Después de la jornada electoral del pasado 6 de junio —en donde quedó de manifiesto que la maquinaria garante de la democracia funciona, y funciona bien—, ahora, tan pronto como el 1º de agosto se nos vuelve a convocar a casi cien millones de mexicanos a pronunciarnos sobre una pregunta, tan absurda como interesada. Cito:

¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES, CON APEGO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL, PARA EMPRENDER UN PROCESO DE ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES POLITICAS TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS POR LOS ACTORES POLÍTICOS ENCAMINADO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS? (Gaceta Parlamentaria, 22 de octubre 2020).

Por la naturaleza jurídica de la consulta, el votante no tiene más que dos opciones: “SÍ ESTOY DE ACUERDO”, o “NO ESTOY DE ACUERDO”.

Muy bien, pues ya está hecha la pregunta. Y ahora el ciudadano (mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles, portante de una credencial del INE vigente y, se supone, pensante) deberá reflexionar: ¿“Y en qué estoy de acuerdo o en desacuerdo?”

De entrada, alguien deberá explicarle al votante qué significan las “acciones pertinentes” (Pertinencia, lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene a propósito), porque pueden ser muchas acciones, todas o ninguna. Pero, entonces, ¿quién decide qué acciones vienen a propósito por ser pertinentes?: ¿el Presidente?, ¿el Congreso?, ¿la Suprema Corte?, ¿por votación a mano alzada?

Y continúa el enunciado de la pregunta “…CON APEGO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL”, agregado que, si bien aporta algún alivio, cabe la duda de —aquí sí— la pertinencia del inserto ¡Uf, qué bueno se tomaron la molestia de decirlo, porque ¿estaría —me pregunto— en la mente de su autor que en algún momento se podrían ir al margen del marco constitucional y la legalidad?. Porque no sería la primera vez que se intentara, ¿o sí?.

Pero, sigue lo más interesante y en donde el cerebro del consultado podría estallar como olla exprés cuando lee: “EMPRENDER UN PROCESO DE ESCLARECIMIENTO”. Aquí las dudas que saltan a la vista es ¿quién emprenderá el proceso de esclarecimiento?, ¿quiénes serían los indiciados?, ¿quién encausaría el debido proceso?, ¿sería un proceso judicial o extra judicial?, ¿qué alcances tiene la intención de esclarecer?, ¿se tienen la evidencias probatorias para iniciar la indagatoria esclarecedora?.

Bueno, ahora viene el climax del custionamiento, porque los elementos de prueba, se entiende, serían “LAS DECISIONES POLITICAS”, y aquí se tendrá que esclarecer (Explicar, aclarar o resolver. RAE) si tales decisiones son constitutivas de delitos; si son perseguibles; si están prescritas, o no (en teoría, las indagaciones arrancarían con el sexenio de Salinas —1 de diciembre de 1988, hasta diciembre de 2018—, ¡40 años!) .

Pero, ¡ojo!, el horizonte de tiempo tiene la precisión de un reloj de arena, pues se nos pide pronunciarnos sobre decisiones políticas de “AÑOS PASADOS”. Si nos atenemos a lo que lo abogados llamamos el espíritu de la ley —es decir, lo que tenía en mente el presidente de la República en su propuesta primigenea— lo que pedía era, cito, “investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Emesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones”. Hago énfasis en la intención de perseguir a los susodichos “…antes, durante y después…” de sus gestiones; es decir, toda su vida.

Aun cuando el respetable —como dicen en el Box— morenista hubiera coreado a rabiar la propuesta, en el texto que finalmente aprobó la Suprema Corte de Justicia, ésta tuvo a bien recetarnos una mayor dosis de certidumbre, y lo acotó diciendo “en años pasados” (¡Hombre!, más claro ni un ultrasonido). Entonces, ¿si quitamos los nombres de la consulta popular ya podemos pensar que el período va de 1998 al 2018?, o ¿incluye 2019 y 2020?, interpretación esta última que no deja de ser una tentadora opción para 20 millones de electores que aún tienen la fresca sensación de su voto del pasado 6 de junio ¿No creen?

Más interesante aún será esclarecer si las tales decisiones políticas no formaron parte del correspondiente Plan Nacional de Desarrollo que cada sexenio propone el Ejecutivo y aprueba el Congreso de la Unión, y que con base en esas decisones de política —que los son por donde se les mire—, se pretenda perseguir judicialmente, vaya usted a saber quién, incluyendo hasta a los legisladores en turno.

Si no fuera por lo trágico del absurdo, diría que resulta hasta divertido comentar el galimatías que sirve de colofón al texto de la consulta, porque ¿quiénes son los actores políticos que tomaron las decisiones que pudieron trastocar “LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS”? ¿Qué posibles derechos —me pregunto— podrán corresponderles a las posibles víctimas? ¿Cómo se determina a una posible víctima? (Si yo iba pasando en un taxi cuando se cayó la trabe de la Linea 12 del Metro, ¿sería una posible víctima? ¿Si perdí mi crédito del INFONAVIT por el “error de diciembre” de Zedillo, ¿fui una posible víctima?).

Por último, si la consulta va en el sentido de si se persigue, o no, a los “ACTORES POLÍTICOS” por las decisiones políticas que tomaron, ¿quiénes serían los tales actores políticos?: ¿Zedillo?, ¿Fox?, ¿Calderón?, ¿Peña?, ¿López Obrador? Es tan oscuro el enunciado de la consulta que, usted —lector— o yo, podríamos, en un ambiente de persecución y linchamiento (lejano e hipotético, claro), por el solo hecho de haber votado en las pasadas elecciones, a partir de 1 de agosto podríamos ser perseguidos en juicio. Porque, siendo claros, el voto es un acto político, y votar por un partido o un candidato, es una decisión política. O sea, todos somos posibles imputados.

Necesitaría un espacio mucho más largo del que de por sí ya he ocupado para hacer la exégesis jurídica y el análisis gramatical sobre el cuestionamiento que se no ha planteado. En la primera versión (la enviada por el Ejecutivo) era tan clara su intención de buscar un linchamiento personalizado mediante juicio popular, que resultó evidente su incostitucionalidad, razón por la cual hubo de someterse a consulta de la Suprema Corte, quien respondió con un redacción oscura, engañosa, con amplio espacio para la discrecionalidad, con más intención de facilitar venganzas selectivas y argumentos de alto impacto mediático y electoral, que de verdadera búsqueda de justicia conmutativa.

Pero a mí mas me preocupa el fondo de la pregunta, sus posibles consecuencias y, finalmente, la posición que debo en conciencia tomar frente a ella, lo que me lleva reflexionar en tres aspectos: el primero, es que acudir a las urnas ahora será tanto como responder a la demencia de lo absurdo y meternos a su extraviado juego; segundo, votar en un sentido u otro sería aceptar que la procuración de justicia no es un deber ni es un derecho, sino una acción de política (ésta sí) optativa, discrecional y selectiva, sujeta a consulta de si se aplica o no, cuando es bien sabido que todo derecho público (y éste lo es) obliga a quien es responsable de aplicarlo. En suma, la consulta es una trampa a la cordura y a nuestro sano juicio.

El tercer aspecto objeto de mi reflexión y de mayor preocupación, es la celebración de la consulta popular en sí, cualquiera que sea el resultado. Veamos los escenarios: si gana el “SÍ ESTOY DE ACUERDO”, otorgaremos cheque en blanco para iniciar una cacería de brujas, carente de herramientas jurídicas para un debido proceso, selectiva en los posibles perseguidos; su escencia será de corte proselitista y electoral; las acciones durante el proceso, legales (o ilegales), serán un material mediático político valiosísimo para el discurso populista reivindicatorio, útiles tanto para la consulta de revocación de mandato como para las elecciones presidenciales del 2024.

En el escenario remoto de que gane la opción “NO ESTOY DE ACUERDO”, el resultado también sería oro molido para el discurso oficial. Se diría que ese voto mayoritario comprueba la complicidad de los conservadores, neoliberales y de la mafia en el poder, para con las corruptas administraciones anteriores que han dejado en la miseria a millones de mexicanos. En este mismo año de 2021 quedaría sentado el escenario para que historias fílmicas, como Nuevo orden, o Parásitos, se empiecen a volver una realidad. Si el mapa electoral se pintara de los mismos colores de la reciente elección, llevándose la victoria de la opción NO ESTOY DE ACUERDO, los territorios físicos (norte-sur, este u oeste) de quienes supuestamente encubren la corrupción, por un lado, y quienes la sufren, por el otro, quedarían perfectamente delimitados para efectos de la muy azuzada lucha de clases, listos para un enfrentamiento “hasta sus últimas consecuencias” Cualquiera de las dos respuestas encierra funestos presagios para la frágil democracia mexicana.

¿Qué hacer?

La convicción a la que he llegado, y espero sea compartida, es NO VOTAR. El íntimo orgullo que sentí el domingo 6 de junio de ver mi pulgar marcado por la tinta indeleble, sería motivo de vergüenza si así lo tuviera este 1 de agosto.

No debemos someternos a una consulta absurda. Dejemos que la Justicia cabalgue por las sendas que ya marca el estado de Derecho, en donde “se le deba todo a las leyes, y nada a los hombres”.