En medio de reportes alarmantes de una sequía atípica, bajas en la producción por alto costo de insumos, incremento a las importaciones de granos y recortes presupuestales, la SADER se ha esforzado en las últimas semanas por ocultar esos señalamientos contraponiéndolos con comunicados sobre el superávit agroalimentario, la firma de convenios internacionales y nacionales —como el de la industria cervecera con los productores de cebada, que más bien fue un acuerdo entre particulares—, así como el firmado con ANTAD para comercializar productos orgánicos con las certificaciones de SENASICA.

Más allá de maquillar la fachada, la realidad sigue tocando a la puerta de una dependencia que no ha logrado acciones trascendentes y de largo impacto para la producción agroalimentaria cada vez más demandante y con mayores necesidades de calidad, cantidad, variedad y disponibilidad. Aún más, está cada vez más lejos de cumplir la promesa presidencial de que México alcanzaría la autosuficiencia alimentaria.

Al respecto destaca el reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) donde se advierte que el incremento en las importaciones y la baja en las exportaciones aleja a nuestro país de la autosuficiencia alimentaria. Tan solo en granos básicos, en el primer cuatrimestre del año, las exportaciones bajaron más del 59 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones se incrementaron 12.3 por ciento. Así, en una ecuación simple, “el estimado de una menor cosecha de maíz, aunado a una mayor demanda, reduce el indicador de autosuficiencia 61.2 por ciento”.

A este escenario se suma el secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle, quien denunció que durante el primer trimestre del año hubo un recorte de 2 mil 585 millones de pesos en el Programa Especial Concurrente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), afectando programas prioritarios cuyos objetivos son elevar la producción de alimentos y productos forestales, ante ello la producción agrícola en 450 municipios de 19 estados está en riesgo.

En el mismo tenor, Enrique Rodarte Espinoza de los Monteros, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), refutó la postura del subsecretario Víctor Suárez por desmantelar la agricultura comercial. Recordó que cuando el gobierno federal eliminó los apoyos, tampoco les dio alternativas “Al contrario, agreden a quienes dan empleo y economía como si fueran criminales”.

La sequía atípica por la que está pasando el país y sus consecuencias para la producción de alimentos, la desaparición de programas y de áreas especializadas en el sector; la sinrazón de desaparecer la subsecretaría de Agricultura; las embestidas comerciales de EU —siempre bajo el pretexto de yerros en lo sanitario y en materia ambiental— que entre otras cosas resultó en la pérdida de certificación para exportar camarón y cuya discusión ha llegado al Senado, así como la oposición al uso de agroquímicos, son otros factores que se contraponen a un ambiente optimista.

Entonces, ¿a qué vienen las cifras alegres y el ánimo de la SADER por difundir sus “avances” institucionales? Si usted pensó, estimado lector en la necesidad de dicha dependencia por echar las “campañas” al vuelo, le atinó.

Sin duda, las acciones gubernamentales para impulsar la productividad y competitividad del campo han sido una de las materias en las que más ha quedado a deber este gobierno de la 4T, donde los productores pequeños y medianos han sido los más golpeados y los que más reclamos le han endilgado a las autoridades federales por el olvido.

Y sin duda, el grupo enquistado en el Poder está consciente de que le cobrarán varias facturas en las gubernaturas, las alcaldías y en los Congresos estatales. Los productores no se sienten representados; se sienten abandonados.

Los indicadores apuntan a que no será un “voto de castigo”, si no que podría ser un “voto razonado”, donde la propia cuatroté con su indiferencia y ausencia de políticas públicas de gran calado, le ha otorgado a sus opositores los argumentos para convencer al electorado, que ya no quiere seguir abandonado los próximos 3 años.

Y más nos vale, porque la apuesta no es poca cosa: está en juego la producción alimentaria que no se ha detenido a pesar de la pandemia, pero que podría verse más golpeada aún por la sequía y por el incremento desmesurado de la demanda global de alimentos —en países donde sí pararon actividades productivas en el campo por cuestiones sanitarias— y por las presiones alcistas de los mercados internacionales. Entonces, ¿será que el confeti de la SADER es el temor de no mantener el voto verde como ofrenda al Tlatoani de Palacio Nacional? Lo sabremos el próximo 6 de junio.