Se eliminaron 109 fideicomisos dejando en desamparo a la ciencia, tecnología, cultura, deporte, así como a la protección de las víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas.

A López Obrador se le olvidó cuando dijo que haría todo lo necesario por conseguir la paz, que no podíamos acostumbrarnos a 70 asesinatos diarios, que se atenderían las causas de la violencia, que se garantizaría la tranquilidad en el país y que se tomaría en cuenta a las víctimas.

Hoy, con más de 100 asesinatos diarios, el presidente parece haber olvidado su oferta. No ha llegado a la mitad de su mandato y ya abandonó el proyecto de nación que ofreció una y otra vez.

La desaparición de los fondos y fideicomisos significa el abandono a la ciencia, la cultura y, sobre todo, a la posibilidad de construir alternativas contra la violencia y dar alivio a las y los violentados.

Durante mi discurso, en una larga sesión del Senado de la República, en medio de manifestaciones y granaderos, señalé que, al votar por la destrucción de estos fondos, se podría estar condenando a muerte a personas con nombre, apellido y familia; lamentablemente los legisladores de Morena, PES y PVEM, optaron por cumplir el capricho presidencial.

¿Puedes imaginar que tu hija o hijo desaparezca, encontrarlo mutilado, torturado, asesinado, o no encontrarlo nunca?, ¿ir y venir a las instancias para denunciar, terminar buscándolo en el desierto, con palas, rodeada de otras mamás y de otros papás que buscan a sus hijos?

Las víctimas usan el apoyo económico para reparar los vacíos del Estado que permitieron que sus hijos, parejas, padres y madres desaparecieran, es ahora el propio gobierno su enemigo, pues con toda indolencia decidieron eliminar estos fondos.

Los familiares de las víctimas nos lo dijeron una y otra vez en las reuniones que sostuvimos. Cuando pierdes a un familiar, no solo pierdes a la persona, pierdes identidad, salud y economía. El Estado tiene la obligación legal y ética de ayudar a que esas personas puedan reparar sus vidas, sin embargo, hicieron todo lo contrario.

Ninguno de los fideicomisos ha tenido denuncia por malversación de fondos, ni por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ni por los organismos internacionales que los han revisado. El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, por ejemplo, es la política pública nacional más observada por pares internacionales, jamás se ha sugerido que debe desaparecer, al contrario, debió fortalecerse.

Estamos ante un gobierno indolente y caprichoso, que ve cifras y no seres humanos, la extinción de los fideicomisos se traduce en una de las peores violaciones de derechos humanos de esta 4T.

La ruta jurídica que habrá que seguir, es que, desde el legislativo, el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión está facultado para presentar una acción de inconstitucionalidad. Los gobernadores podrán interponer controversias constitucionales, mientras que los beneficiarios podrán solicitar amparos ante un Juez de Distrito con la posibilidad de llegar hasta la Suprema Corte.