La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 que, entre otras cosas, contempla reducciones presupuestarias a todos los estados en un 9 por ciento, siendo un problema que impactará en la economía nacional porque desde hace varias décadas, las entidades federativas que tienen mayor recaudación no necesariamente son las que mayores recursos reciben o al menos no en las proporciones en las que contribuyen.

El federalismo fiscal se fundamenta en México en la Ley de Coordinación Fiscal, que sienta las bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno, definiendo por un lado qué tributación corresponde a cada orden, evitando duplicaciones y complicaciones al contribuyente y, por otro lado, cómo se distribuyen dichos ingresos. Sin embargo, de acuerdo a Consultores Internacionales S.C., entre enero y agosto de 2020, en promedio todas las entidades federativas recibieron 9.8 por ciento menos participaciones federales, respecto del año pasado, dejando con menos margen de maniobra la operación de los gobiernos.

Justamente este contexto ha generado que los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, todos de oposición, propongan abandonar el pacto federal en materia fiscal. En este sentido, sólo tres estados (Tamaulipas, Nuevo León y Colima) están en condiciones de tener autonomía fiscal, es decir, podrían financiar gastos estatales y federales con los ingresos que se generan su propio estado, es decir, podrían operar con superávit financiero una vez que hayan ejercido no sólo su gasto propio estatal, sino también el gasto que ejerce la Federación al interior de su propio estado en distintos programas presupuestarios.

Por lo tanto, el resto de los estados de la Alianza Federalista (Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Durango y Coahuila) está en incapacidad financiera de hacerse cargo del gasto estatal y federal con los ingresos que se generan en su entidad. Y, así, un rompimiento del pacto fiscal implicaría regresar a un esquema de doble tributación, es decir, que tanto estados como la Federación puedan cobrar impuestos similares, tales como el IVA o el ISR; restando competitividad y el atractivo de inversión no sólo en estos estados, sino también al resto de la economía mexicana.

Si bien el pacto fiscal se hizo para tratar equitativamente las diferencias del norte, centro y sur del país; a nadie conviene que los 10 estados de la Alianza Federalista se salgan del convenio, pues esto puede provocar una crisis política. Se necesita un diálogo para llegar a acuerdos para ajustar el modelo fiscal para dar una mayor oportunidad a los estados y municipios; sin importar el partido que gobierne ni la bandera política que manejen, todos los estados deberían desarrollar un proyecto que equilibre el asunto, o todos coludos o todos rabones.

Estamos en una etapa en la que se abre la posibilidad de replantear el modelo de federalismo hacendario, de democratizar los procesos y ofrecer a las entidades federativas y municipios una menor dependencia, promover sus vocaciones productivas y darles capacidad de reacción ante la coyuntura y una recuperación que no deja de mostrarse lenta y larga. Pero esto debe ser con fortalecimiento institucional, acciones contundentes para mejorar el Estado de derecho, la transparencia y la modernización.

Hoy más que nunca México requiere un consenso político. La división transmite un mensaje poco prudente, de incertidumbre y de falta de seriedad.