Entrevista con Fernando Dworak, analista político

De acuerdo a la consultora Etellekt, la campaña electoral de 2021 ha sido la más violenta de la que se tenga registro, pues se contabilizaron 17.5 por ciento más agresiones hacia candidatos y miembros de los equipos de campaña que en el proceso electoral 2017-2018.

Las 910 agresiones, que engloban 91 asesinatos –de los que 36 eran aspirantes o candidatos–, muestra que la violencia estuvo presente a lo largo de las campañas electorales.

Pero, y pese al reconocimiento presidencial de que la delincuencia organizada “se portó muy bien”, quedan muchas interrogantes acerca de que vendrá ahora que pasaron las elecciones, dudas que nuestro entrevistado Fernando Dworak comparte con nuestros lectores.

Quién gana

Para Dworak Camargo, si bien es conocida la capacidad del crimen organizado para incidir en los procesos electorales, no se sabe finalmente cual de todos los grupos que lo integran será el beneficiado luego de lo que se apreció en la campaña electoral.

“La penetración del crimen organizado ha sido desde siempre, es decir, todos conocemos ya que muchos presidentes municipales prefieren recibir la maleta de dinero y no decir nada, a tratar de enfrentarse al narco con una policía infiltrada o con aparatos de seguridad federales y locales que se van a aventar la bolita cuando algo pase, también sabemos muy bien desde hace muchos años que intervienen en campañas y en designación de candidatos, hay que recordar a Julio César Godoy.

“Entonces el tema, la gravedad de eso ya la conocemos: los asesinatos son muy lamentables, pero creo la gran pregunta es a que grupos se les está abriendo la puerta, por una razón, si hay muchos grupos del narcotráfico a los que se les está abriendo la puerta y esos grupos están en competencia entre sí, por rutas o por mercados, lo que vamos a ver es que el Estado se nulifica a sí mismo para ver quien es el que fija más, si hay una incapacidad del Estado para decir ‘vamos a hacer una alianza más o menos formal con alguno u otro cártel’, ese cártel se convierte en el actor preponderante en la negociación con el ejecutivo, en la persona que va a tener un cierto pacto de gobernabilidad para proteger las rutas”.

Por eso es importante, agrega nuestro entrevistado, conocer si la violencia ejercida durante la campaña es parte de un plan o acuerdo para cierto objetivo.

“El tema es que todavía no sabemos y, en ese sentido, la pregunta es a qué grupos se les está dejando qué cosa, bajo qué condiciones o si sólo hay un actor con el que se está haciendo un acuerdo. Lo que puede pasar va a variar muchísimo en el entendido de cualquiera de las dos partes o que se resuelva cualquiera de las dos preguntas”.

 

¿Y el elector?

Otra de las interrogantes que se presentó en la pasada campaña electoral, es que sucede con los electores y si lo que atestiguan durante las campañas electorales –asesinatos, balaceras o secuestros de candidatos– influyen para bien o para mal en su decisión del voto o en su abstención.

Para Fernando Dworak, se trata de otra interrogante en el tema electoral, pues hay ejemplos de cómo los ciudadanos confían más en la delincuencia que en las autoridades.

“Tal vez está viendo que es mucho más inmediato o mucho más benéfico para el electorado votar por quien les diga el narco porque al final de cuentas el narco tiene sus redes de apoyo, tiene sus redes de complicidades, tiene sus redes de simpatía y en algunas zonas beneficia más a la sociedad que el propio gobierno. Creo que es mucho más compleja esa relación, puede que confíe más en el narco que en el propio gobierno a final de cuentas”.

Cómo evitarlo

Una de las cuestiones que más complicadas por resolver es que se puede hacer para evitar que el crimen organizado o cualquier grupo con especial interés, sea un factor decisivo en el proceso electoral, ya sea porque amedrenta a candidatos y electores o porque puede imponer condiciones para las campañas electorales.

Fernando Dworak señala que mientras no se logre vigilar el origen de los recursos utilizados en las campañas, poco se podrá hacer para detener la acción del crimen organizado.

“Otra pregunta muy difícil, pero creo que aquí un tema muy importante es que el sistema electoral está hecho para vigilar al dedillo el ejercicio de recursos, no garantiza los orígenes de los recursos, entonces mientras no comencemos a hablar de temas como bancarización, como vigilancia en la obtención de recursos vamos a tener un problema que vamos a seguir arrastrando, pero –otra vez– no hay respuestas claras, pero hay que poner el dedo sobre la llaga en temas como ese”.

El futuro

Finalmente, luego de ver la actuación de la delincuencia en la campaña electoral, la duda que surge es si luego de tomar posesión las autoridades electas tendremos escándalos por detenciones de algunos presidentes municipales coludidos con el crimen organizado o de exigencias de juicios políticos para diputados en la misma situación.

“Tampoco tengo elementos para decirlo, a final de cuentas el narco lo que quiere es seguridad con respecto a sus inversiones y sus rutas, pero obviamente esos escándalos no sé si, en su momento, como se puedan sacar o si se sacan cuánto van a durar o a cerrarse, necesitamos una prensa libre en ese tipo de cosas, pero por desgracia este año se han acumulado el mayor número de asesinatos a periodistas precisamente que cubren este tipo de notas, entonces es un problema de vacío en la capacidad del Estado para garantizar una prensa libre”.

Violentos saldos electorales

De acuerdo a Etellekt Consultores, 36 candidatos y aspirantes fueron asesinados durante el proceso electoral que se llevó a cabo este año. En los registros que llevó la consultora durante el actual proceso electoral, se da cuenta de 910 agresiones, desde ataques contra instalaciones de campaña o partidistas, en las que un 75 por ciento de dichas agresiones se dirigieron en contra de políticos de la oposición, el mismo porcentaje aplica para los asesinatos cometidos, pues esta cifra representa a militantes de partidos opositores.

Otro hallazgo tiene que ver con el hecho de que en comparación con el 2018, en el actual proceso electoral hubo un 19 por ciento más de municipios involucrados en violencia electoral. Como punto de comparación, en el proceso 2018 fueron 440 municipios en los que se dieron hechos violentos en contra de candidatos, militantes o políticos en función de gobierno.

Sobre éstos últimos, 252 víctimas mortales es el saldo que Etellekt registra con relación a la política y el servicio público, “adicionalmente, fueron víctima de homicidio doloso 107 servidores públicos sin militancia partidista o aspiraciones políticas”, apunta la consultora para añadir que también se conocen los casos de la muerte de tres funcionarios del INE y uno del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Otras cifras que da a conocer la consultora, para dimensionar mejor el problema, es que hubo 45 víctimas de privación ilegal de la libertad, dos ellos aún secuestrados –los candidatos a la presidencia municipal de Mexquitic, Jalisco, y Uruapan, Michoacán–, además de 48 víctimas de intento de homicidio doloso en grado de tentativa, 14 de los cuales resultaron lesionados por arma de fuego.

En la Ciudad de México se presentaron 30 agresiones en 11 demarcaciones.

36 por ciento de las víctimas eran mujeres y durante la veda electoral, se contabilizaron 21 agresiones diarias.

De acuerdo con Integralia, los principales saldos del proceso electoral se pueden resumir de la siguiente manera:

“El dominio territorial de Morena es cada vez más claro. Consiguió once de quince gubernaturas en disputa —tres más de lo estimado—, con lo que gobernará 16 entidades federativas, que suman casi la mitad de la economía y la población del país. Además, controlará 52 de los 100 municipios más poblados de México.

“El PRI será el partido “bisagra” de la próxima legislatura. La solidez del bloque opositor dependerá, en buena medida, del comportamiento de los diputados priistas. Por ello, es posible que la coalición oficialista busque alianzas eventuales con el PRI para alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

“El PAN se consolidó como la segunda fuerza política del país y como la oposición natural a Morena, tanto a nivel territorial como en el Congreso. Acción Nacional conserva bastiones regionales muy importantes —Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán— y contará con 31 diputados más de los que obtuvo en 2018.

“Movimiento Ciudadano fue el único partido que creció en número absoluto de votos entre 2018 y 2021, pero perdió asientos en la Cámara de Diputados y su bancada será tan pequeña que tendrá poco peso político. Pese a que consolidó su hegemonía política en Jalisco y su candidato en Nuevo León obtuvo la gubernatura, no ha desarrollado otros enclaves territoriales para ser un partido de dimensión nacional.

“Las encuestas carecieron de precisión en términos generales, sobre todo en la estimación de la Cámara de Diputados. Las encuestas realizadas en vivienda no fueron más exactas que las telefónicas y digitales. No se registraron variaciones significativas entre las mediciones de unas y otras.

“El voto diferenciado fue un fenómeno generalizado de esta elección. En 22 de las 30 entidades que celebraron elecciones concurrentes, Morena obtuvo un porcentaje inferior en las votaciones municipales respecto a los comicios federales.

“El dominio territorial de Morena es cada vez más claro. Consiguió once de quince gubernaturas en disputa —tres más de lo estimado—, con lo que gobernará 16 entidades federativas, que suman casi la mitad de la economía y la población del país. Además, controlará 52 de los 100 municipios más poblados de México”.

@AReyesVigueras