“La propuesta de una República Amorosa planteada por An.drés Manuel López Obrador no es una ocurrencia ni un cambio de posición ideológica, al contrario, es una propuesta basada en los más íntimos valores del ser humano, como son el respeto, la honestidad, la justicia y el amor al prójimo” así lo sostuvo Ignacio Ovalle Fernández al dictar una conferencia ante simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano en Tabasco. ¿Y luego, qué pasó? ¿Será que la aplicación de valores es una categoría filosófica que no aplica en la práctica de un funcionario público de la cuatroté? Todo indica que no es así para el encargado de la seguridad alimentaria de México.
En agosto del 2018, a unas semanas de haberse alzado con el triunfo electoral, AMLO anunció la fusión de Diconsa y Liconsa para lograr la autosuficiencia alimentaria. Así (re)vivió un organismo impregnado de un rancio olor y prácticas setenteras: Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), encabezada por un oscuro político de esa misma época, Ignacio Ovalle Fernández, de cuestionada y aniquiladora trayectoria.
Hoy, las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública del 2019, confirman lo que todos los días el presidente se empeña en negar: que siguen siendo tan corruptos como los demás, que sí son iguales, incluso peores. De manera particular, por lo que hace al sector agroalimentario, SEGALMEX vuelve a ponerse en el ojo del huracán por la opacidad en el uso y distribución de recursos. Ovalle no parece tan amoroso ni con tantos valores a la hora de repartir los recursos a los más pobres.
Y es que pese al desdén presidencial a los resultados de la fiscalización de la cuenta pública, la ASF detectó que en su primer año de operaciones, SEGALMEX no pudo comprobar más de 3 mil millones de pesos, por supuestos pagos a personal “fantasma”, además de que no presentó inventarios físicos de cosechas de granos supuestamente compradas, ni pudo comprobar compras millonarias por costales y envases de PET, entre muchas otras irregularidades. Parece que Ovalle sigue con la vieja práctica de desaparecer —como antes lo hizo en la CONASUPO— el presupuesto asignado a la SEGALMEX.
En cuanto a los “Inventarios de maíz y frijol” —por los cuales se registraron tomas carreteras en demanda de un pago justo y oportuno— SEGALMEX presentó un saldo al 31 de diciembre de 2019 por mil 819.5 millones de pesos, aunque solo mostró inventarios físicos de maíz por 323.3 millones de pesos. El organismo tampoco aclaró donde quedaron los restantes mil 496.2 millones de pesos, ni presentó las pólizas o boletas de recepción y liquidación a productores de frijol por un monto de 551.3 millones de pesos. De la misma manera, no existen documentos que amparen la compra de trigo panificable por 516.1 millones de pesos. Nadie sabe, nadie supo.
Por lo que hace al programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, la ASF observó que SEGALMEX gastó 8 mil 100 millones de pesos, es decir, 2 mil 100 millones más que los aprobados. Destinó 14.2% de su presupuesto en “gastos de operación”, muy por encima del límite de 5% establecido para este fin. Todo indica que el tan alabado programa solo fue para el bienestar de los bolsillos de unos cuántos. Ovalle no es el mejor funcionario público, pero quizá sí un operador político-electoral y eso lo saben en Palacio Nacional.
La corrupción se detectó también en organismos similares como DICONSA y LICONSA, que además de hacer pagos excesivos y favorecedores a empresarios amigos, pagan por adelantado sospechosamente a empresas que al final no cumplen sus contratos. ¿A quiénes están favoreciendo? ¿A los pequeños productores? ¿A lo más pobres? Queda claro que no.
Destacan las suspicacias sobre el tema de la comercialización y acopio de leche, que supuestamente beneficiaría los pequeños productores, y que sin embargo, LICONSA desvirtuó al otorgar contratos por hasta 4 mil millones de pesos a una sola compañía que se constituyó como empresa de la construcción, pero que dos días antes de la llegada de la cuatroté a Palacio Nacional, agregó que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
De acuerdo con la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) en diciembre de 2019, la empresa —sin experiencia en el sector primario— firmó dos convenios con Liconsa para procesar como mínimo 800 mil litros de leche al día, durante cinco años, en plantas que se construirán en Zacatecas y Tabasco, a cambio de un pago de 806 millones de pesos al año (más de 4 mil millones en cinco años).
Toda este dispendio, opacidad, el fracaso de los programas sociales, la falta de capacidad operativa, la ausencia de un diseño estratégico de programas y sus indicadores, pero sobre todo, la impunidad y el tráfico de influencias, podrán ser factores que pesarán en el ánimo de los productores agropecuarios y pesqueros en las próximas elecciones. Más allá de las visiones setenteras de la cuatroté, los productores agroalimentarios ya no están en la posición de ejercer un “voto verde”, corporativo y clientelar. El ejercicio de un voto razonado será sin duda un avance más del espacio rural de México.