En esta segunda parte refiero otra historia. Llega a los linderos de ser una fábula. En ella se pone en evidencia algo que los morenos, (los del partido Morena), niegan: que todos los políticos sí son iguales, por lo que sí se vale compararlos. Para el caso no importa su color, partido, ideología o inclinaciones. El rasero igualitario tiene que ver con la impunidad y el encubrimiento a que los de ese género, el de los políticos, son adictos.

Cuando se trata de proteger ilícitos, resultaron iguales los gobernantes de Morena, los del PRI y del PAN. Como dicen las mujeres: todos los hombres son iguales. Para demostrarlo hago referencia a un caso de tantos.

Ha trascendido que existe en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una solicitud de declaración de procedencia respecto del fiscal general de justicia del estado de Morelos; se le acusa de diversos delitos. Al parece la solicitud será ventilada en las primeras sesiones que tengan lugar al abrirse el segundo periodo ordinario de sesiones que se iniciará a principios del próximo año.

Mientras tanto, a pesar de lo fundado de la solicitud y de lo contundente de los elementos probatorios que apuntan en el sentido de que es probable responsable, mientras la Cámara de Diputados no resuelva, un presunto delincuente seguirá en el ejercicio de su encargo. Las funciones que tienen encaminada ese servidor público no son de escasa importancia: investigar delitos y perseguir a sus autores. ¿Lo podrá hacer en forma adecuada y eficaz si él mismo ha sido cuestionado seriamente? Es notorio que se halla inmerso en una investigación penal.

Como es bien sabido, por virtud de una declaración de procedencia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no prejuzga respecto de la responsabilidad del servidor público; se limita a quitar el obstáculo jurídico que existe para que sea enjuiciado. Es una declaración de oportunidad que se emite con base en simples indicios.

La solicitud que se ha formulado es un buen pretexto para volver a plantear el tema de las inmunidades o privilegios y de la necesidad que existe de que ellos desaparezcan.

El sistema constitucional mexicano es pródigo en inmunidades; en el ámbito federal, por lo que toca a juicio político y declaración de procedencia, gozan de ellas más de mil servidores públicos: el presidente de la república, 500 diputados, 128 senadores, los secretarios de estado, 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 magistrados de la sala superior del tribunal federal electoral, el fiscal general de la república, los consejeros electorales federales, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas

En los estados 32 gobernadores, diputados, magistrados de los tribunales superiores y de los consejos de las judicaturas locales y los miembros de los órganos autónomos a los que las constituciones locales otorguen autonomía. Ellos suman más de mil; son privilegiados.

Todo lo anterior implica que casi tres mil personas están al margen de la acción del ministerio público y de la jurisdicción de los jueces; respecto de ellos, se requiere la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para acusarlos o para emitir una declaración de procedencia.

En el caso concreto del fiscal de justicia del estado de Morelos, da la casualidad de que la Constitución de la entidad sí dota de autonomía a la dependencia pública a su cargo (artículo 78 A), por lo mismo, para poder proceder en su contra, se requiere que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emita una declaración de procedencia.

Donde existe un auténtico Estado de derecho, las inmunidades no tienen razón de ser. Si el ministerio público federal es autónomo y profesional y los jueces son imparciales y conocedores no hay nada que temer. Los abusos de parte de ellos son una posibilidad que debía ser descartada.

La Cámara de Diputados, como colegisladora, tiene como función primordial la de legislar. En forma paralela le han sido asignadas las siguientes funciones, ellas son ajenas a la función legislativa:

Conoce y emite declaraciones de procedencia respecto de un número crecido de servidores públicos federales y locales;

Ejerce las facultades exclusivas a que hace referencia el artículo 74 constitucional;

Debe dar cumplimiento a las facultades comunes previstas en el artículo 77;

Hace los nombramientos que mencionan los artículos 40 constitucional;

Actúa como investigadora y, en su caso, es filtro de las acusaciones que se formulan contra los servidores públicos que menciona el artículo 110 constitucional;

Llegado el caso, con vista a los elementos probatorios que los acusadores le presentan, deben constituirse en cámara acusadora; en ejercicio de estas funciones oye al acusador, al acusado y adopta el acuerdo de sostener la acusación ante la Cámara de Senadores; hecho lo anterior, debe nombrar una comisión de tres diputados que sostengan la acusación ante la Cámara de Senadores.

Atender todo lo anterior implica descuidar la función legislativa que tiene encomendada la Cámara de Diputados. Si bien se pudiera juzgar improcedente e inadecuado privar a la Cámara de Diputados de las facultades que tiene conferidas respecto de nombramientos y las exclusivas, contribuiría mucho a la disminución de su carga de trabajo si se disminuyera el número de servidores públicos que gozan de inmunidad.

La 4T pudiera tomar como bandera eliminar los privilegios y hacer prevalecer el estado de derecho. La reforma debe ser autentica y de fondo, que no tenga nada que ver con la farsa que aprobó por lo que toca a quitar, supuestamente, la inmunidad del presidente de la república.

Como lo dije en otra colaboración, lo que se hizo respecto de esa materia fue una farsa que derivará en inmunidad absoluta para el actual y a los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo Federal. No se vale.

Mientras tanto actúa la Cámara de Diputados, el gobernador del estado de Morelos, un recomendado de AMLO, en defensa del crédito que deben tener las instituciones públicas y uno de los partidos que lo llevó al poder, no ha tenido el cuidado de insinuar a su fiscal que solicite licencia mientras se aclare su situación y enfrente la justicia.

Digo que el gobernador Blanco es un recomendado de AMLO, por razón de que éste, en los mítines y asambleas que se celebraron en el territorio del estado de Morelos, de manera insistente, pidió a la ciudadanía que votara por Cuauhtémoc Blanco. Yo fui testigo de ello.

Por su parte, ante los cuestionamientos que se han formulado, el fiscal no ha tenido y, al parecer no tendrá, la dignidad de ponerse a disposición de las autoridades que lo requieren para aclarar su situación. ¿Sería mucho pedirle que solicite licencia mientras se aclare su posible responsabilidad? ¿Se seguirá escondiendo en la inmunidad de que goza y no enfrentará los cargos como cualquier ciudadano común y corriente? ¿Podrá desempeñar dignamente su encargo de investigar delitos y de perseguir a sus autores cuando él mismo es investigado?

Todo lo anterior es un abuso de poder, una prueba de que las inmunidades no tienen razón de ser y de que todos los políticos SÍ son iguales y que sí se vale compararlos.

Con su ejemplo, la Cuarta Transformación demuestra que es más de lo mismo, con dos ingredientes adicionales: cinismo y desvergüenza.