A mediados del mes de octubre AMLO, se mostró renuente a que en México se establezca el sistema de una segunda vuelta en la elección del presidente de la república. Dijo la razón: de haber una segunda oportunidad, las fuerzas conservadoras se unirían para hacerse del poder.

Ante una declaración tan tajante, viniendo de quien viene, debemos entender que esa posibilidad está descartada definitivamente; bueno, lo está cuando menos durante algunos años. Los que impulsaban esa figura electoral tendrán que esperar. Como se ven las cosas, durante algún tiempo.

Donde la segunda vuelta existe para elegir presidente de la república, ella es obligatoria para el supuesto de que, en la primera, ninguno de los candidatos alcance más de la mitad del número total de votos emitidos. Ese sistema, que existe en algunos países de América Latina, no sé en cuáles ni en cuantos, tiene ventajas y desventajas.

Las ventajas son: una, que, finalmente, quien accede a la presidencia, es alguien que cuenta con el respaldo, de por lo menos, más del cincuenta por ciento de los electores que sufragaron. Esa posibilidad da mayor legitimidad política a una elección y al triunfador.

Otra, que existe la posibilidad de que de dos opciones y programas políticos y económicos que se presenten a la ciudadanía, por reducirse el número de opciones, ella tenga mejor claridad al hacer su elección.

Una tercera, que alguien que llega al cargo de presidente, lo hace contando con un poder legislativo fragmentado, pues la integración de éste deriva de la primera elección; esto impide al triunfador adoptar medidas radicales. Un legislativo dividido, en los más de los casos, sólo aprueba lo más indispensable o conveniente. Hay otras ventajas del sistema de dos vueltas.

Las desventajas no son pocas: la posibilidad de que se dé una radicalización de los programas políticos; incremento de los gastos electorales; posibilidad de que se produzca una injerencia extranjera; que, por la ambición de alcanzar el poder, los líderes de los partidos entren en acuerdos con los de otros partidos minoritarios, lo que implica renunciar a sus programas políticos y, finalmente, que termine por prevalecer la ambición de poder de los líderes de los partidos.

Pudiera tener razón el presidente López Obrador; es más factible que en una segunda vuelta, sabiendo que se están jugando el todo por el todo, los partidos de derecha y de centro se unan, hagan un último esfuerzo por captar votos, sobre todo de los indecisos, reúnan fondos de los adinerados bajo el temor, real o hipotético, de que pierdan su patrimonio. También existe el riesgo de que los líderes de los partidos que ocuparon los lugares del tercer en adelante planteen requerimientos indebidos a fin de sumarse a uno de los dos contendientes finales.

Los partidos supuestamente de centro y los que hacen su quehacer político a base de ser satélite de los dos extremos: derecha o izquierda, cambian de patrón en función de las canonjías y ofertas económicas que les ofrecen o que exigen; en casos extremos, dudosos o cuestionables, más están dispuestos aliarse con los partidos de derecha. En casos extremos esas facciones se quitan la careta de neutralidad y, en forma desvergonzada, muestran lo que son: conservadores vergonzantes.

En México hay partidos incoloros, uno de ellos, por ironía de la vida. lo es el Verde Ecologista; éste actúa bajo el expediente de ponerse a disposición del mejor postor o de quien les asegure ingresos o impunidad para sus líderes.

La implementación de una segunda vuelta en la elección presidencial tiene sus asegunes. Antes de la reforma a la Constitución Política publicada el 10 de febrero de 2014, la introducción del sistema era sencilla; no se requería de una reforma a la Carta Magna; se podía llevar a cabo con base en el artículo 82, de ella que dispone:

“La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral.”

Con base en ese artículo, en mi Tratado de derecho constitucional y en mi Derecho constitucional (Oxford University Press), yo era de la opinión de que no era necesario reformar la Constitución para prever una segunda vuelta; que era suficiente con que así lo dispusiera la ley electoral, para que ella tuviera que darse.

A partir de la reforma de 2014 las cosas han cambiado y mi opinión se volvió infundada.

En la actualidad el artículo 99 constitucional, y concretamente, el tercer párrafo de la fracción II, de ese artículo dispone:

“La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.”

Por virtud de ese precepto, se convierte presidente electo quien haya obtenido el mayor número de votos con relación a los restantes candidatos, sin importar que no hubiere alcanzado más de la mitad de los votos emitidos. A esta posibilidad de acceder al cargo se le denomina mayoría relativa. La que deriva de una segunda vuelta necesariamente es una mayoría absoluta.

En la Constitución de 1824, por virtud de la elección indirecta que se preveía, se estableció el sistema de mayoría absoluta: era presidente electo quien alcanzaba una mayoría de los votos de las legislaturas de los estados (artículo 84).

Quienes en la actualidad proponen una segunda vuelta en la elección presidencial, primero tienen que asumir la tarea de reformar ese precepto y después las leyes electorales. Por más que quieran, en estos tiempos y en los próximos, no les da para hacerlo.