Entrevista con Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH)

El caso que involucra a la periodista Lydia Cacho, con la reciente detención del exgobernador poblano Mario Marín, demuestra no sólo la lentitud de la justicia, sino que no se cuida a las víctimas ni sus derechos humanos, consideró en entrevista con Siempre el presidente de la c, Abel Flores.

También abogado, explicó en la plática que se trata de un expediente que viene desde el 2005 y que ha sido mal investigado, al grado de que ahora algunos de quienes han sido encarcelados pueden recurrir a instancias internacionales alegando a su favor errores cometidos en el trámite para enjuiciarlos.

“Desafortunadamente –no estoy a favor de una persona o de otra–, es cierto que el caso de Lydia Cacho fue por una investigación que reveló trata de personas, al día de hoy gracias a su trabajo algunas personas están en la cárcel y se pudo desmantelar esta organización criminal. Eso es muy loable, pero el tema de su tortura, desafortunadamente, la justicia en México no ha dado respuesta a este tipo de situaciones, cómo es posible que después de tantos años se sigan montando este tipo de shows mediáticos que sacan algún asunto del pasado para beneficiar a un partido; al final, el sistema fracasa y con Lydia Cacho el sistema no pudo operar para generar una muy buena investigación en su momento, y que se pudieran hacer válidos sus derechos y castigar a los responsables de tortura, si es que la hubo, y lo digo porque al día de hoy ya no sabemos si la hubo o no por una investigación tan complicada y con tantas versiones, pero al final el Estado mexicano no tuvo la eficacia, el profesionalismo para poder generar una investigación que estuviera a la altura para defender los derechos de la víctima”, sostiene nuestro entrevistado.

Investigando demonios

La periodista Lydia Cacho, en su blog en un artículo que titula La historia incómoda que no quieren contar, enlista a quienes denomina “Las y los responsables” de que el caso se haya mantenido tanto tiempo sin la acción de la justicia: “Emilio Gamboa Patrón. Felipe Calderón protegió a Miguel Ángel Yunes Linares; la ex fiscal Sara Irene Herrerías y entonces procuradora de Províctimas no impulsó la evidencia de trata de niñas. Olga Sánchez Cordero ministra de la Corte (que negó mi tortura en 2007 y que en 2019 tuvo que reconocerla forzada por ONU Ginebra, que ratificó formalmente los hechos). Magistrado Ricardo Velázquez Cruz operador de Mario Marín para facilitar la corrupción de la jueza en mi contra y defensor encubierto de Kamel Nacif. Todos los funcionarios de esas instancias del sexenio de Enrique Peña Nieto, que congelaron los expedientes y entorpecieron cualquier pesquisa que logré abrir con mis abogados, mientras el caso se juzgaba ante el Consejo De Derechos Humanos en Ginebra”.

Este párrafo fue escrito en 2019 y recobró vigencia al ser arrestado el pasado 3 de febrero para ser trasladado a una cárcel de Quintana Roo el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

Lejos de ser un asunto concluido, se espera que se alargue más debido a las complicaciones que se han sumado a lo largo de las últimas décadas y por la polémica que se va a seguir generando, en especial por el papel que tuvo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El 29 de noviembre de 2007, en una sesión de la SCJN, la entonces ministra Sánchez Cordero consideró que “no existe una prueba contundente, no existe ni el enlace de ellas, en donde nos permitan afirmar, sin lugar a dudas de que efectivamente el gobernador de Puebla dictó estas órdenes (de torturar a Lydia Cacho), para que se concretara esta violación a la que he aludido”.

No obstante, el pasado 5 de febrero, la actual secretaria de Gobernación puntualizó respecto a su voto como ministra, “no fue a favor del exgobernador de Puebla, hay una precisión. Simplemente las violaciones graves… yo ahí intervine, ahí están las versiones estenográficas, yo ahí dije que sí había habido violaciones a sus derechos humanos que podrían ser resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa como es el amparo y que para el parámetro de gravedad de violación grave a los derechos humanos habíamos resuelto el caso de Aguas Blancas… La interpretación que se hizo en ese momento del Artículo 197 constitucional de violaciones graves fue el parámetro de esta matanza”.

En opinión de Abel Flores, “actualmente ella como secretaria de Gobernación no tiene injerencia en la Fiscalía, ahora puede decir otra cosa, en su momento el caso que resolvió era sobre tortura, dejando aparte el de trata de personas, tiene un fondo jurídico totalmente distinto, entonces es cierto que su voto fue en un tema jurídicamente diverso y no centrándose en la tortura en contra de Lydia Cacho”.

Pero como mencionamos, se trata de un asunto que está lejos de terminar, como señala en el análisis que hace del caso Abel Flores.

Lento y complicado

Para nuestro entrevistado, hay varios temas que deben ser considerados en este caso y que muestran que tan complicado es, para muestra un botón.

“Tenemos que objetar la competencia de la autoridad federal para conocer de un asunto en estos términos, ¿por qué? Los hechos que se investigan de tortura son del año 2005, en ese momento había una ley, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; con Peña Nieto, en 2017, se genera una nueva ley. Cuando se comete el hecho delictivo había una ley diferente a la que ahora se aplica; en 2005 esta ley en su artículo primero señala que el objetivo de la misma es prevenir y sancionar, que se aplicará en el fuero federal y esta ley aplica en casos federales, Mario Marín era gobernador en ese entonces, ¿cómo se va a aplicar una ley federal? Se aplicaría retroactivamente la ley, porque actualmente sí se sanciona a cualquier funcionario, anteriormente sólo se castigaba a los funcionarios federales.

“Lydia Cacho ha sido muy prolífica en su relato sobre la tortura, de lo que surge el tema de por qué no aplicar la ley local de Cancún contra la tortura, pues se trata de funcionarios públicos locales. Esa es una gran discusión que se debe tomar en cuenta, pues la Federación parece que no tiene competencia.

“Un segundo punto es que Marín no transportó a Lydia Cacho, no transportó a Lydia Cacho a Puebla, un juez de ese estado giró la orden de aprehensión, los que la llevaron son miembros de la Procuraduría, probar que Marín tuvo participación será complicado, además una llamada entre él y Kamel Nacif, que fue obtenida de manera ilegal, de acuerdo a prácticas internacionales es una llamada ilícita, por lo tanto, no se puede tomar en cuenta para probar un hecho. Qué otro dato se tiene para acreditar la participación de Marín en la tortura, pues los agentes no han declarado que lo hicieron por sus órdenes.

“El tercer punto que sería interesante cuestionar, tiene que ver con los años lleva la investigación. Lydia Cacho ha dado distintas versiones, incluso se contradice, es una investigación que ha durado tanto tiempo con una única testigo, la víctima, y con dictámenes psicológicos que han probado la tortura, con todo el tiempo que ha pasado y las distintas versiones, me parece que ahora tenemos un caso similar al de Florence Cassez, es un asunto tan manoseado, se han contradicho, que es muy difícil saber la verdad de los hechos. Con Cassez el tema fue que la investigación fue tan mal hecha, tan mal elaborada, duró tanto tiempo, que si fue un montaje, que ya no sabemos cual es la verdad, por lo que lo que se tiene que hacer es absolver, pues el derecho penal no puede condenar a alguien con pruebas que se duda si son reales o no. Es algo que está plasmado en tratados internacionales. Con tantas declaraciones, tan diversas, se va desarmando la credibilidad, no defiendo a Mario Marín, pero sí veo que hay una serie de violaciones al debido proceso legal, al final se les puede otorgar el amparo o una sentencia favorable porque no se cumple con los extremos legales.

“Si fue o no fue, si participó o no, si fue tortura, será difícil saber porque se han desvanecido los datos”.

Justicia lenta

Desde el punto de vista de los derechos humanos, la lentitud para hacer justicia en muchos casos es algo que vuelve muy complicado este tipo de temas, como se evidencia en el caso que nos ocupa en esta ocasión.

“Desafortunadamente, la justicia es lenta, en todo el mundo no sólo en México, es una realidad difícil de combatir. Qué pasa con los derechos humanos, que la CNDH, por ser un tema jurisdiccional, no tiene competencia porque el asunto lo está viendo un juez. Qué tenemos como ciudadanos para que esto no ocurra, debemos acudir a instancias internacionales, para eso están, para eso funcionan, para dar directrices a los Estados para que no hagan eso, así se construye un derecho más fuerte, poco a poco generando prácticas para evitar este tipo de violaciones a los derechos humanos. Eso nos conviene a todos los mexicanos y a toda Latinoamérica, porque genera jurisprudencia para toda el área, es algo muy importante. Esto ayuda a mejorar la aplicación del derecho”.

Lo anterior, a juicio de Abel Flores, demuestra lo complicado que se volvió el caso, a lo que se suma la duración del mismo. Es por lo anterior que el presidente de la CMDH concluye que se debe exigir al gobierno que haga verdaderas investigaciones para hacer justicia.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya le dijo a México que no es posible que sus investigaciones no se hagan con profesionalismo y las condenó a propósito de las ‘muertas de Juárez’, la CIDH llegó al caso algodonero –así se le llama porque muchas de las víctimas eran trabajadoras de maquiladoras textiles– luego de los asesinatos y que el gobierno mexicano no hacía nada, con investigaciones pobres, por eso la Corte Interamericana señaló que no se respetaban los derechos de las víctimas en estos casos y por eso condenó para que se hicieran investigaciones serias, no de a mentiras. Pensaría que en este caso la que hizo la extinta PGR fue muy deficiente y seguramente Lydia Cacho tuvo muchas trabas para poder armar la investigación y eso no es culpa de la víctima, es culpa del gobierno como tal”.

@AReyesVigueras