Todas y todos recordamos el escenario ante el cual Rosario Piedra Ibarra tomó protesta como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en noviembre de 2019, en medio de pancartas gritos y con el robo de dos votos.

10 meses después de entrar en funciones no cumple con su obligación constitucional, no ha formulado recomendaciones públicas, denuncias o quejas contra autoridades que violentan derechos humanos.

Comparando enero-agosto de 2019 con el mismo periodo de 2020, se han emitido 50 por ciento menos de recomendaciones particulares, y 67 por ciento menos de recomendaciones generales, aún y cuando a decir de exservidores públicos de esa institución, desde las Visitadurías Generales se ha trabajado para garantizar los derechos humanos de los mexicanos.

Ante diversas irregularidades, no solamente administrativas, también en el tenor de la falta de respuestas a las víctimas, tuvimos una reunión de trabajo bastante complicada debido a la discrepancia entre la oposición y legisladores del partido en el poder que la defienden. Fue una reunión difícil.

La titular de la Comisión Nacional lamentablemente acudió al Senado de la República con un discurso hecho y fue omisa en responder la gran mayoría de los cuestionamientos que se le formulaban.

A morena le incomoda la oposición, les incomoda que les digan la verdad, pero la realidad que millones de mexicanos viven todos los días es desalentadora.

Los derechos humanos de los mexicanos son violentados mientras la CNDH se queda cruzada de brazos; las mujeres se sienten inseguras y no solamente es un sentimiento, se materializa con el aumento de feminicidios.

La crítica que como senadora de oposición he realizado es para una institución que debería ser autónoma y que por supuesto tiene la obligación de proteger los derechos humanos de los mexicanos más no al presidente de la República o los secretarios de estado. Es una institución que debe proteger a las personas y no a los gobiernos.

Lo que pedimos las y los senadores de oposición es que se den respuestas y resultados a las víctimas, es algo absolutamente legal y que además es ético.

No tengo miedo de amenazas, seguiré trabajando a favor de las víctimas de este país porque merecen justicia y que haya voces que las defiendan porque la gente está cansada de no tener instituciones sólidas.

La ombudsperson tiene la gran responsabilidad de valorar su estancia al frente de la misma, ya que alguien que no puede ser autónomo, ni reconocer los errores de la actual administración por una sujeción personal, no debe dirigir esa institución. Ojalá tenga la altura de miras para corregir el rumbo.