Editorial
Las elecciones del 6 de junio lanzaron una advertencia: el próximo presidente de México puede ser un narco o un político impuesto por Morena y el crimen organizado. Tiene razón AMLO, la oposición no tiene, en este momento, fichas para el 2024, pero los cárteles y el partido oficial, sí.
Este es uno de los resultados más amargos que ha dejado hasta hoy un proceso democrático. Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán —ganados por Morena— y San Luis Potosí —por el partido verde—, van a ser gobernados por personajes que le van a deber el cargo,— no a los ciudadanía—, sino a la mafia.
Las agendas de esos futuros gobernantes ya está cooptada. Tienen que devolverle el favor a quienes secuestraron, asesinaron, extorsionaron y repartieron dinero para que ganaran las urnas. El mando y el verdadero poder lo van a tener los delincuentes.
Después del 6 de junio México está más cerca de ser un narcoestado. Los testimonios cada vez más numerosos y contundentes de cómo operó la delincuencia para favorecer a los candidatos de Morena hablan de que existe una alianza entre los cárteles y el partido en el gobierno.
En términos políticos esto significa una sola cosa: que la Cuarta Transformación se prepara para trasladar el poder al crimen organizado. ¿Sólo a nivel de gubernaturas o en el paquete también está comprometida la presidencia de la república?, es pregunta. López Obrador parece estar pagando favores que debe.
Si los comicios del 6 de junio los hubiera organizado un árbitro electoral sometido al gobierno, la nueva legislatura federal habría quedado en manos del voto narco. En este contexto resultan muy sospechosas las reformas que propone hacer el tabasqueño al INE. Pide hacer una limpia de consejeros porque considera que no garantizan la democracia. ¿A qué democracia se refiere? ¿A la que operó asesinando y secuestrando candidatos de la oposición?
El país se encuentra hoy atrapado entre el poder creciente del crimen y el estilo despótico del presidente. Los ataques desmedidos de un jefe de Estado a la clase media sólo pueden tener una sola motivación: López Obrador pretenden provocar un choque de clases sociales para colocarse al frente de la defensa de los más pobres y recuperar electores.
Tenemos un mandatario dedicado a envenenar la convivencia entre mexicanos. Le gustaría convertir el Zócalo en un circo romano para ver desde el balcón presidencial como se despedazan empresarios y obreros, padres e hijos, amigos y hermanos.
Todo fascista divide y se victimiza. Elogia el atraso, la pobreza y la ignorancia porque solo así puede sobrevivir su régimen. López Obrador llamó aspiracional y corrupta a la clase media porque votó en contra de su partido y lo hizo de manera libre y consciente. Un “facho” odia a los pueblos unidos y con iniciativa.
El “hombre de Palacio” le pegó un balazo al corazón de México cuando descalificó a la clase media. Sus insultos no hirieron a los ricos. Sus ofensas lastimaron al estudiante de la escuela pública, al obrero, al ama de casa. A cada mexicano que trabaja para vivir mejor. A ellos también los mandó “al carajo”.
Es cierto que la alianza opositora Va Por México logró quitarle la mayoría calificada a Morena, pero eso no significa que haya desparecido el riesgo de que pueda consolidarse un régimen despótico. Los contenidos de las reformas al INE, a la Guardia Nacional y a la CFE hablan por sí mismas. Cada una de ellas se perfila hacia la construcción de un Estado antidemocrático y López utilizará la extorsión para conseguir los votos que necesita.
Por ello el “bloque de protección constitucional contra la dictadura” anunciada por los dirigentes del PAN-PRI-PRD resulta estratégica. Esta coalición tendrá que operar para impedir el avance de esa peligrosa mezcla entre fascismo y narcotráfico que se dio el pasado 6 de junio en las urnas. México se debate hoy entre el poder constitucional y el poderío delictivo.