Se está volviendo costumbre que el ex presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald John Trump (New York, 1946), esté en líos con la justicia en forma directa o indirecta. Ahora, Letitia James, la fiscal neoyorquina abre una investigación criminal contra las empresas de la familia Trump. Como el mandatario número 45 de la Unión Americana sobrevivió a dos impeachments (procesos de destitución); aparte de continuar con otros juicios por diferentes razones que están pendientes de resolución. En pocas palabras, Trump es un ave de tempestades. En el episodio más reciente, pero que viene de hace tiempo, el magnate se enfrenta con el fisco. Muchos piensan que el turbulento hijo del no menos irascible Fred Trump y de Mary Anne MacLeod, volverá a salvarla, pero otros aseguran que esta vez el adversario es muy difícil de vencer: el Tío Sam (el fisco, que tarda pero que es implacable). Dos ejemplos.

Hace 90 años, el 5 de junio de 1931, el renombrado delincuente Alphonse Gabriel Capone (Brooklyn, NY, 17 de enero de 1899-Miami Beach, Florida, 25 de enero de 1947), mejor conocido como Al Capone, Al Brown, Albert Costa o Scarface (por las cicatrices que tenía en el lado izquierda de su rostro), fue acusado por 22 cargos de “evasión de impuestos federales” sobre la renta durante los años 1925 a 1929. Por estos delitos Capone fue encarcelado ese mismo año y condenado a 11 años de prisión. Moraleja, nadie le roba al Tío Sam. Los intocables y Eliot Ness son el mejor ejemplo de que “el que la hace la paga”. Hasta Capone.

Otro caso, mucho menos famoso, el de la llamada Queen of Mean (La reina del mal),  Leona Mindy Roberts Helmsley (née Rosenthal: 1920-2007)  —viuda de su tercer esposo, el empresario Henry Helmsley, famoso hotelero y gestor del histórico rascacielos Empire State de Nueva York—, que entre otras extravagancias y riquezas se convirtió en un personaje de leyenda por decir: “Nosotros no pagamos impuestos. Sólo la gente corriente los paga”, y porque su fortuna se calculó en aproximadamente 10,000 millones de dólares (mucho más de lo que ha presumido Donald Trump), fue sentenciada en 1992 a 16 años de prisión —cinco más que Capone—, (aunque solo purgó 18 meses de cárcel), o por haber decorado su lujosa mansión privada con fondos de sus empresas por haber omitido declararlos como ingresos. ¿Si Leona fue a la cárcel por cuestión de impuestos, por qué no Trump? A lo mejor porque Donald fue presidente de EUA. Es posible.

El caso es que la investigación de la fiscal general  James sobre los “presuntos” delitos fiscales de la Trump Organization dejó de ser una “causa civil” para convertirse en una “causa penal”. El cerco judicial sobre el ex presidente republicano se aprieta más al confluir las investigaciones de la fiscal James con las que ha hecho la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance. Ambas fiscalías trabajan juntas. James y Vance son demócratas. Letitia James ha investigado posibles delitos de las empresas de Trump para saber si incurrió en fraude en la negociación de préstamos y beneficios fiscales; en suma, si el conglomerado sobrevaloró sus propiedades para obtener créditos ventajosos mientras reducía el verdadero valor para beneficiarse de reducciones fiscales.

Lo que quiere decir que se confirman los peores presagios para la Organización Trump (OT) y sus socios, lo que incluye a su director financiero Allen Weisselberg: son encausados por la vía penal. Los investigadores hablan de un plan sostenido en el tiempo, no menos de 15 años, para defraudar al fisco estadounidense. Hasta por 15 delitos. A los cargos por fraude habría que añadir conspiración, falsificación de registros, etcétera. Los fiscales aseguran que disponen de testimonios ante un Gran Jurado, así como de “registros fiscales y de declaraciones de posibles testigos”.

Esta es la primeras vez que las empresas del magnate reciben una acusación criminal. Algo que trasciende los tradicionales pleitos por la vía civil.

Las consecuencias penales pueden ser mucho más graves. Los fiscales de Manhattan siguen el rastro de Michel Cohen —autor de un feroz libro en contra del ex presidente—, desde la defenestración y condena del entonces abogado de Trump, implicado en asuntos turbios que incluían el uso fraudulento de fondos electorales. Cohen —cuyo apodo, el “pitbull” lo describe a la perfección—, terminó por caer en la cárcel y cayó en desgracia ante el sucesor de Barack Obama por su afición a descubrir lo que debería permanecer en secreto.

Algo que teóricamente no debería suceder con Allen Weisselberg , que hasta la fecha siempre se había negado a colaborar con la fiscalía. Entre otras cosas, según daba a maliciar una importante funcionaria de la OT porque la empresa tenía en la nómina al hijo del director financiero. Además, este no sería el único caso. Según Barbara Res, la ex vicepresidenta de la organización, el magnate estaba al tanto de todo lo que ocurría. No se movía un solo documento si Donald no estaba al tanto. De tal suerte, esta funcionaria —con una antigüedad en la empresa de veinte años—, declaró a la CNN que el jefe “donó a los políticos como contrapartida. También ha dado obsequios y beneficios a los empleados durante décadas” … “Le encantaba dar cosas” … “especialmente si no le costaba nada. Le fascinaba regalar a las personas para ganarse su apoyo o su lealtad”.

Según la misma ex vicepresidenta, insistió en que Trump solía pedir “cosas que no eran legales”. Como si se tratara de otra persona, o si, de ahí la necesidad de contraatacar, el ex presidente había preparado un viaje para visitar el “muro” de la frontera, en Texas, al que acudía acompañado por el gobernador texano, Greg Abbot, que hasta la fecha sigue siendo “más papista que el Papa”.

Las pesquisas de la Fiscalía de Manhattan se iniciaron a raíz de una declaración de Michel Cohen. En una audiencia en el Congreso, el 27 de febrero de 2019, el ex abogado de Trump aseguró que el entonces mandatario había inflado el valor de varias de sus propiedades en sus declaraciones a los bancos que le prestaban dinero, con el propósito del obtener mejores préstamos y seguros, al tiempo que las reducía en sus declaraciones fiscales con la intención de pagar menos impuestos. Los fiscales se han centrado en dos de los bienes más emblemáticos del clan Trump: la Torre y Hotel Internacional Trump en Chicago y el edificio Trump en la Gran Manzana.

El fiscal Vance logró que la Corte Suprema aprobara su solicitud para examinar ocho años de declaraciones de impuestos y miles de documentos financieros para aclarar si el ex presidente y su familia cometieron fraude fiscal y estafaron a bancos y compañías de seguros. En septiembre de 2019, un juez federal tuvo que ordenar a Eric Trump hijo, que respondiera a las preguntas del fiscal en el marco de esta causa. Eric sed había negado a hacerlo antes de las presidenciales del 3 de noviembre aduciendo que su declaración podía ser “utilizada con fines políticos”.

Sea como sea, la OT —la empresa matriz de Donald Trump y su familia—, y su ejecutivo más fiel, Allen Weisselberg (con una antigüedad de casi medio siglo en la empresa) fueron acusados formalmente de 15 cargos criminales ante el Tribunal Supremo de  Nueva York, pero aunque el ex presidente no fue acusado personalmente,  el caso poner en riesgo su futuro económico y político.

En una síntesis del periódico The New York Times —el periódico que en varias ediciones ha dado a conocer los trasfondos de la fortuna e infortunios de Donald Trump y su clan—, resume las acusaciones que recién se presentaron en contra del ex presidente: el documento judicial acusa a la OT y al director financiero de la misma, Allen Weisselberg, de ayudar a los ejecutivos a evadir impuestos al pagarles mediante prebendas y bonos que no fulguraron en los registros contables desde 2005, en un esquema que se mantuvo durante 15 años. La acusación también incluye que la empresa evadió algunos impuestos que estaba obligada a pagar.

Wiesselberg es uno de los principales beneficiarios de este esquema y agrega que recibió alrededor de 1,76 millones de de dólares en pagos indirectos y ocultos, que le permitieron evadir cientos de miles de dólares en impuestos en todos los niveles del gobierno. Recibió de manera indebida un total de 133,000 dólares como devolución de impuestos federales y estatales.

A Weisselberg también se le acusa de no pagar rentas, recibir autos para él y su esposa, así como no pagar colegiaturas para las escuelas privadas de sus familiares. Según la acusación, la empresa ayudó a Weisselberg a declarar falsamente que vivía fuera de la ciudad de Nueva York, aliviando así su carga fiscal.

Weisselberg y otros ejecutivos recibieron bonificaciones a través de las propiedades de Trump, incluido el  club Mar-a-Lago y que los ingresos se declararon como si fueran contratistas  en vez de empleados regulares. Eso le permitió a Weisselberg hacer contribuciones a un tipo de plan de pensiones con impuestos diferidos que está disponible para los trabajadores autónomos, lo que le permitió ganar cientos de miles de dólares que no debería tener.

Aunque Donald Trump está vinculado a la OT —la empresa inmobiliaria que lleva su nombre—, el auto judicial no lo acusó de actuar de manera indebida. Ningún empleado, además de Weisselberg es acusado.

Sin embargo, la investigación continúa y ahora parece centrarse de manera directa en Trump, así como en otros ejecutivos de la empresa. Los fiscales y un equipo externo de auditores y peritos forenses siguen analizando millones de páginas de declaraciones fiscales de Trump, como persona física y moral, así como los registros y documentos subyacentes.

En específico, los fiscales investigan si Trump y la OT manipularon  el valor de las propiedades inmobiliarias de la empresa para obtener préstamos y beneficios fiscales, entre otros posibles delitos financieros.

El gran jurado especial que analiza las pruebas del caso, y que dictó la acusación que se dio a conocer el jueves 1 de julio, seguirá reuniéndose hasta tres veces por semana hasta fines de este año. Ese plazo podría extenderse mediante una orden judicial.

En fin, los días de ajuste de cuentas contra el “magnate” apenas comienzan. Falta mucho tiempo para conocer el final de la historia. El fiscal distrital de Nueva York, Cyrus Vance Jr. (NY, 14 de junio de 1954), ha dicho, por último, que decidirá si acusar o no al ex mandatario antes de dejar el cargo el 31 de diciembre del presente año. Entonces se sabría qué tipo de regalo de fin de año tendrá Donald Trump, y hasta ese momento se pondrá en claro si la “buena suerte” le sigue acompañando. VALE.