“El Bien Común supera al Bien Particular”
Tomás de Aquino.
La naturaleza del Estado y del gobierno está sustentada en la base del Bien Común, ese es el fin, para eso fue creada esta ficción jurídica, para garantizar el mejor desarrollo de la comunidad – común unidad o unidad en lo común- para lograr el desarrollo pleno de la sociedad.
Por ello hablamos de principios como el bien público, el interés público, la utilidad pública los fines sociales. Es decir, que las acciones de los gobiernos deben considerar ese desarrollo integral colectivo, no individual ni personal para quien lo desarrolla en función de un cargo, empleo o comisión.
Los representantes populares, tanto los legisladores como los que ejercen un mandato ejecutivo están obligados a actuar por ese Bien Común, al crear las leyes los primeros y al aplicarlas los segundos. Ambos actúan bajo la consigna del servicio público, la naturaleza de su actuar debe estar sustentada en ese servicio que están obligados a prestar.
Las leyes y las instituciones deben ser para el servicio de las personas, no a la inversa, las personas para el servicio de la autoridad o del poder, son tergiversaciones de lo que debiese ser la labor más noble, trabajar en bien de los demás.
Lo anterior, no es retórica, falacia, sueño o ideal irreal, si no una obligación que deben de cumplir aquellas personas que se postulan para un cargo público y son electos. Todo esto lo expresó porque los gobernantes no nos hacen ningún favor con cumplir sus obligaciones y responsabilidades.
Desafortunadamente, en nuestra cultura latinoamericana se tiene muy arraigado que los gobernantes dispensan favores, obvio que más favorecen a los más cercanos o a los que les rinden pleitesía, así se convierte lo que debe ser una obligación del gobernante para cumplir, en una caricatura del gobernado que se denigra para obtener un favor gubernamental.
En esta lógica está la situación que estamos viviendo producto de la pandemia. No repetiré lo que todos estamos viviendo, como los cientos de miles de contagios y muertes, pues cada vez lo estamos padeciendo más cerca.
Un año después de los primeros casos detectados en México, el escenario es de horror, rebasadas las autoridades, las familias con desconfianza en el sistema de salud, que deja mucho que desear y no tiene capacidad para solucionar de fondo el problema.
En un vaivén entre semáforos rojos y naranjas, cada vez más daños a la economía, al empleo a la seguridad. Ahora estamos en medio de un proceso electoral intermedio que definirá el control absoluto del poder, o los pesos y contrapesos que en toda democracia deben existir.
Lo que está en juego no es menor, pues será el futuro de nuestro país, para bien o para mal. Las vacunas que deberán aplicarse deben considerarse para todos los mexicanos, no solo para los partidarios, conocidos, amigos o quienes sean considerados incondicionales del régimen actual.
Las vacunas no deben ser usadas como carne de cañón para fines electorales, eso sería inhumano, injusto, mezquino y grave. El Bien Común debe ser una realidad, no una entelequia y este gobierno, aunque no crea en él está obligado a cumplirlo.
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