La vacunación contra el COVID-19 es necesaria para detener el avance de la pandemia en México, pero también para empezar un proceso de reactivación económica y crecimiento sostenido. Sin vacuna no habrá desarrollo, y será necesario que sea un proceso rápido, porque si no se ataca el problema de la crisis sanitaria, se le sumará la crisis económica.

Del dicho al hecho, hay mucho trecho: el plan de vacunación que se tiene actualmente es muy ambicioso, pues se pretende inmunizar a toda la población en un lapso de poco más de un año, terminando en marzo de 2022. Con una población estimada de 131 millones de mexicanos, se deberá aplicar un promedio de 621,000 vacunas diariamente, representando un reto logístico de grandes dimensiones.

No hay que olvidar que algunas vacunas que se han adquirido, como la de Pfizer BioNTech que ya se empezó a administrar, requiere de condiciones de refrigeración muy especiales. Definitivamente, se requerirá una infraestructura muy grande para poder cumplir con los objetivos propuestos, de lo contrario no se logrará inmunizar completamente a la población, o esta se podría dar hasta 2024, dejando pasar un largo periodo que nuestra economía no se puede permitir.

A lo anterior, debe sumarse la preocupación por los malos manejos que se están viendo: corrupción para que personas que no están en la lista se apliquen la vacuna, nepotismo para vacunar a familiares y amigos, vacunación de gente afín al gobierno, por mencionar solo algunas. Son situaciones críticas que podrán repercutir en la organización del país, y de extremar controles para los que no estamos preparados.

Así, el plan de vacunación es una carta de buenos deseos, pero que no necesariamente es alcanzable, pues depende de muchos factores y muchos de ellos no están bajo nuestro control. Los cuellos de botella que tendrá el proceso no solo se reflejan en la producción misma de las vacunas, sino en muchos otros aspectos logísticos, como la distribución geográfica y la disponibilidad de personal y de materiales para la vacunación.

Una solución a algunas de las problemáticas por infraestructura, pueden ser atendidas por la iniciativa privada, que debe incorporarse al proceso urgentemente. Si bien, por el momento es imposible que las empresas compren la vacuna, ya que a nivel mundial fue aprobada bajo el régimen de emergencia y son los gobiernos los que están siendo los receptores de los primeros lotes, hay otras formas en los que la iniciativa privada puede participar: en la logística para la distribución, en aeropuertos y carreteras, en los centros de aplicación, en campañas de información para la población, entre otros. Es decir, la iniciativa privada puede y debe colaborar en la vacunación gratuita, para que sea un proceso rápido en todo el territorio.

En Estados Unidos, por ejemplo, algunas empresas como grandes cadenas de farmacias (CVS, Walgreens) firmaron contratos con el gobierno federal para enviar equipos de farmacéuticos y personal de apoyo a miles de centros de vacunación. En México, es urgente la participación de la iniciativa privada, las instituciones públicas, las universidades y todos los actores sociales que sean posibles, para hacer más eficiente el procedimiento.

Asimismo, es fundamental que el proceso no sea politizado, porque estamos bajo una coyuntura electoral en la que se puede tener un juego perverso, como el de extender el problema para que la gente no salga a votar y que eso beneficie a algún partido político. Como sociedad, debemos exigir que la vacunación no sea utilizada para fines clientelares. Tenemos derecho a la salud, y debemos exigirle a nuestros representantes que esto se cumpla.

Las palabras se las lleva el viento, necesitamos acciones eficientes, prudentes, inteligentes y patrióticas de las autoridades y de toda la sociedad. Si no lo entendemos así, no vamos a salir adelante.