante la primera iniciativa que podría ser modificada por las y los ministros de la corte. En este sentido se dice que, si se cambia la interpretación de la consulta a algo vinculatorio al poder ejecutivo o legislativo para la creación de un tipo comisión de la verdad no vinculante a la fiscalía, y que acompañe independientemente la investigación judicial podría pasar el visto bueno de la corte y regresar al congreso para su futura aprobación.
Regresando un poco a la coyuntura política nacional, aunque la recolección de firmas ciudadanas para intentar solicitar la consulta vía el apoyo ciudadano se intentó vender meramente como ciudadano, una enorme cantidad de legisladores federales y locales de MORENA, así como funcionarios públicos y simpatizantes de la 4T se unieron para apoyar la recolección de firmas. Esto deja en evidencia de dónde vino el financiamiento para dicho circo, y en el que al día de hoy se sabe que no se juntaron las firmas necesarias para poder solicitar la consulta. Además de esto, también se vivieron muchas irregularidades como que en las últimas 36 horas antes de vencer el plazo las organizaciones hicieron aparecer hasta 12 firmas por segundo para poder llegar a la meta de los 2 millones, según una investigación del periódico Reforma.
El combate a la corrupción fue uno de los principales estandartes de campaña de la 4T para llegar al poder, es por eso que es más indignante aún que el presidente siga queriendo sacar raja política rumbo a las elecciones de 2021 para poder legitimar su lucha inexistente contra la corrupción. El presidente tiene la obligación de presentar denuncia si cuenta con información de algún hecho ilícito o de corrupción en la administración pública, no necesitaría de una consulta para iniciar las denuncias correspondientes y cumplir con lo ya estipulado en la ley.
Entonces vemos que durante la crisis económica más dura en los últimos 100 años y con los escenarios catastróficos rebasados por la Covid-19, más de 73 mil muertos confirmados y 200 mil personas fallecidas como exceso de mortalidad el presidente de la república siga lucrando políticamente con la justicia y sin apegarse al estado de derecho cambiando la narrativa para intentar disimular su fallida administración.
La Suprema Corte estará desahogando este asunto a más tardar la semana que entra, y mientras las cifras de desempleo, inseguridad y corrupción siguen a la alza, con un mandatario que se la pasa descalificando a la prensa, a las mujeres organizadas y a las organizaciones de la sociedad civil desde Palacio Nacional, esperamos que los ministros tomen la decisión que se apegue al derecho y a la constitución, y que en el contexto democrático que tenemos en México, se acepte la última palabra de la corte para que nuestro máximo órgano constitucional no pierda más legitimidad en un ambiente de por sí ya turbio para el respeto a las instituciones Mexicanas.