Francisco Torres Landa, abogado, activista y miembro de México Unido contra la Delincuencia

La polémica en torno al nuevo padrón de datos para los usuarios de telefonía móvil sigue. El punto central es la exigencia para que los usuarios den sus datos biométricos y con éstos se cree el nuevo padrón. Los antecedentes al respecto no son muy buenos, pues se ha dado a conocer la venta de la base de datos del INE en el mercado negro, que involucró a militantes de un partido político que ahora son funcionarios del gobierno federal.

Como apuntó en su artículo de El Universal del pasado 19 de abril la presidenta de Observatel, Irene Levy, el temor relacionado con el nuevo padrón y su uso en el combate a ciertos delitos deriva de que “su antecedente es el Renaut, creado en 2008 y derogado en 2011 porque los delitos que pretendía controlar aumentaron, y porque los datos de dicho registro terminaron vendiéndose en el mercado negro”.

De acuerdo a Juan Francisco Torres Landa, abogado y Secretario general de la fundación México Unido contra la Delincuencia, la medida generará más perjuicios que beneficios.

“Existen otros métodos, muchos de los cuales nosotros hemos venido sugiriendo, exigiendo durante años y que no se han utilizado. Ahora se pretende tener esta herramienta que es hasta cierto punto inútil para el esfuerzo que se pretende realizar y que puede tener espacio –no quiero ser conspiracionistas–, pero pero me cuesta mucho trabajo pensar que haya un uso puro y transparente de esta información y si veo mucho riesgo. Por ejemplo, se podrían hacer, y no se ha hecho lamentablemente, el bloqueo de celulares en reclusorios, algo que es abrumadoramente el sencillo de implementar, existe la tecnología y se ha venido mejorando”.

Nuestro entrevistado apunta que una explicación a por qué se estápromoviendo esta reforma y centrando todo en los datos biométricos, tiene que ver con la corrupción en las cárceles.

“Es más lógico empezar a matar el problema de dónde sale, inhabilitando el uso de celulares desde los reclusorios, pero como es un negocio muy rentable para los directores de los mismos, para los propios custodios, se han resistido como gato boca arriba para evitar que los mecanismos de bloqueo funcionen, no sé cuánto les dije a ellos, pero sacrificar la seguridad del país por el beneficio de unos cuantos como un ejemplo burdo, pero muy puntual de cosas que se podrían hacer que realmente funcionarían y que no sean así por corrupción y por miopía y no sale con esta cosa que realmente el lugar de beneficiar nos expone, porque entre otras cosas estos datos biométricos hacen que nosotros como personas si tengamos una vulnerabilidad adicional, hay un daño que se puede causar con la fuga de esta información porque por ejemplo a través de estos datos biometricos podrían ocasionar que tú o yo cualquier persona resulta que tenemos, por ejemplo, alguien suplantando nuestra identidad digital con usos de datos biométricos y a través de ellos, por ejemplo, se podría manipular sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y probar con dichos datos que tú o yo hicimos cargos o dispusimos de recursos cuando nunca intervenimos”.

 

El plazo

Otro aspecto que revisó nuestro entrevitado tiene que ver con la manera en que se establece el plazo para registrar los datos biométricos y lo que podría suceder en caso de que el usuario no los entregue a tiempo.

“70 millones de mexicanos estarían en esa situación de tener datos biométricos que los obliguen a darlos al padrón y la posibilidad que esas bases de datos migrarán a la delincuencia, pues estaríamos poniendo en la iglesia en manos de Lutero, estaríamos totalmente expuestos, además hay un problema operativo por qué nos dicen que se tiene que registrar los datos biométricos y les dan un plazo para eso, qué van a hacer lo que tenemos líneas ahora, nos van a dar de baja para aplicar retroactivamente esta disposición en perjuicio nuestro, cuando no hay una justificación plena de que esto realmente sea un instrumento necesario, cuál es la justificación. Se pùede saber quién uso el celular o de qué manera lo hizo con la tecnología que existe hoy en día y con autorización judicial, se pueden rastrear llamadas celulares, se pueden triangular y saber de dónde están saliendo esas llamadas, ¿por qué tendrían que saber además a quién está asignado el celular de manera biométrica?”

Otra duda que expresó Francisco Torre Landa, es el verdadero motivo que hay detrás de esta iniciativa de reforma.

“Podría tocar un punto importantísimo porque puede ser que, como dicen por ahí, ‘entre broma y broma, la verdad se asoma’ y a la mejor efectivamente hay una inconfesable realidad que es que lo que quieren es tener mayor control de la disidencia y eso da mucho temor, me hace mucho sentido saber cuáles son sus verdaderos y ulteriores motivos de esta reforma porque, no es un secreto que desde el púlpito mañanero se critica abiertamente a la disidencia, se denosta cualquier tipo de opinión contraria, la disidencia o cualquier persona que piense distinto se considera como si fuera, en voz del propio presidente, traidores a la patria y entonces es un ingrediente para saber quiénes son esos ‘traidores a la patria’, qué relación guarda ese objetivo con ese tema de dar seguridad y justicia, por el contrario, vulneraría nuestros derechos humanos fundamentales de privacidad, vulneraría nuestros derechos humanos fundamentales de libertad de expresión, de libertad de asociación, de libertad de tránsito, etcétera, derechos humanos que la Constitución consagra, y que no se pueden vulnerar a través de una reforma como ésta que francamente, repito, dista mucho de ser ideal y que encubre otra serie objetivos como a las que estamos comunicando”.

Es por esto, consideró, que habrá amparos que pudieran detener la reforma e, incluso, una acción de inconstitucionalidad.

“Estamos seguros que por parte de juzgadores federales se otorguen suspensiones y, eventualmente, sentencias definitivas que eviten la entrada en vigor de esta reforme, además de que, obviamente, haya acciones de inconstitucionalidad que presenten los órganos encargados o legitimados para eso, como pueden ser fracciones parlamentarias. Iba a decir la CNDH, pero la comisión desapareció hace dos años, pero si puede haber otros que actúen en esta materia y ojalá tumben la reforma o los artículos respectivas, particularmente los de datos biométricos que que no tienen ningún mérito”.

El presupuesto

La reforma dicta que será el Instituto Federal de Telecomunicacione la entidad encargada de crear la base de datos del padrón, resguardar su información, además de que las empresas de telefonía celular recabarán la información que se debe entregar al IFT, algo para lo cual, como el propio Instituto ha señalado, no tiene un presupuesto asignado, lo que podría encarecer el precio del servicio para los usuarios.

“A las 6 a las empresas encargadas de eso y como eso muchas otras cosas en este sexenio, no se tuvo la precaución de hablar con las personas que serían encargados o afectados por este tema, entonces en lugar de legislar al vapor, como sucede pues traen mucha prisa en aprobar todas las cuestiones que están en la agenda de Presidencia sin ver lo que hay está de por medio o las consecuencias, y en este caso, no lo hicieron ni desde el punto de vista de gobierno, ni desde el del regulador y tampoco con las empresas encargadas de tratar de poner este padrón en funcionamiento, no hablaron con ellas o quizá ya de último momento, pero no entendieron realmente cuales iban a hacer las implicaciones, el costo operativo de ejecución, porque eso no es simple, no es llenar un formulario y listo, se requieren equipo, se requiere programación, se requiere muchas cosas”.

La conclusión que da nuestro entrevistado es clara en este tema:

“Hemos intervenido en temas de procuración de justicia y de mejoramiento de sistemas de seguridad desde hace más de 20 años, a través de México Unido contra la Delincuencia y sabemos que esto que están inventando hoy en día no tiene ninguna relación con el aparente propósito que están considerando”.

@AReyesVigueras