Este viernes, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, enfrentará la pérdida del fuero constitucional en la Cámara de Diputados, acusado de delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada. Un golpe, que de acuerdo a los panistas y algunos analistas es una revancha política y no un acto de justicia, ya que ha sido uno de los mandatarios estatales que más ha confrontado al presidente López Obrador.

Ahí está el apoyo de García Cabeza de Vaca a la Alianza Federalista, al hecho de que promoviera la controversia constitucional contra los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía y la Sener que limitan las energía renovables además de que ventilara el documento apócrifo de la CFE sobre el apagón que afecto a más de 10 millones de usuarios.

Javier Lozano, quien ha fungido como portavoz del gobernador tamaulipeco aseguró al periodista Ciro Gómez Leyva, que este desafuero es un golpe a la división de poderes, al federalismo y es un acto de amedrentamiento a los gobernadores que no se quieran alinear. Aseguró que no va a ser tan fácil el proceso ya que una vez que el congreso federal dictamine el desafuero tendrá que pasar al congreso de Tamaulipas, donde las cosas serán diferentes.

Al respecto, el constitucionalista Arturo Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM señala a Siempre: ”vivimos en una república federal, compuesta de estados libres y soberanos, en el caso de un gobernador de un estado de una entidad federativa, no estamos ante la presencia de un enviado federal y la legislación en materia de responsabilidades de servidores”.

El especialista en derecho apunta  “la Constitución establece las facultades para los funcionarios federales, por eso el artículo 111 constitucional dice que tratándose de los gobernadores, el Congreso de la Unión tendrá que recibir la solicitud que mande el Congreso para determinar lo que ellos consideren. Por ello el Congreso de Tamaulipas tendrá que participar y tendrá desde luego que tomar la decisión final”.

Destaca que a unas cuantas semanas de las elecciones no se puede dejar de considerar que en estas cuestiones siempre hay un trasfondo político que tenga que ver con el resultado o que se tenga la intención de influir en los comicios.

El jurista asevera que “el Congreso de Tamaulipas, con mayoría parlamentaria del mismo partido que el gobernador tendrá que ver este trasfondo como lo estamos viendo aquí en el Congreso, se tendrá que ver cómo se desarrolla el procedimiento en el estado libre y soberano de Tamaulipas. No hay nada determinado, y faltan por ver muchas cosas, por eso debe seguirlo estudiando la Academia”.

Javier Lozano dijo a su vez que lo que suceda a nivel federal no se replicará a nivel local, por lo que no le quitarán la inmunidad procesal en su entidad y seguirá ejerciendo sus funciones como gobernador de la entidad.

En tanto, el historiador y analista político del CIDE, José Antonio Crespo considera que se ha desvirtuado el fuero —que era una figura de protección a los legisladores—, pero  se han dado casos de muchos gobernadores y legisladores que tenían muchos indicios de haber cometido delitos y sin embargo fueron protegidos por el fuero.

Considera que en el caso del gobernador tamaulipeco si se encuentran realmente elementos de corrupción, debe procederse y  aplicar la ley.

Lo malo, señala, es el mal uso que está haciendo la Unidad de Información Financiera con la información. “No tengo problema que se saque provecho político y que metan a la cárcel a quien se ha demostrado que es culpable. Y si lo hacen con el gobernador de Tamaulipas, está bien como precedente, aunque le saquen raja política, pero lo tendrían que hacer con todos. Incluso con los del partido en el gobierno, no nada más con los que le conviene¨.

Lo malo, apunta, es cuando lo inventan, como lo hicieron con Ricardo Anaya en 2018, “donde no había elementos y si los hubieran tenido debían haber procedido de inmediato. Lo que estaría mal es que le quitaran el fuero al gobernador tamaulipeco, iniciaran el proceso judicial y luego salieran con que no tenían los elementos, como hicieron con Ricardo Anaya¨.

Recuerda el caso del ex ministro Eduardo Medina Mora, que asegura, incurrió en corrupción, ya que había los elementos, “pero en lugar de desaforarlo como ministro de la Suprema Corte de Justicia y aplicarle la ley,  lo que hizo el gobierno de la 4T fue buscarlo y decirle tenemos este expediente en tu contra. Si tú te vas voluntariamente de la Corte para dejarnos meter a un elemento favorable a nosotros, te damos impunidad”. Eso, advierte, no es combatir la corrupción. Es sustituir la corrupción por beneficios políticos”.

Crespo señala también el caso del presidente del Tribunal Electoral del Poder judicial, José Luis Vargas Valdéz, quien ha sido acusado de enriquecimiento ilícito “y que en lugar de procesarlo, le dicen te quedas como presidente y votas por lo que nosotros queramos”.

Destaca “sí hay hechos de corrupción, desafórenlo del Tribunal y métanlo a la cárcel, o aplíquenle la sanción correspondiente, pero lo dejan con la orden de que vote en el sentido que quiera la autoridad federal. Eso es corromper la ley y es lo que está haciendo el gobierno. Solamente se están aprovechando de la ley para medrar políticamente a favor del presidente o para tal o cual partido, eso al país no le sirve”.