Editorial
Desde Palacio Nacional y otros frentes operan para pulverizar la Alianza Va Por México que logró quitar la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados.
Si la coalición fue importante para garantizar la división de poderes y salvar parcialmente al país del autoritarismo presidencial, hoy tiene otro reto decisivo: impedir que López Obrador construya un “maximato”: Que amplíe su mandato a través de un sucesor o sucesora.
La trascendencia de esto va más allá de lo electoral. Hoy la sucesión presidencial es un asunto de seguridad nacional. No es —como hace creer el presidente— un divertido juego de “tapados”, sino un tema del que depende la soberanía del Estado mexicano.
¿Qué significa esto? Significa que la alianza PAN-PRI-PRD es decisiva para impedir que siga avanzado el crimen organizado. El gobierno y su partido decidieron ganar la elección del pasado 6 de junio en los estados de la mano de la camorra y esto significa varias cosas.
Significa que a la 4T no le importa entregar el poder político a la delincuencia. Que no tiene reparos en permitir que el país pierda cada vez más soberanía territorial y que las bandas criminales sean quienes gobiernen zonas estratégicas de la república.
Lo que no está claro es si los partidos que integran la alianza “Va por México” tienen conciencia de los riesgos que hoy enfrenta la nación. Ya no solo se trata de poner límites a una presidencia despótica sino a un régimen que parece estar interesado en construir un Estado paralelo con el narcotráfico. Es decir, en compartir instituciones, alcaldías, gubernaturas y decisiones con el hampa.
De no ser así, ¿por qué López Obrador guarda un silencio cómplice ante los horrendos crímenes que cometieron los narcos en las casillas electorales? Ahí están los testimonios de candidatos, sacerdotes y ciudadanos: cabezas tiradas, pieles humanas cercenadas, pechos arrancados, lenguas trituradas. ¿Para quién gobierna, señor presidente?
Ahí están las denuncias del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel: “…creo que viene un tiempo en que vamos a ser gobernados no por políticos, sino por los narcos porque ya se han hecho muchos arreglos”. El ministro de la Iglesia denunció cómo la delincuencia “inyectó” una fuerte cantidad de dinero en las elecciones y cómo solicitó la presencia de un alcalde electo para llegar a “acuerdos”.
Hay en México un duelo de alianzas. De un lado, está la alianza entre el régimen y los cárteles, y del otro, la coalición PAN-PRI-PRD. La alianza criminal ya sabe lo que quiere y lo está logrando. Lo que no está claro es hacia dónde va la oposición. No se advierten señales contundentes de estar dispuesta a constituirse en una muralla infranqueable para evitar que el Estado constitucional sea devorado por la 4T y la delincuencia organizada.
Los partidos coaligados siguen distraídos en sus vanidades y luchas de poder. Insisten, algunos de ellos, en repetir ese discurso ambiguo que los hace ver sospechosos y no confiables. Dispuestos a ceder lo que sea en el momento que el presidente les mande la Unidad de Inteligencia Financiera.
Autócratas, criminales e infieles buscan deshacer la alianza “Va Por México”. Se equivocan quienes pretenden marcar distancia entre las organizaciones civiles y la coalición opositora. Los votos a favor del eje PAN-PRI-PRD se dio gracias a la movilización ciudadana. Renegar de un acuerdo que se construyó —entre sociedad y partidos— para defender la democracia y división de poderes es dar oxigeno al dictador de Palacio.
A ver si se entiende. La oposición tiene hoy un compromiso con la nación. Esta obligada a detener lo que parece imparable: la construcción de un Estado narco. Y eso implica, entre otras cosas, evitar que en el 2024 gane la presidencia de la república un candidato o candidata impuesta por el dinero de los cárteles.
El escenario se complica. Morena cayó en la cuenta que no tiene el respaldo suficiente para dar continuidad a su proyecto totalitario. Descubrió que necesita del poder del crimen para imponer un “maximato”. ¿Qué va a hacer la oposición?