¿Y la Resistencia Numantina?
En mi artículo del 6 de septiembre en esta revista, titulado: “Elecciones en el BID, un halcón en la ventana”, me refería a la intención de Trump de imponer como presidente de esa institución financiera al estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone. Tal candidatura —dije— violaba acuerdos políticos, formalizados del lado estadounidense por el presidente Eisenhower, en 1959 y confirmados por Kennedy, en el sentido de que el presidente del BID tendría que ser un latinoamericano —como ha sido hasta ahora-—y un estadounidense ocupar la vicepresidencia.
Además, Claver-Carone, halcón político, obsesivo anticastrista y opositor a la Venezuela de Chávez y Maduro, fue postulado por Trump a título de moneda de cambio por los votos de Florida que el senador republicano Marco Rubio, igualmente cubano estadounidense y también feroz anticastrista, le consiga en apoyo a su reelección. El halcón presumiblemente impondrá al BID una agenda ideológica de ultraderecha y habrá de torpedear las relaciones comerciales con China, lo que es contrario a los intereses de América Latina y el Caribe.
Como el asalto del asesor —testaferro— de Trump estaba apoyado por Colombia y Brasil, en calidad de lacayos, por Israel y una tira de países irrelevantes salvo por sus votos, los gobiernos de Argentina, México, Chile, Costa Rica, el ejecutivo de la Unión Europea y unos países más, propusieron que los comicios se retrasaran a marzo de 2021 y decidieron organizar una resistencia diplomática y jurídica, a fin de que el candidato no alcanzara la mayoría necesaria de votos para ser electo. Bauticé a esta acción como “Resistencia Numantina”, evocando la resistencia heroica de los numantinos frente a las legiones de Roma, en el siglo II a. C.
Sin embargo, esta “Resistencia Numantina” fue borrada y el halcón Claver-Carone entró al BID por la puerta principal, porque México decidió participar en la votación, Argentina retiró a su candidato al puesto y Costa Rica también retiró a su candidata. Los tres gobiernos, más Perú, Trinidad y Tobago y los países de la Unión Europea se abstuvieron en los comicios, mientras Claver-Carone, respaldado por 30 países —23 de la región— con el 66.8% de los apoyos, fue electo.
Respecto a la postulación de Claver-Carone, Jorge G. Castañeda afirma que el gobierno estadounidense propuso al nuestro que en lugar de ese candidato presentáramos la candidatura de Santiago Levy o de Alejandro Werner, a lo que se rehusó el gobierno de López Obrador. El periódico El Economista informó que Washington también había sugerido como candidatas —mexicanas— en lugar del cubano estadounidense, a Alicia Bárcena, a punto de concluir su gestión en la CEPAL o a la exsubsecretaria Vanessa Rubio, sugerencias que tampoco aceptó México.
Al margen de estas revelaciones, informemos que este halcón, que no cuenta con las simpatías de Joe Binden —el muy probable, ¡quiera Dios!, próximo presidente de los Estados Unidos— seguramente exhumará la retórica y recursos diplomáticos y otros, de la guerra fría para hostilizar a Cuba, a Venezuela y a cualquier gobierno progresista de la región. Lo que es grave, porque si los gobiernos de la Isla y venezolano son criticables, incluso condenables por más de un concepto, sus “miserias” políticas, no requieren hoy de la condena burda y del garrote, sino de la presión diplomática que los obligue y los estimule a encontrar —o reencontrar— la democracia.
La elección de Claver-Carone, anticastrista y anticomunista anacrónico, la reelección de Almagro en la OEA y los presidentes populistas que pululan de norte a sur de América, evocan tiempos canallas del Continente, en los 50 y 60 del siglo pasado. Porque hoy la OEA es nuevamente el Ministerio de las Colonias y Trump, Bolsonaro y otros se asemejan a los Somoza, Stroessner y a muchos más -sin hablar de Pinochet.
¿Vuelve la antidemocracia?
Los largos, fructíferos años que siguieron en América Central y del Sur, después de los años tortuosos, igualmente largos, de dictaduras —gorilatos de derecha— durante gran parte del siglo XX, fueron de democracia: del Suchiate hasta Ushuaia se multiplicaron los gobiernos civiles, los sistemas democráticos y la proclamación del respeto a los derechos humanos.
Hoy, sin embargo, estas jóvenes democracias sufren graves embates a lo largo de la región, como sucede en El Salvador, Venezuela —de mucho tiempo atrás— Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Embates que también sufren —vuelvo a decirlo— países que no han llegado a ser democracias, como Cuba, que la política de apertura, de Obama, le pavimentaba el camino, pero que Trump ha echado abajo.
Respecto a El Salvador, su joven presidente, Nayib Bukele, que, imitando a Trump, gobierna a golpes de tuits, es un viejo conocido nuestro, al que el gobierno mexicano otorgó, ¿donó?, en junio de 2019, 30 millones de dólares para impulsar un programa de desarrollo rural; y en marzo armó un sainete acusando a México de autorizar un vuelo a la capital salvadoreña con pasajeros contagiados de coronavirus, lo que nunca probó.
En febrero de 2020 el mandatario, acompañado de policías y militares, irrumpió en el parlamento de su país exigiendo la autorización de un crédito de 120 millones de dólares. Este ultimátum al legislativo, que tuvo lugar entre invocaciones a Dios, ha sido considerado un intento de golpe de Estado.
Hoy Bukele enfrenta la acusación de haber pactado secretamente con la banda criminal Mara Salvatrucha 13 —considerada organización terrorista por el departamento de Estado— beneficios para sus pandilleros presos, a través de la abrogación de leyes y otras ventajas, a cambio de un descenso de la violencia —lo que efectivamente sucedió— y de su apoyo en las próximas elecciones. Este pacto poco transparente, con el que Bukele se presenta como abanderado de la eficacia, no hace sino seguir el camino de su antecesor, Mauricio Funes, a pesar de que resultó un fracaso.
En Venezuela el gobierno está convocando a elecciones legislativas el 6 de diciembre, a una oposición desunida, a la que representa, por una parte, Juan Guaidó, autoproclamado presidente “encargado” de Venezuela -—reconocido por cerca de 60 países, algunos, como España, de la Unión Europea— y con él 37 formaciones políticas, que se rehúsan a participar en los comicios que califican de “fraude”.
La otra cara de la oposición es Henrique Capriles, excandidato presidencial, líder opositor con mayor currículum que Guaidó y ciertamente polémico, quien invita a los grupos opositores a participar en los comicios, a pesar de la nula fiabilidad del gobierno; pero partiendo de la base de que Maduro invitó a la Unión Europea y a la ONU como observadores, de que el régimen está liberando a opositores —se entiende que debe liberar a todos— y tomando en cuenta, Capriles hace notar, que la Asamblea Legislativa en la que la oposición era mayoría, concluye su mandato el 5 de enero.
La posición asumida por Guaidó y las 37 organizaciones opositoras, de no participar en elecciones que se anuncian fraudulentas, es atendible a primera vista. Sin embargo, de concretarse la supervisión de la Unión Europea —habría además una supervisión de la ONU— y si se decreta la libertad de todos los opositores, Capriles, Guaidó y el resto de los líderes, partidos y organizaciones contrarios al gobierno contarían con la garantía de comicios democráticos.
Además, Guaidó no ha podido fortalecerse al interior del país, la supuesta insurrección de militares, de abril de 2019, falló, y, para colmo, la torpe incursión de paramilitares —Operación Gedeón‑ de mayo de este año, lo salpicó con su descrédito. De suerte que el presidente “encargado” con todo y los 60 países que lo reconocen, camina a la insignificancia.
La reaparición de Capriles y su arriesgada apuesta, en cambio, estaría produciendo interés en la Unión Europea, particularmente en España, cuya canciller, Arancha González Laya, declaró que respaldaría la opción de Capriles —sin nombrarlo— si hubiera una señal de que los comicios se darán en condiciones democráticas. Por cierto, este jueves 17 se reunirá el grupo internacional de contacto que lidera la Unión Europea y lo integran además Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Pero no México.
La antidemocracia —y también la violencia— desciende en cascada por el mapa de América del Sur, con Colombia victimada durante tres jornadas de protesta contra la brutalidad de la policía, que dejó un saldo de 10 muertos y 178 heridos, más 150 agentes lesionados, lo que ha dado lugar a reuniones de emergencia entre el presidente colombiano Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien, como escribí en mi artículo del 17 de mayo, es una política talentosa y eficiente administradora que ha enfrentado el problema de la pandemia mucho mejor que el gobierno nacional. Lo que le ha dado amplia popularidad.
López ha insistido en el imperativo de transformar a la policía en un órgano civil, no militar y en no caer en la tentación de militarizar las ciudades. Un planteamiento que contrasta con las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien es mentor de Duque, se encuentra en prisión domiciliaria por presuntas ligas con paramilitares y exige a las autoridades que decreten el toque de queda y saquen a los militares a la calle.
La alcaldesa y las autoridades de Bogotá pidieron perdón a los deudos de los fallecidos, así como a los familiares de los heridos, por los abusos de la policía. Al tiempo que algunos familiares de las víctimas pidieron justicia, pero exhortaron también a que no se produzca más violencia.
Participó igualmente, en este acto de contrición, la guerrilla de las FARC, hoy partido político, cuyos directivos declararon: “desde lo más profundo de nuestro corazón pedimos perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias”.
En Ecuador las elecciones presidenciales de febrero de 2021 ya cobraron una víctima en el expresidente Rafael Correa, quien pretendía postularse como candidato a vicepresidente, pero fue inhabilitado por la Corte, que ratificó su condena a prisión por un caso de sobornos. Justicia o venganza, nos resulta interesante esta declaración del inhabilitado Correa: “Somos —dice— la izquierda moderna y progresista de la escuela del socialismo del siglo XXI, sin dogmas, en construcción”, definición en la que incluye al presidente argentino, Alberto Fernández, a López Obrador y a Nicolás Maduro.
Perú es otra estación de esta pandemia política que flagela a la región, después de que el presidente Martín Vizcarra estuvo a punto de ser víctima de una maniobra del parlamento para destituirlo por supuestamente haber beneficiado a un productor musical —“su amigo”— con varios contratos de casi 50,000 dólares. La maniobra de políticos corruptos, que pretendía fundarse en la ley, es previsible que no tenga repercusiones, de manera que Vizcarra seguirá en el ejercicio de su cargo.
Situación más delicada es la de Bolivia, donde el gobierno interino, que preside Jeanine Àñez, quien a última hora se presentó como candidata a la elección presidencial, ha empleado el sistema de justicia para perseguir a Evo Morales, a quien ha llegado a acusarse de “terrorismo”, una imputación que, en opinión de Human Rights Watch, es desproporcionada.
La estrategia de acoso al otrora líder cocalero logró que la justicia lo inhabilitara para postularse a un escaño del senado en las elecciones del 18 de octubre, decisión que Morales ha acatado, aunque la considera ilegal.
Sin embargo, el MAS, partido de Evo Morales y su candidato, Luis Arce sigue siendo el favorito en los comicios, con un 26% de los votos contra el 17.1% de Carlos Mesa. Lo que exigirá una segunda vuelta en la elección, muy riesgosa para Arce. Veremos si la elección no se descarrila.
Brasil, último país de esta incompleta reseña, sigue siendo rehén de Bolsonaro y su estilo Trump de gobernar. Las últimas noticias se refieren a las revelaciones sobre actos de corrupción que involucrarían al senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente. Al prohibirse su difusión, “parecería —dice Paulo Jeronimo, presidente de la Asociación brasileña de prensa— que vuelve la censura al país, como durante la dictadura militar” (1964-1985).