“No sabemos nada… estamos en esa búsqueda… nos han dicho muchas cosas… hemos ido a varias partes, pero nada”. Así comentó Martha H. al referirse a su hijo Ramiro, desaparecido desde el 2010. A él y a otro compañero se los llevaron de la base de taxis donde trabajaban porque a la delincuencia organizada les estorbaban, no querían testigos. “Llegaron unas camionetas y se los llevaron, los carros ahí se quedaron, con las llaves puestas”.
Virgina B. tiene dos hijos, David y Mabel, desaparecidos desde el 2010. “(para nosotros) no están perdidos, están desaparecidos… hacer leyes para que ya no se repita… buscarlos hasta encontrarlos es nuestro lema” refiere.
La desaparición de personas es un problema que refleja una profunda crisis de derechos humanos, de seguridad ciudadana y desafíos forenses. Hace referencia a eventos en que una persona o grupo dejan de tener contacto con su familia de manera involuntaria. Está implícita la falta de información, no se sabe quién se los llevó, ni las razones, aunque hay una tendencia a realizar construcciones propias de significados y explicaciones.
Hay ideas asociadas al tema, por ejemplo, que “levantan” a quienes están vinculadas a actividades delictivas y son víctimas de “ajustes de cuentas” (por algo se los llevaron…), que alguien de gobierno está involucrado (desaparición forzada), que se van de manera voluntaria con la pareja (se les denomina “no localizados”), o que es la policía quien las ejecuta. Lo cierto es que la desinformación impera y ni las autoridades pueden precisarla, porque no quieren, no saben o no pueden.
La desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas son ya un problema común en México. En todo México, 83 mil personas han sido reportadas como desaparecidas de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda en los últimos 15 años. Así mismo, hay más de cuatro mil fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar. Siete desapariciones diarias.
En las fosas que se encuentran, el estado de deterioro de los restos se suma a los desafíos de seguridad a los que se enfrentan las autoridades en el trabajo de localización e identificación de las personas desaparecidas. Los colectivos buscadores van a donde se localizan fosas con la triste esperanza de encontrar a sus familiares identificando algún rastro en su ropa o pertenencias.
No solo hay fosas clandestinas. Muchos cadáveres en las morgues no son identificados y acaban en fosas comunes. Se supone que las muestras de ADN se almacenan, pero la realidad es que la cantidad de fallecidos rebasa a los examinadores.
Las familias sufren la desaparición con mucho dolor y miedo. Miedo de que suceda lo mismo con otros integrantes de su familia y dolor ante el silencio. Sin embargo, la esperanza del regreso y localización de sus seres queridos no se pierde. Ellos no se rinden.
Tenemos un Estado, visto en ejercicio gubernamental como en política pública, que no está respondiendo a esta necesidad. Se requieren más recursos para atender este problema; recursos de inteligencia para la búsqueda, para la localización de personas desaparecidas e identificación de restos. Y por supuesto, actitud compasiva de las autoridades para acompañar y escuchar a quienes sufren este agravio familiar y social. Las políticas públicas deben estar centradas en la persona, no en los votantes.
Un problema grave que llamó la atención internacional con los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 y que todavía no se sabe con seguridad, las razones ni donde están.
Sólo imagine cómo sería su vida si de pronto un ser querido desaparece y usted no sabe ni dónde, ni por qué desapareció y nadie le dice nada. Terrible.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com