Es por ello que la sociedad civil organizada debe luchar por la prevalencia de sus instituciones de proteger al INE y de dignificar de la política

«semper metuendum, quidquid irasci potest»
Hay que temer siempre a todo ser irascible

Publilio Syro

 

El domingo 1 de agosto se llevó a cabo la primera Consulta Popular formal conforme a la Ley, en la que los ciudadanos debían contestar Si o NO a la pregunta que se formuló que es por demás ambigua: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El resultado de la consulta al pueblo de México, tiene varias lecturas; por una parte, el resultado de las respuestas de quienes participaron fue de un más de un 95 por ciento de respuestas por el “SÍ”, si nos atenemos a este resultado, la consulta es de total apoyo a la propuesta del Ejecutivo.

Pero si atendemos al número de ciudadanos que se presentaron en las casillas para participar en dicha consulta, que fue del 7 al 7.7 por ciento del padrón de ciudadanos con credencial para votar que es de 93 millones de electores, la ley señala que para que la respuesta a la consulta sea vinculante para el Presidente y para el Legislativo, deberá participar cuando menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, por lo cual el resultado es que el Ejecutivo no iniciará las acciones pertinentes. Podemos decir que la consulta fue un ensayo para un primer intento de plebiscito en nuestro país, lástima que se erogo mucho dinero para esta comedia.

La investigación de los delitos y de las faltas administrativas, así como la sanción a quien comete dichas conductas nunca debe ser motivo de consulta, en un Estado de Derecho esas decisiones no pueden quedar sujetas a la voluntad de mayorías, porque de esa manera cualquier ciudadano que pudiera ser imputado por cometer un delito puede solicitar que se consulte al pueblo si debe ser investigado y juzgado; esa es una obligación del Estado en su función de imperium que solo le compete a los servidores públicos encargados de aplicar la ley.

Nuevamente el presidente lanza un distractor, habrá que estar atentos sobre qué acciones va a realizar que quiere al pueblo distraído y entretenido mientas él nuevamente se reúne en zona caliente con los habitantes de Badiraguato.

Ahora resulta imperativo defender al INE, el órgano constitucional autónomo surgido como IFE hace treinta años como consecuencia de la movilización social que empujaba nuestro frustrado e inacabado proceso de transición democrática como respuesta al autoritarismo imposicionista que organizaba y contaba los votos de los comicios con los resultados de todos conocidos.

Tras la etapa inicial hoy el INE, cierto es que después de cimentarse en la estructura jurídica mexicana como una institución confiable se ganó la credibilidad de los mexicanos en las elecciones. También es cierto, y no debe desdeñarse que está sujeto a exigencias desde el poder y de los grupos de presión, señaladamente por los políticos morenistas.

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La ciudadanía está hastiada, cansada, harta de que la política se convierta en la ocasión de arrojar paletadas de suciedad al adversario por parte del gobernante, y no como debiera ser, de exposición de propuestas, de oportunidad de cambios, de esperanza de mejoría. Es por ello que la sociedad civil organizada debe luchar por la prevalencia de sus instituciones de proteger al INE y de dignificar de la política, entendida ésta como la acción superior del hombre para beneficiar a su comunidad y mejorar sus condiciones y calidad de vida. Lo delicado y muy preocupante es que, por hartazgo y falta de credibilidad, la ciudadanía se abstenga mayoritariamente de acudir a las urnas.

El INE, esta pues a tiempo de fortalecer el papel que le corresponde. Actúan en su seno individualidades que por sí solas tienen el respeto social debido a sus trayectorias profesionales, expertos en la materia electoral, como el propio presidente del Consejo Lorenzo Córdoba al que muchos le reconocen su profesionalismo y que como un buen sastre “conoce el paño”, con el que se fabricará el traje de la legitimidad electoral mexicana, lo que esperamos es que los consejeros actuando conjunta y colegiadamente le otorguen certeza, confiabilidad y seguridad los procesos electorales futuros para llegar al 2024 al verdadero cambio con la certeza que tenemos un árbitro confiable y respetado.