Buena parte del debate acerca de si los gobiernos deben o no regular las redes sociales, parte del supuesto de que se debe proteger la libertad de expresión, pero sin aclarar cual es la razón por la que ésta última está en riesgo.

Cualquiera que haya entrado en alguna red social se podrá dar cuenta que si algo tienen los usuarios es, precisamente, una gran libertad de expresión, a grado tal que cuando un funcionario público da a conocer alguna acción o propuesta, no falta quien le responda con un apodo, calificativo o, incluso, insulto, aún antes de conocer a detalle lo que intenta comunicar.

Igualmente, hemos sido testigos de llamados a boicotear desde cadenas comerciales hasta programas de televisión, de quienes amparados en esa libertad consideran que dichas instancias deben recibir una sanción por alguna acción o por la opinión de uno de sus miembros.

Hay quien considera que dar su opinión en las redes sociales ya es una actividad de riesgo, pues no faltan quienes piensan que se comete un delito al hacerlo y buscan la manera en que se acalle a quien la dijo o que haya una pena, que puede llegar hasta el despido de quien expresó lo que piensa.

Es decir, se busca proteger la libertad de expresión, por lo que la protección debería ser tanto para quien apoya al actual gobierno como para quien lo critica, teniendo como única limitante la difusión de información falsa, discursos de odio o llamados a cometer un crimen, algo que ya hacen las redes sociales y tienen establecido en sus términos y condiciones, algo que muy pocos leen.