Hay miles de héroes y heroínas de las que no se habla: son todos aquellos que decidieron crear una pequeña empresa, para dar servicio a la comunidad y así tener un autoempleo, corriendo todos los riesgos que representa esta decisión. El pequeño empresario hace un sacrificio que bien vale la pena: en nuestro país, las micro, pequeñas y medianas empresas son el principal sustento de las familias y hoy, más que nunca, están en riesgo.

En 2019, el INEGI registró un total de 4 millones 169 mil 677 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. De éstas, las microempresas representaban 95.4 por ciento del total, las pequeñas el 3.6 por ciento y las medianas el 0.8 por ciento. La importancia en la economía nacional es tal, que su contribución al PIB rondaba 52 por ciento y generaban 72 por ciento del empleo formal.

A pesar de esta importancia, las MIPYMES siempre han tenido problemas para subsistir. En condiciones “normales”, por llamarlas así, su tasa de supervivencia ya era muy baja: solo el 62 por ciento de las microempresas logran vivir hasta el primer año y el 42 por ciento sobreviven hasta el segundo. Algunos de los retos que hacen imposible que una MIPYME subsista son el financiamiento y el acceso al crédito por barreras como las altas tasas de interés, los impuestos, los controles e inspecciones del gobierno y las mordidas.

Esto es una problemática porque más allá de generar un flujo de efectivo que impacte en la economía nacional, las MIPYMES representan un patrimonio familiar, y son el sustento de miles de trabajadores y familias.

Con la pandemia de COVID-19, el panorama ha estado más inestable: en 2020 sobrevivieron solo 3.9 millones de empresas, pues poco más de un millón cerraron definitivamente, implicando que los hogares perdieran a sus proveedores habituales.

Hace falta una estrategia pública para ayudar a los pequeños empresarios para sortear la crisis, porque la economía nacional no se recuperará pronto sino que será un proceso paulatino. Los apoyos que se han dado no son suficientes y tampoco han llegado a todos: de acuerdo a la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas, la proporción de empresas que recibieron apoyos fue de 5.9 por ciento, mientras que el 94.1 por ciento no ha recibido ningún tipo de ayuda, o sea, solo 6 de cada 100. No es justo que siendo los que sostienen la mayor cantidad de empleos en el país, se vean olvidados por un gobierno socialista y populista, que debería apoyarlos.

Hay héroes anónimos que aún “no han tirado la toalla”, que siguen adelante pese a las adversidades, que hacen hasta lo imposible por no despedir a sus trabajadores. Por supuesto, no se trata de dar dádivas ni de hacer grandes rescates financieros. Basta con apoyos más sólidos para el sector del micro y pequeño empresario, con ofrecer políticas tales como apoyos fiscales, aplazamiento de pagos a créditos y servicios, otorgar nuevos y mejores créditos.

Además, es fundamental incorporar programas de capacitación sobre lo que es el emprendimiento, habilidades y capacidades, obtención y manejo de capitales; es decir, impulsar la educación financiera para agilizar los procesos. Esto ya se hace en países como Estados Unidos y Japón, mientras que en nuestro país se decidió, en 2019, eliminar el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), lo que no ha hecho más que dejar a la deriva a los emprendedores que, además de la capacitación, obtenían apoyos para realizar sus proyectos.

Todo lo anterior es urgente, porque hasta ahora las empresas que han sobrevivido lo han hecho gracias a los ahorros personales que permiten cubrir las nóminas y mantener las puertas abiertas, pero estos ahorros no serán eternos.

Se necesita una visión de futuro para que estas micro, pequeñas y medianas empresas sobrevivan, no sólo como una forma de auto emplearse, sino como el motor que guie el crecimiento y desarrollo del país.