Entrevista con Francisco Rivas, director de Observatorio Ciudadano

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) es contundente, “en materia de violencia electoral, en 2018 llevamos a cabo un ejercicio de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, acerca de los delitos electorales y la violencia electoral. Este año vamos a repetir el ejercicio y se publica pasadas las elecciones cuando haya concluido todo el periodo de campañas. Siempre me preocupa la gran distancia entre el número que reconoce la autoridad federal de los números que identificamos las organizaciones civiles y las consultoras; según el gobierno federal, iban hasta el pasado viernes 14 de mayo apenas 13 homicidios relacionados con las campañas políticas, mientras que varias organizaciones y consultoras reportan entre 70 y 80”.

Nuestro entrevistado explicó durante la entrevista que la diferencia en dicha contabilidad, “se podría entender porque la autoridad no puede asumir que un homicidio está ligado a una campaña electoral, tiene que estar seguro de lo que está afirmando, pero también es cierto que la pobra capacitación que tienen las autoridades locales y federales de investigación de deitos o, peor aún, el desinterés en tratar de identificar cuando está ligado a un tema de otra naturaleza no electoral a temas que tienen que ver con ello, son temas impopulares que generan una gran crítica”.

Grave problema

Francisco Rivas puntualiza que la violencia electoral es ya un problema grave que puede crecer aún más porque no se atiende adecuadamente desde el ámbito oficial.

“La autoridad rara vez reconoce que un delito tiene que ver con el tema electoral, porque no sólo nos habla de una violencia sino de descontrol del territorio. Hay un grave problema de violencia electoral que nadie está atendiendo, ni los estados ni la federación y, peor aún, cuando vemos que esta última está más bien concentrada en golpear a los adversarios políticos, particularmente en los estados en donde hay más probabilidad de que pierdan las elecciones”.

Uno de los sucesos que mejor refeja esta gravedad en el tema de la violencia electoral es la muerte del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta.

“Sonora, por muchos años, fue la entidad del norte con índices delictivos más que aceptables, positivos, tenía menos secuestros, robos y menos homicidios, aunque en realidad no se podían explicar esos números, de hecho, advertimos hace seis años que las condiciones de Sonora iban a empeorar precisamente porque las capacidades institucionales estaban muy agotadas, la fiscalía, la policía municipal y la estatal, con una presencia de la delincuencia organizada; evidentemente, algo de los equilibrios delictivos se rompió y eso ha llevado a que paulatinamente se vuelva una entidad con un alto índice de violencia y quien mañana quien decida gobernar debe tener en consideración que si no fortalece las policías, si no fortalece la fiscalía será imposible que Sonora regrese a niveles aceptables de violencia”.

Acerca de si dicho asesinato fue un mensaje que el crimen organizado envío a los candidatos en dicha entidad o si hay negociaciones, aseguró que es algo que no sabremos, pues como en otros delitos hay una cifra negra que indica que muchos de los involucrados no hablan de esto.

“La cifra negra en delitos normales, obedece a un tema de falta de denuncia o de investigación de los delitos, del 100 por ciento de éstos que no se denuncian, el 90 por ciento tiene que ver con la falta de confianza del ciudadano para hacerlo y el 10 por ciento tiene que ver con los que la autoridad no es capaz de investigar, en el caso de los delitos de la cifra negra común, sólo 3 de cada 100 se investigan y en realidad la gran mayoría la autoridad no recibe la denuncia porque le ciudadano no quiere hacerlo. En el caso de delitos en donde está involucrado el crimen organizado, como amenazas que ponen en riesgo las vidas de las personas, las conocermos desgraciadamente hasta que hay una fatalidad, a partir de que alguien perdió la vida o hubo un intento de homicidio, es hasta que se sabe que esa persona estaba amenazada. Hoy no podemos saber, sobre todo, cuando no hay autoridades capaces de investigar, aunque la otra parte tiene que ver con el hecho de que la delincuencia organizada, y los grupos de interés –porque no sólo la delincuencia organizada comete delitos y ejecuta vidas–, hacen un ejercicio de la violencia para controlar los resultados electorales. No necesito matar a todos los candidatos, con que mate a uno ya doblego voluntades, porque no es lo mismo decir que hay una amenaza potencial a decir que una amenaza se cumplió para alguien. Evidentemente una autoridad o una futura autoridad va a manejar sus decisiones políticas a partir de no molestar a un grupo delictivo o al grupo de interés”.

Votos de sangre

Luego de comprobar la cantidad de candidatos que han sido asesinados en lo que llevamos del actual proceso electoral, se podría pensar que el crimen organizado está tratando de influir en el resultado de las elecciones.

“No se puede decir que (el crimen organizado) ya votó, pero evidentemente ya puso sobre la mesa algún tipo de acciones, algún tipo de ejercicio, insisto, no sólo el crimen organizado, en muchas ocasiones cuando se voltea a ver los delitos electorales encontramos que hay grupos específicos de interés que están involucrados, que quisieron entrar en la contienda para poner sobre la mesas sus propios deseos e intereses, entonces no es nada más la delincuencia organizada, pero el ejercicio de la violencia va a tener un respaldo que ya vimos tiene como resultado a ciudadanos que no van a ir a votar por miedo, autoridades que una vez que sean electas van a manejar de una determinada manera para no pelearse con el narco”.

 

Preocupante violencia política

Distintos organismos académicos y consultorías dedicadas al análisis en materia de seguridad y procesos electorales, han dado a conocer recientemente datos que muestran que el tema de la violencia política en contra de candidatos en el marco de las actuales procesos electorales es algo que va en aumento y de lo que poco se hace para frenarlo.

El pasado 19 de mayo, se llevó a cabo el seminario virtual “Gobernanza ante la criminalidad: los riesgos para las elecciones de 2021”, en el que –en una de sus conclusiones, se destaca que “hoy en día, las autoridades públicas no cuentan con una estrategia articulada para evitar la penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno local en México”.

De acuerdo a las conclusiones del seminario virtual convocado por la Facultad de Derecho y la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), “grupos criminales han logrado hacerse con el control de gobiernos locales en México a través de financiamiento de campañas, posicionamiento de candidatos, violencia política e intimidación del voto.

“Al menos 23 candidatos en el proceso electoral de 2020-2021 cuentan con vínculos conocidos con el crimen organizado: 55 por ciento buscan una alcaldía, 23 por ciento una diputación federal o local y 22 por ciento una gubernatura.

“El control criminal supone un riesgo grave para la estabilidad democrática y la gobernanza del país. A la fecha, no existen estrategias integrales de las autoridades públicas para frenarlo”.

De igual manera destaca que “la expresión más evidente de estos esfuerzos de control son los incidentes de violencia política, en que funcionarios, políticos y candidatos a cargos de elección popular son amenazados, agredidos y/o asesinados por grupos criminales. En lo que va del actual proceso electoral, más de 143 actores políticos han sido asesinados, incluyendo al menos treinta aspirantes a cargos de elección popular. Los principales focos rojos de violencia política en este proceso electoral son Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco. Estos eventos ocurren con mayor frecuencia en municipios pequeños, de menos de 100,000 habitantes, que se encuentran lejos de grandes centros urbanos y que cuentan con poca presencia de agentes de seguridad pública y procuración de justicia”.

Por otra parte, Etellekt Consultores publicó su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, fechado el 5 de mayo del presente año.

En el texto, se apunta que “El proceso electoral federal concurrente de 2021 es ya el segundo más violento desde el año 2000. El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5% superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015; mientras que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64% las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia, a falta de un mes para la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2021”.

Adicionalmente, indicó que “A 32 días de la jornada electoral del próximo 6 de junio, la violencia contra políticos y candidatos se ha disparado en el periodo de campañas. El Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores registró 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales (12 eran mujeres). La cifra de 443 víctimas globales equivale a un incremento del 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018”.

Finalmente, en el informe se establece que “El partido con el mayor número de afiliados que han perdido la vida en este proceso electoral es el PRI, con 15 víctimas mortales (19% del total), seguido por el partido Morena con 13 militantes asesinados (17%). Los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal, compuesta por el PAN, PRI y PRD, concentran el 49% de las víctimas mortales, en tanto que el 28% de las mismas, estaban afiliadas a la alianza oficialista, integrada por los partidos Morena, PT y PVEM”.

@AReyesVigueras