Entrevista con Marco Antonio Baños, exconsejero electoral
El presidente López Obrador ha señalado hasta el cansancio que es su obligación como ciudadano denunciar los fraudes durante el proceso electoral “porque él no va a ser cómplice” y aseguró que no viola la ley al exponer a los candidatos que considera que están haciendo fraude, particularmente con el uso de las “tarjetas rosas”. Su mira está puesta en los candidatos de la oposición que en encuestas están por delante de los representantes de Morena.
En las mañaneras denuncia a los candidatos de la oposición, utiliza a instituciones consideradas autónomas como es el caso de la Fiscalía General de la República para que investigue a los candidatos, amenaza al INE, al Tribunal y a quien se le ponga enfrente en un manejo mediático para tratar de colocar a los representantes de Morena.
José Woldenberg, ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral, ha señalado que el presidente se ha convertido en la principal fuente de incertidumbre en el proceso electoral, “un triste y preocupante papel” apunta. Otros especialistas como Agustín Basave advierten que en caso de que Morena no alcance los votos necesarios para mantenerse como mayoría se podría entrar en una etapa de turbulencias sociopolíticas e intentaría “doblegar al conservadurismo”, elevando la temperatura social y tensando aún más el devenir político.
Marco Antonio Baños, consejero electoral del Instituto Federal Electoral de 2008 a 2014, platica con Siempre sobre el manejo presidencial y alerta que en el gobierno federal ya se están preparando las denuncias de fraude para ensuciar el proceso electoral y confundir a la ciudadanía. Esta es la entrevista.
Intervención en procesos electorales Nuevo León, Guanajuato y Sonora
El tema de las llamadas tarjetas rosas no es nuevo, es un asunto que se presentó en elecciones anteriores. En 2017, los candidatos en Coahuila y en el Estado de México utilizaron estas promesas de que una vez que ganen las contiendas electorales suman a las personas a las que les entregan esa tarjeta a un programa de carácter social.
Esas tarjetas no son monederos, es una promesa de que si la persona lo entrega, gana; solo hasta ese momento esas tarjetas podrían tener algún depósito, siempre y cuando se formalicen las inscripciones de las mismas a un programa de carácter social, que generalmente son mujeres que necesitan apoyos por la vía de recursos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial revisó este asunto tanto en las elecciones de Coahuila como en el Estado de México y luego en la campaña presidencial que realizó el candidato del PAN, Ricardo Anaya, que también hizo esas promesas y el Tribunal las consideró simples promesas, que solo se materializan hasta el momento en que gana la elección alguno de los candidatos. Determinó que no hay un ilícito en estas promesas. La misma situación ha hecho el INE después de estas sentencias del Tribunal Electoral.
Lo que hemos visto es que el presidente de la República ha hecho señalamientos a candidatos del PRI y de Movimiento Ciudadano en el caso de Nuevo León, solo que al presidente de la República se le olvidó o deliberadamente no quiso incluir a la candidata de Morena Clara Luz Flores, quien también tiene una tarjeta, denominada tarjeta Nuevo León y es la misma circunstancia de las tarjetas rosas pero el presidente la obvio, no la mencionó.
Tampoco habló del caso de el “pollo Gallardo” en San Luis Potosí quien también está haciendo estas promesas y todo mundo sabe que es un candidato apoyado por Morena y el gobierno federal, con independencia de que lo postula el partido Verde.
Uso de las instituciones a favor candidatos de Morena
El presidente utiliza deliberadamente el tema de las tarjetas para mantenerse en campaña, hablar mal en contra de sus adversarios políticos y favorecer desde esa perspectiva a los candidatos de Morena. Se mantiene en campaña y pareciera que no el jefe del ejecutivo sino el jefe de Morena que busca estar en la contienda, contravenir las disposiciones de la Constitución que le prohíben difundir logros de gobierno o las determinaciones que ha tomado el INE por la vía de las medidas cautelares, que señalan que no puede estar hablando constantemente en las mañaneras en contra de los adversarios políticos.
Llama mucho la atención que el presidente utilice a la Fiscalía General de la República para presentar las denuncias correspondientes, solo que la Fiscalía, en rigor, no es competente para conocer de estos asuntos, porque la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que la FGR solo tiene la atribución en el marco de un proceso electoral de carácter federal. Aquí estamos en presencia de un proceso de orden local como son las elecciones en Nuevo León para elegir al gobernador o lo que pasa en Guanajuato, donde también han hecho los señalamientos.
El presidente utiliza inadecuadamente a la FGR, usa a las instituciones federales aunque la Fiscalía tiene autonomía es un hecho concreto que parece que obedecen las instrucciones del presidente de la República.
Obviamente, no tienen competencia, la propia ley en materia de delitos electorales dice que cuando no se trata de conductas que puedan tipificar delitos electorales de carácter federal, son las fiscalías electorales en materia de delitos, las que se encargan de verlo en el ámbito local.
La pretensión del primer mandatario es mantener la posibilidad de que los candidatos de Morena que no están logrando la mayoría de la tendencia de la votación —según las encuestas no tienen mayoría en todos los estados— y busca apoyarlos para que el electorado vote a favor de ellos.
Hablar en contra de un candidato genera un señalamiento específico y el presidente de la República con el carisma, con la aceptación social que tiene, puede provocar que la gente deje de votar por estos candidatos.
El presidente tendría que circunscribirse a lo que dice la Constitución y actuar con apego a los principios de neutralidad y de imparcialidad, pero no lo está haciendo.
No hay que torcer la ley
La Fiscalía a pesar del ruido que ha hecho el presidente, tiene que presentar las denuncias ante un juez competente; un juez capaz sabe que no hay, en este caso, la posibilidad de que sea la FGR la que realice la averiguación previa correspondiente y luego presente la denuncia. Esa parte está muy clara en la ley y apelaríamos a que los jueces que conozcan de las demandas correspondientes, no se presten a una situación anómala para torcer la ley.
En esa perspectiva, lo que hace el ejecutivo federal es mediatizar el tema. Usted verá como después lo único que va ocurrir es que la FGR presentará alguna denuncia que no tenga ningún impacto en realidad en contra de estos candidatos y los jueces van a decir que no hay competencia para que se desahogue de esa manera. Por lo tanto, o lo recanalizan a los estados que correspondan porque de todas maneras es una averiguación previa, que en mi opinión no constituye un delito electoral pero si está generando un efecto que es el que busca el presidente y es hacer señalamientos que coloquen en mal a los candidatos de la oposición frente a los electores.
Es un tema político que él vuelve mediático, para poner en mal a estos candidatos y favorecer a los representantes de Morena.
Suscribo la declaración del maestro José Woldenberg respecto de que el presidente es la principal fuente de incertidumbre en el proceso electoral, porque lo único que está generando es una tremenda confusión, se ha autollamado el garante de la democracia mexicana pero es un concepto que solo está en las reglas y en la forma que lo entiende el presidente. Parte de lo que dice el presidente es algo que para él es indebido, que para él es ilegal, él tiene su propio concepto de la democracia y pretende defenderla cuando sabe muy bien que lo único que está haciendo es torcer la ley, es incumplir los mandatos constitucionales y generar una ventaja a los candidatos de Morena.
Esto genera una situación incierta, confusión entre los electores y enrarece el clima político porque a la par que habla mal de los candidatos, tiene una campaña permanente en contra del Instituto Nacional electoral y particularmente en contra de dos consejeros electorales — Lorenzo Córdova y Ciro Murayama—, buscando que la opinión pública y los electores particularmente crean que el Instituto está actuando en desapego a la Constitución.
Los casos recientes que se resolvieron en las elecciones de Guerrero y Michoacán, son una muestra clara. Si revisamos la reacción que tuvo el presidente y lo que ha hecho Morena a través de su dirigente, es de lo más lamentable. El presidente ha incumplido flagrantemente el famoso Acuerdo por la Democracia donde llamó a firmar a los gobernadores de las entidades y donde es el único que lo ha incumplido.
En perspectiva, lo que el presidente quería era maniatar a los gobernadores y él mantenerse en campaña permanente en contra de lo que dice la Constitución.
La mejor garantía que un servidor público puede tener de las elecciones, es no intervenir en ellas, es la principal obligación que tiene un servidor público. En este caso, el presidente y los gobernadores tendrían que dar un ejemplo de que es así, pero la presencia del presidente es constante, como nunca en los últimos 30 años.
Denunciará fraude si no le favorecen los resultados
Lo que hace el presidente permanentemente es preparar el discurso del fraude, el que utilizará si es que no les favorecen los resultados.
Si el 6 de julio, en las elecciones para gobernadores no son ganadas por Morena, el presidente saldrá a decir que hubo fraude, que el triunfo de los candidatos de otros partidos fue producto de la acción ilegal de las autoridades locales y eso alimenta la posibilidad de impugnaciones que busquen anular las elecciones, pero que ahora más que nunca, todos debemos posicionarnos en la defensa del voto, de las autoridades electorales y sobre todo en defensa de la democracia mexicana. Es lo que importa.
Estamos a unos días de que concluyan las campañas y de que se inicie la jornada electoral y lo más importante es que los 93 millones de electores que están en los listados nominales tengamos garantías para que funcionen adecuadamente las casillas y podamos ejercer nuestro derecho de voto en libertad.
Es muy importante que quienes tienen posibilidad de emitir una opinión la hagan del conocimiento público para que los electores puedan ponderar la información y emitir un voto razonado, informado.
Cualquier persona que vaya a votar en las urnas debe saber muy bien qué va a pasar con su voto. Cada voto va a decidir, va a influir en los resultados y de lo que se trata es que la democracia tenga en México tenga una nueva oportunidad y se reequilibre esta concentración de poder, que no está generando un beneficio adecuado para el país, sino que genera una debilidad institucional severa que nos puede costar mucho tiempo para reconstruirla.
Hay riesgos latentes que están en esa posibilidad incluso en la desesperación que está mostrando el propio presidente y Morena por no alcanzar los resultados que creen que deberían de tener, como el amago para destituir a los consejeros, realizar una reforma electoral para cambiar o desaparecer al INE y convertirlo en parte de la estructura del gobierno.