Patricia Alvarado Mendoza
En España se ha abierto un gran debate sobre los límites de la libertad de expresión, a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Rivaduela Duró, mejor conocido como Pablo Hasel. El Tribunal Supremo lo condenó recientemente a nueve meses de prisión y a pagar una multa de unos veinte mil euros, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y a las Instituciones del Estado. Según la sentencia de la Suprema Corte española, el rapero, en sus rimas y canciones ensalzó a organizaciones terroristas a las que invocó a atentar contra políticos y miembros de la familia real.
Los juristas se han cuestionado dónde está el límite, incluso si no debería haber ninguna frontera, para expresar lo que uno quiera. Pero: ¿Qué sucede cuando ese derecho recogido en la Constitución colisiona con otras garantías como el honor, la seguridad del Estado, la intimidad e integridad de las personas o el orden público? ¿Dónde está esa fina barrera que pasa de la expresión de un pensamiento a la incitación al odio? ¿Conlleva esta inducción a la violencia necesariamente a cometer un atentado?
Son muchas las interrogantes para un caso que ha dividido a los propios jueces, que disienten sobre dónde está la línea que se transgrede y en qué momento una amenaza entra en el terreno del Código Penal.
El rapero Pablo Hasel lleva una década cantando y ya había sido condenado por los mismos delitos de apología del terrorismo e insultos a la Corona en 2014 y 2018. La corte de la Audiencia Nacional decidió no encarcelarlo porque no tenía antecedentes penales. Si bien, dada la reiteración de su conducta con tweets y letras amenazadoras, el Tribunal Supremo decidió ejecutar la orden pendiente de prisión y el rapero entró el pasado 18 de febrero en la cárcel de Ponent en la ciudad de Lérida, al noreste de España. El rapero tiene además otra condena por agredir a un testigo en un juicio y a un periodista.
Hasel subió a YouTube canciones en las que alababa los atentados de las organizaciones terroristas españolas ETA y GRAPO, que durante décadas golpearon con crueldad a la sociedad española y pedía que volvieran a atacar contra varios dirigentes políticos. Frases como “se merecen un balazo en la cabeza” en referencia a los representantes del partido Popular, pedir la guillotina para la hermana del Rey Felipe VI, la Infanta Cristina, que le claven un piolet al ex presidente del Congreso de los Diputados José Bono, que pongan una bomba en Televisión Española, que explote el carro del ex dirigente socialista, Patxi Lopez o que maten al ex mandatario José María Aznar, fueron consideradas por el Tribunal Supremo expresiones, que más allá de la libertad de expresión se excedían e incitaban al odio. En cuanto a las injurias al Rey Emérito Juan Carlos de Borbón, Hasel lo llamó jefe de la mafia y lo acusó de saquear a España.
Tras la detención del rapero, sus seguidores tomaron las calles del centro de Madrid, Barcelona y varias ciudades más, que durante seis noches consecutivas fueron escenario de una ola de violencia con fuertes choques entre jóvenes radicales y la policía, con el resultado de decenas de heridos y una treintena de detenidos. Los manifestantes que pedían la libertad del rapero saquearon comercios, quemaron decenas de contenedores, carros y motos de particulares, asediaron una comisaria y lanzaron todo tipo de objetos contundentes contra la policía que se vio obligada a actuar con determinación. Desde las filas del partido “Unidas Podemos” el vocero de esta fuerza política que gobierna en coalición con el partido socialista, Pablo Echenique expresó su apoyo a los que llamó “jóvenes antifascistas”.
El presidente Pedro Sánchez condenó sin paliativos los disturbios y afirmó “que en una democracia plena como es España, la violencia es algo inadmisible” y subrayó que la democracia ampara la libertad de expresión “incluso la de los pensamientos más infames y absurdos”. Sánchez prometió ampliar el margen de la libertad de expresión con una revisión del Código Penal.
En España, las injurias a la monarquía están castigadas por la vía penal. Pero son contadas las veces en las que por este delito ha habido penas de prisión. De hecho, hay medios de comunicación y parlamentarios que critican con dureza y frecuentemente a los miembros de la Familia Real y no son castigados. En 2018 se llevó a cabo una votación en el Congreso de los Diputados para despenalizar los insultos a la Corona, pero socialistas y populares ( el ala conservadora) votaron a favor de que no se modificara la ley.
Otra cuestión es la apología del terrorismo, que al igual que el entorno de los países europeos está severamente castigada con años de cárcel.
La libertad de expresión está garantizada en España, si bien se vuelve e dirimir sobre donde está el límite y la proporcionalidad de algunas sentencias.