Entrevistas con Leonardo Núñez (MCCI) y Enrique Díaz Infante (CEEY), investigadores

El informe que dio a conocer la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2019 –polémica aparte por los otros datos y el enojo presidencial–, ofreció un panorama muy preciso de lo que la actual administración federal representa en términos de eficiencia, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción.

De acuerdo a los investigadores consultados, este gobierno no aprueba en dichas asignaturas y mantiene una continuidad con administraciones anteriores en lo que a irregularidades respecta.

Siempre entrevistó a Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y a Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), quienes compartieron con nuestros lectores su evaluación del trabajo de la ASF y el impacto que este tiene en la vida nacional.

Actos irregulares

“Los hallazgos de la auditoria, porque en el caso del cálculo de los costos del aeropuerto es una estimación no un hallazgo, que se presentan en los informes individuales muestran los esquemas con los cuales se demuestra o hay evidencias suficientes del uso irregular de los recursos públicos; siempre desde MCCI señalamos que detrás de cada peso que reporta la Auditoría hay un acto irregular de un funcionario público”, señala Leonardo Núñez de MCCI.

En la entrevista apuntó que se trata de cifras monumentales las que detectó la ASF.

“Tenemos una cifra que supera los 100 mil millones de pesos de observaciones de actos irregulares, sobre lo que hay que hacer un par de acotaciones: hay 55 mil millones de pesos de los 100 mil que se observaron que están pendientes de aclaración, es decir, la ASF encontró irregularidades y la autoridad tiene la oportunidad de demostrar que no es así y hay otros 45 mil millones de pesos que se presumen son daños a la nación, a la hacienda pública, porque representan recursos importantes, porque si sumamos esos 100 mil millones de pesos representan más del presupuesto total del Insabi, que es de alrededor de 89 mil millones de pesos, es decir que esta cantidad es suficiente para cubrir el presupuesto del Insabi y todavía sobrarían recursos para pagar el presupuesto de todas las dependencias encargadas del combate a la corrupción”.

No somos iguales

Pese a la reiterada afirmación presidencial de que “no somos iguales” que gobiernos anteriores, en lo que sí se parece a sus antecesores es en que se mantienen cifras similares de irregularidades, como ejemplifica nuestro entrevistado.

“Hay dos formas de verlo, uno, con la cantidad total de recursos que aparecen en las auditorias, que son estos 100 mil millones, si lo comparamos con años anteriores encontraremos que esta no es la observación más alta en la historia de las auditorías, si lo comparamos con el sexenio de Peña Nieto esta cantidad solamente está por arriba de la de 2015, en el resto de años del pasado sexenio tuvimos una cantidad superior, de hecho el promedio de observaciones con Peña Nieto está alrededor de 174 mil millones de pesos, entonces en ese primer elemento de contraste, no es la observación más alta, pero donde si tenemos una anomalía o un récord en cierto sentido, es en que porcentaje de estas observaciones quedan pendientes de ser aclaradas o ser recuperadas; si volteamos a ver el sexenio de Peña Nieto, la cifra más preocupante es la de 2018 cuando 4.2 por ciento de las observaciones que hizo la ASF, hoy siguen sin ser subsanadas, es decir, siguen sin aclararse o recuperarse; de 2019, de lo que encontró la ASF quedan el 98.1 por ciento de los recursos pendientes de ser aclarados o ser recuperados y esa cifra en términos porcentuales sí es la más alta de la que se tenga registro, antes la cifra más alta era 2018 con 86.2 por ciento, hoy todavía no han sido aclarados, explicados o devueltos, en este sentido no solamente estamos ante la continuidad con el pasado sino con un adelanto de las justificaciones del gobierno que dice que tiene otros datos, pero si esos datos no tienen forma de comprobación o que desmienta los hallazgos de la Auditoría estaremos en un terreno muy peligroso”.

 

La impunidad

Otro de los temas que se presentó en la entrevista, es el que tiene que ver con la impunidad de aquellos servidores públicos que son señalados por irregularidades, pero que no llegan a enfrentar ningún proceso legal en su contra. Las cifras son preocupantes, como destaca Leonardo Núñez.

“Hay varias medidas de la impunidad en el pasado que nos permiten ver como se van a comportar esos elementos en este momento. Uno son las denuncias de hechos que presenta la ASF ante la FGR, y de las poco más de mil denuncias que ha hecho ante la Fiscalía, sólo poco más de 22 han concluido en sentencia en los 20 años de historia de la ASF, entonces tenemos una herencia de impunidad que recae en la FGR, en este momento no se han presentado de denuncias de hechos, eso vendrá más adelante, pero ahí tendremos un primer indicador; el otro indicador, es la cifra que mencionamos de observaciones que quedan ahí en el limbo y persiste la impunidad, en el sexenio anterior fue en promedio mayor al 50 por ciento”.

Finalmente, la evaluación que Leonardo Núñez hace de la labor de combate a la corrupción muestra que aún falta mucho por hacer a pesar del discurso triunfalista que asegura que ésta ya se acabó.

“Es uno de los puntos principales de la cuenta pública y del trabajo de la ASF, que el combate a la corrupción siempre es una tarea que permanece en constante movimiento porque nunca hay una victoria definitiva, además que nos muestra que el combate a la corrupción en la presente administración tiene una serie de dolencias y en algunos casos específicos de francos fracasos, es el caso de muchos de los fenómenos que están documentados que no debería pasar en una administración que ha colocado al combate a la corrupción en el centro de su discurso, desde las irregularidades de como operan los servidores de la nación, los programas sociales y deficiencias que han quedado documentadas, lo que vemos es un combate a la corrupción que es muy bueno en el discurso, pero no pasa una verificación por una institución independiente”.

Opacidad

Para Enrique Díaz Infante, investigador del CEEY, los informes de la ASF muestran que no hay un compromiso real con la transparencia.

“El gobierno de López Obrador se ha caracterizado por un ejercicio discrecional y opaco del poder, eso se ve reflejado en el ejercicio del gasto público; la cuenta pública es un ejercicio que viene realizando la ASF, órgano que depende de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, lo que hace es revisar como se ejerce el gasto y en ese sentido lo que reflejan estos informes y auditorias es que el gasto se ido realizando de manera discrecional y opaca, es lamentable como se están ejerciendo los recursos públicos, de una manera en que no tenemos claros si se están cumpliendo los objetivos que se están buscando, si las metas previstas son las correctas, estamos viendo que ha habido un desperdicio de recursos públicos por cancelaciones de proyectos, como el Aeropuerto de Texcoco, en donde la lucha es por saber si la cifra es mayor a los 100 mil millones planteados o llega a los 300 mil millones, es lamentable que se den ese tipo de pleitos; la primera impresión que uno se lleva es que este gobierno no está gastando en lo importante, está desperdiciando recursos y no está claro con que objetivos los está gastando más allá de los electoreros, no se está viendo reflejado esto ni en mayor crecimiento del país, ni en mayor bienestar”.

Pero también, señala Enrique Díaz Infante del CEEY, lo que reflejan los informes de la Auditoría es que no se sigue lo establecido en los propios documentos oficiales.

“Esta primera fotografía que nos presenta la ASF del 2019 es lamentable, no pareciera ser que tenemos un gobierno que esté actuando de acuerdo a lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo, no actúa conforme a las metas que estableció y deja muchos pendientes. El ataque a la ASF deja un mensaje que parece ser que es mejor matar al mensajero y dejar lo demás, porque parece ser que López Obrador cumple con su máxima de ‘al diablo con las instituciones’, no le gusta ni que las leyes ni las instituciones le pidan una rendición de cuentas para la cual no está preparado”.

Fortalecer su labor

Para Enrique Díaz Infante, uno de los saldos que deja esta polémica es la necesidad de fortalecer a la Auditoria Superior de la Federación.

“El ataque a la ASF deja la impresión de que su trabajo no está bien hecho, pero también vemos a una Auditoria urgida de fortalecer su labor y que está sola sin el apoyo de una Secretaria de la Función Pública que es la que va a tener que dar seguimiento a las observaciones hechas; lo que también refleja el informe de la ASF es que la SFP no ha hecho la revisión mínima de las declaraciones patrimoniales, de la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos, es lamentable que no se hace esta revisión y no sorprenden casos como el de Bartlett y sus casas; una labor de la SFP que no tiene seguimiento y sin apoyo de los órganos internos de control es un ejercicio que se queda corto, es lamentable como el presidente se lanza contra la Auditoría y es lamentable que Función Pública no cumpla con su labor”.

 

Corrupción

En la evaluación que Díaz Infante realiza de los informes de la Auditoria, su conclusión es que no estamos ante un gobierno que pueda presumir un real combate a la corrupción.

“Con demagogia y con discursos diarios en los que descalifica a las instituciones y a quienes lo supervisan, al auditor, lo único que le importa es la opinión pública, pero las cifras lo único que hacen ver es un derroche de recursos públicos, que hay una destrucción de la riqueza con la cancelación de proyectos, que con las asignaciones de obra pública está fomentando la corrupción, que con los programas sociales y con la entrega de recursos a gente que no aparece en padrones ni de adultos mayores, ni de jóvenes construyendo el futuro, las becas Benito Juárez, con padrones confusos, lo único que queda claro es que es un gobierno muy corrupto, que está jugando en dos pistas, con la opinión pública –como buen populista– entabla un diálogo directo con las masas en las que siembra la idea de que es un gobierno más limpio y que no somos iguales a los del pasado, pero en los hechos está demostrando que es un gobierno más corrupto que los anteriores y que probarlo nos va a llevar más tiempo porque no están claro los indicadores, no hay rumbo del país, ahora entendemos porque era importante –o porque le era útil, al menos– que el Plan Nacional de Desarrollo fuera tan ambiguo porque eso no permite que te evalúen, sin embargo poco a poco la información va surgiendo y cuando se recompongan los contrapesos, esperemos que después de 2021, se puedan ejercer las acciones legales correspondientes por ese uso opaco y desordenado, sino que corrupto, de los recursos públicos”.

@AReyesVigueras