Francisco Rivas, Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC)

En la antesala de las campañas electorales, considerando los ataques de los que han sido víctimas algunos gobernantes o aspirantes a candidatos, la pregunta que muchos se hacen es si la violencia marcará las elecciones que tendrán verificativo en junio de este año. Buena parte del consenso apunta a que el crimen organizado puede ser un factor decisivo en estos comicios.

Es por lo anterior que Siempre conversó con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), además de contar con el último reporte que sobre el tema, Violencia Política en México, dio a conocer la consultora Integralia de Luis Carlos Ugalde.

Violencia electoral

De acuerdo al reporte de Integralia, en el periodo septiembre de 2020 –inicio del proceso electoral– y el 28 de febrero de 2021, se contabilizaron 90 incidentes de violencia política, con 108 víctimas en México, de las cuales 75 fueron mortales y el resto resultaron heridos. De esta cifra destaca que 11 eran aspirantes a un cargo de elección popular, en tanto que 18 eran funcionarios municipales, 7 funcionarios estatales y federales, 3 presidentes municipales, 3 líderes partidistas y 2 legisladores locales, entre otros.

Destacan los asesinatos de Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca; de Gladys Merlín Castro, expresidenta municipal de Cosoleacaque, Veracruz; de Carla Enríquez Merlín, aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz; y de Ignacio Sánchez Cordero, aspirante a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo.

Prácticamente, no hay partido político que se salve de tener en sus filas a una víctima de esta problemática.

El reporte de Integralia apunta que “la violencia política se enmarca en el contexto general de violencia homicida e inseguridad que aqueja al país. Buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludir o controlar a gobiernos locales para control de mercados ilícitos (i.e. huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión, etc.). La violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad. Destaca que un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios de menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales”.

La influencia del crimen organizado

En la entrevista con Siempre, Francisco Rivas no duda en identificar al crimen organizado como un factor que puede enturbiar las elecciones de 2021. En la plática, identificó la manera en que los delincuentes buscan influir en la votación en sus respectivas áreas de influencia.

“La delincuencia organizada tiene varios mecanismos para influir, uno, el más fácil de identificar, es la compra de candidatos –de un partido, ya elegidos–, en donde se les da los recursos necesarios para que ganen la elección y, una vez ganada, favorezca la operación de un grupo criminal, antes que nada, porque un aspecto fundamental a recordar es que la delincuencia organizada no puede operar si no es con la colaboración, la tolerancia o, por lo menos, la complicidad de parte de un gobierno.

“El segundo punto tiene que ver el ejercicio de la violencia. La violencia como un mecanismo de control que favorece el que ciertas comunidades o ciertos candidatos, se sometan a la voluntad del grupo delictivo. Cuando hay una amenaza, no probable sino certera, cuando hay una cercanía en vez de la posibilidad de ser víctimas de la violencia, muchos candidatos empiezan a autocensurarse o, por lo menos, empiezan a acatar, directa o indirectamente, las directrices del crimen organizado.

“Otro aspecto es metiendo recursos importantes para el resultado de las elecciones, moviendo poblaciones enteras en donde se les dice ‘voten por tal candidato’ e incluso facilitan toda la logística para llevar a esas personas a votar”.

Se trata de una realidad que se ubica en más en el ámbito municipal que en el nacional, en donde los criminales pueden marcar el resultado final.

“La delincuencia organizada, no a nivel nacional porque evidentemente hay una serie de factores que juegan y generan contrapesos, pero a nivel local la delincuencia organizada sí hace la diferencia en cuanto a resultados de una elección”.

Acerca de las regiones más susceptibles de contar con grupos de la delincuencia organizada que busquen influir en los comicios, Francisco Rivas señaló que, aunque se presente esta situación más en lo municipal, se puede hablar de 8 entidades en riesgo.

“Evidentemente no es estatal, porque en un estado no es tan fácil que la delincuencia organizada penetre a tal punto de controlar una elección estatal, no es imposible, pero es absolutamente improbable, es mucho más fácil que estemos hablando de situaciones más acotadas en términos de municipios; la zona de tierra caliente en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa, en Tamaulipas, Chihuahua, son zonas que se prestan particularmente a esa situación, evidentemente Veracruz es una entidad que sufre estos problemas, Tabasco, pero también el Estado de México, hay zonas rurales de la entidad en donde la penetración del crimen organizado es muy profunda y por sus características es mucho más complicado que estemos hablando de zonas urbanas, por ejemplo, Baja California que es una entidad con una alta presencia de delincuencia organizada, de todos modos estamos hablando de 5 municipios y de esos 5, 4 son prácticamente urbanos, entonces sería ahí mucho más difícil hablar del control de la delincuencia organizada, pero si pensamos en zonas completas que están semiabandonadas, incluso hoy prácticamente estamos hablando de que en el 80 por ciento de las entidades hay un municipio, hay alguna región que tiene ese riesgo”.

Candidatos de cárteles

Otro factor que se puede llegar a presentar, es que un par de cárteles rivales que disputan una zona para sus intereses puedan llegar a competir con candidatos propios. Al respecto, nuestro entrevistado señala que, aunque no se ha presentado dicha situación en nuestro país, la experiencia internacional indica que podría suceder.

“Al momento, no ha habido una evidencia de ello, pero no sería descartable, si volteamos a ver lo que ha sucedido en países como Italia o como Colombia, esto ha sucedido en cuanto a que un candidato pertenecía a una familia mafiosa y otro pertenecía a otra, por los sistemas piramidales –que son muy parecidos a los que tienen los cárteles–, puede ser mucho más fácilmente identificable; en el caso de México, no hay ningún evidencia que indique esto, pero sí tenemos ejemplos de legisladores que han estado ligados a grupos delictivos, pensemos en la diputada local que iba a visitar al Chapo Guzmán en la cárcel, ese porque fue el caso más notorio, pero debe haber más de uno.

“La delincuencia organizada no opera si no hay algún tipo de complicidad con el Estado”.

El caso Guerrero y otros

También con Francisco Rivas analizamos la relación que se ha dado, en ocasiones por largo tiempo, entre algunos políticos que alcanzan un cargo de elección popular y el crimen organizado.

“El caso del hermano de Leonel Godoy, que entró al recinto parlamentario para jurar el cargo escondido en el carro de un perredista, hay varios casos, incluso tenemos a una senadora de la que se sospecha y ha sido acusada de cometer el crimen de secuestro. De Félix Salgado Macedonio estamos hablando de un personaje que ha tenido zafarranchos públicos, que tiene cinco denuncias por algún ejercicio de violencia y amenazas contra mujeres, que es absolutamente vergonzoso; a la delincuencia organizada le conviene tener un legislador porque puede poner en la agenda los temas que preocupan a la delincuencia y avisa a la misma cuando hay información privilegiada, hay que recordar que nuestra autoridades tienen acceso a información que a veces, por mucho que nosotros hagamos investigación, nunca tendremos. Entonces sí es relevante ese dato y sí es lamentable que no haya un ejercicio de que, así como les pedimos a los policías que pasen por un control de confianza, pues así también deberían pasar algunos políticos”.

Para el director general del ONC, hay varias medidas que se deben tomar para evitar que el crimen organizado acabe mandando en temas electorales en el ámbito local.

“La primera es que debe haber una investigación seria de los recursos con los cuales un candidato es financiado, en México cuando vemos la manera en que se auditan a los partidos lo que vemos es una vergüenza, en realidad, la cantidad más importante de recursos es a través del efectivo y así se puede explicar porque se pagan campañas electorales que no coinciden con los establecido con los topes de campaña por el INE, entonces, primero debería haber una auditoría seria, con sanciones serias, con el riesgo de perder registros, con el veto para sus candidatos, es decir, un ejercicio que verdaderamente haga que un candidato lo piense dos veces.

“Segundo, creo que debería haber un mecanismo en donde un candidato pueda probar que su fortuna, más allá de la 3 de 3, es una de origen lícito, que los recursos también lo son.

“Lo tercero, es un ejercicio constante a través del sistema financiero para comprobar que no hay blanqueo de capital, porque ahí también tenemos un sistema bancario bastante endeble, una sólida y robusta Unidad de Inteligencia Financiera, pero una absolutamente colapsada Fiscalía General de la República, presentamos un estudios sobre gasto en seguridad y vemos que todos los procuradores lamentaron la falta de recursos, en esta transformación entre PGR y FGR, sólo se le dio un 0.6 por ciento más de recursos a la institución, pero al final ese dinero quien sabe a que se destinó, tal vez al cambio de rótulos de toda la institución, porque cuando volteamos a ver, la capacitación de funcionarios tuvo un recorte presupuestal del 81 por ciento o del 15 por ciento el combate a delincuencia organizada, de poco sirve tener una sólida Unidad de Inteligencia Financiera capaz de identificar los posibles delitos que se están cometiendo, si luego no tenemos a quien judicialice las carpetas, por lo que queda en la nada”.

Y, para concluir, compartió con nuestros lectores su pronóstico con relación a este tema para las campañas electorales que están por iniciar.

“Van a ser campañas violentas, estudiamos la del 2018 y fue la más violenta desde que se tiene registro, en donde es muy difícil dar seguimiento a la violencia porque en muchas ocasiones pasa como con los temas de la violencia de género o con los casos de violencia en contra de los comunicadores, cuando volteamos a ver las investigaciones resulta que todos los periodistas eran borrachos, jugadores, deudores y con amoríos, por lo que resulta que los matan por otra cosa no por ser periodistas; en el caso de los candidatos pasa algo similar, recuerdo un caso de un candidato en Tamaulipas que lo matan en un asalto a una tienda, es evidente que no era un ejercicio en contra de él, pero los casos que hemos investigado, la mayor parte no fueron investigados como crímenes políticos, entonces sí hay un problema porque al Estado le cuesta reconocer el tamaño del problema, le cuesta porque tenemos una Fiscalía colapsada y porque tampoco internacionalmente no se ve bien decir que es el país más peligroso para ejercer el periodismo, sino también uno de los más peligrosos para ser político o para ser mujer o activista de derechos humanos. Tenemos un problema muy grave. Cuando empiecen las campañas vamos a ver un incremento de la violencia”.

@AReyesVigueras