El 6 de noviembre de 2020 será recordado como histórico, debido a que se resolvió con altura de miras y visión de género, que en cada partido haya candidaturas de mujeres para las gubernaturas en 2021, eso significa que habrá un mayor número de gobernadoras el siguiente año.

Con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se emiten los criterios para que se garantice el Principio de Paridad de Género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas, avanza la igualdad y se da un paso firme en cuanto a los derechos político-electorales de las mujeres.

De 1953 a 2020, de las 351 personas electas para gobernar una entidad federativa, el 98% han sido hombres, es decir 344, mientras que tan sólo el 2% han sido mujeres.

Griselda Álvarez en Colima; Beatriz Paredes en Tlaxcala; Dulce María Sauri e Ivonne Ortega en Yucatán; Amalia García en Zacatecas; Claudia Pavlovich en Sonora; Martha Erika Alonso en Puebla; Rosario Robles y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Es ahora cuando se abre la posibilidad de que se sigan escribiendo más nombres de mujeres en la historia.

Desafortunadamente, contra este histórico Acuerdo del INE en el que se establecen los criterios para la elección del próximo año, se interpusieron dos recursos, bajo el argumento de que se violenta la ley.

Por ello, tanto legisladoras, exservidoras públicas, activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, todas, mujeres comprometidas con el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, interpusimos un amicus curiae ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, la máxima autoridad electoral, conozca y escuche nuestra opinión técnica.

En este recurso se aportaron valiosos argumentos para defender la decisión del INE, mediante la cual se busca que, al menos en la mitad de las candidaturas a las gubernaturas, los partidos políticos postulen mujeres.

Estamos seguras que el Instituto Nacional Electoral actuó dentro de los márgenes constitucionales y legales que tiene señalados en nuestros ordenamientos legales. Además, su única finalidad es revertir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en esos cargos de representación popular.

Sin duda, se han dado pasos trascendentales en la consolidación de sus derechos político-electorales. Primero para que se reconociera el derecho al voto femenino, después su inclusión en los congresos, en las gubernaturas de los estados y a partir de la reforma constitucional del año pasado, para ocupar de forma paritaria, cargos de decisión en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres órdenes de gobierno.

Esperamos que el Tribunal Electoral tenga altura de miras y no revoque este acuerdo del INE que rompe con los paradigmas de sumisión de las mujeres en el poder.