Entrevista con Víctor Rodríguez, pdte. Del Instituto Internacional Responsabilidad y DH

 

Para el abogado costarricense Víctor Rodríguez Rescia, presidente del Centro de Derechos civiles y políticos –con sede en Ginebra, Suiza– y presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad y Derechos Humanos, México se enfrenta a una crisis de poderes.

Tal es la conclusión a la que llega quien también destaca que el control de las instituciones por parte del gobierno es una forma más para destruir o cooptar a instituciones públicas y democráticas, lo que conlleva un muy alto riesgo para el país.

En la plática, vía telefónica, con quien fuera el primer costarricense en ser presidente del subcomité para la prevención de la tortura de la ONU, Rodríguez Rescia analiza para Siempre los ataques al poder judicial por parte del jefe del ejecutivo y de legisladores morenistas, así como las consecuencias de esto.

Con una larga trayectoria en el ámbito del análisis político, el también ex secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza algunos puntos de la reforma electoral que pretende la 4T.

Esta es la conversación que sostuvimos con Víctor Rodríguez.

En México, el poder legislativo abandonó su papel de contrapeso del ejecutivo. El presidente ha focalizado sus ataques en los organismos autónomos y el poder judicial. Utiliza la justicia como arma de presión política, ha iniciado persecuciones políticas y mantiene constantes ataques a la prensa y a líderes de opinión. ¿Qué opinión le merece?

La situación que se vive en México –no de ahora, sino de dos años atrás– no tiene que ver solo con este gobierno, es lo que se conoce como la politización de la justicia. Ante la situación de un gobierno que siente que el poder judicial o el poder legislativo no compagina con los planes, con la impronta de un nuevo gobierno, que son obstáculos a un poder o a un proyecto de ley de un gobierno determinado, se incomoda y busca la manera de eliminarlos. El problema es que eliminar esos obstáculos es eliminar la independencia judicial, la división de poderes, es la injerencia de un poder sobre otros, en este caso el poder ejecutivo en relación con el judicial.

El poder judicial es el actor fundamental, porque su naturaleza es de control judicial, control constitucional y eso puede ser a través de la vía del amparo o la acción de inconstitucionalidad. Aquí hay varios problemas, no se trata de estar o no de acuerdo en cómo funciona el poder judicial, sino en la confianza que debe existir en el trabajo en la competencia jurisdiccional tanto del legislativo y el papel que juegan los distintos poderes, así como los ataques —porque hay que llamarlos así—, casi diarios a través de la mañanera a medios de comunicación que enfrentan o cuestionan la labor del gobierno.

Por otro lado, están los ataques fuertes desde el gobierno pero también desde el legislativo a través problemas constitucionales y legales; leyes secundarias que presionan a los jueces, también a los miembros del INE y del Tribunal electoral y la manera es plantearlo a través de proyectos de reforma con un discurso político. Se trata de justificar  reformas desde una perspectiva de una oportunidad pero cuando uno revisa los elementos de justificación, éstos son políticos, no técnicos. Decir que se va a reformar el poder judicial, que se va a sustituir a los ministros del poder judicial y también a los magistrados del Tribunal Electoral porque responden o representan a la parte política tradicional o del pasado, no son criterios técnicos para poderlo hacer.

Nos estamos enfrentando a una crisis de poderes, es una cuesta muy difícil porque pone a prueba el Estado de derecho y que el ejecutivo tenga una mayoría en el Congreso, en la Asamblea, pone todavía más tensión a este tipo de temas.

Sin embargo, en este último mes, se están dado ciertos equilibrios que no se daban desde hace dos años, he visto cierto cambio en la reacción del INE y el Tribunal Electoral y también cierta reacción dentro del poder judicial, al ir poniendo límites a los abusos, a los discursos mediáticos con que los distintos legisladores por un lado y también del ejecutivo, ejercen contra otros poderes.

 

Se avanza en el proceso de desinstitucionalización, está la ley Zaldívar que provocó serios reclamos por ser inconstitucional y divisiones dentro del poder judicial. ¿Se acercaron al Instituto, al Centro, miembros del poder judicial para hacer un frente a esta situación?

Representamos ya a magistrados y jueces federales desde hace dos años en relación con las primeras amenazas a la independencia judicial que tiene que ver con aprobación de leyes y también en temas de salarios y remuneraciones. Se litigó a través de recursos de amparo que suspendieron esa aplicación, esa es una parte, pero detrás de todo el problema es estructural, son las amenazas y los mensajes que reciben los jueces y magistrados para resolver de una manera determinada o recibir represalias.

¿Cuáles son las represalias?, que a un juez se le denuncie públicamente porque no se está de acuerdo con una resolución que tiene, ya lo hemos visto, o por otro lado, se destituye a jueces o se les hace cambios de adscripción en relación con el trabajo del Consejo de la Judicatura en México, porque hay un procedimiento que no respeta el debido proceso y en función de una falsa justificación no muy clara, que dice que en razón de puestos se le traslada de un lugar a otro eso genera una amenaza o una presión a la independencia del poder judicial. Sí estamos haciéndolo.

En relación con lo que usted llama ley Zaldívar, en realidad es un transitorio a la reforma del poder judicial donde se ampliaba el mandato del presidente y tiene una acción de inconstitucionalidad pendiente. Nosotros planteamos un amicus curiae, —un amigo del tribunal—, un escrito donde se trata de documentar que se impone a través de una reforma de una ley que además es inconstitucional y viola estándares internacionales. Hay todo un frente a nivel nacional e internacional de defensa.

La resolución la tiene que hacer la Corte y concretamente su presidente, quien ha mostrado –y ustedes pueden ver el historial en los medios de comunicación– no mucha claridad en cuanto a las posturas de defensa del poder judicial. Hay mucha ambivalencia, es cierto que Zaldívar ya renunció a esa ampliación del mandato, pero el problema no es que él acepte o no acepte, el problema es que ya hubo una imposición del legislativo y esa ampliación no solo es para él sino para el Consejo. El tema está abierto y será la Corte la que lo tiene que resolver y si no, nos iríamos a una vía internacional.

 

Ha trascendido que ante la vacante que dejará el ministro de la Corte Fernando Franco, ésta podría ser cubierta por un militar, pese a los impedimentos e inconvenientes que existen. ¿Qué riesgos se corren si se diera esta posibilidad?

Los criterios para nombrar a un ministro están dados en la Constitución, el problema también es estructural porque hay que modificar la forma de escoger a los ministros. En última instancia siempre queda el hecho que los ministros de una terna que proponga el presidente, van a ser propuestos por el ejecutivo. En otros países hay modelos distintos donde el proceso es transparente, las personas que consideren que tienen capacidad para ser ministros o ministras someten su nombre.

Ahora, si quieren hacer ustedes una reforma de calado para fortalecer el poder judicial tenían que haber empezado con una reforma al nombramiento de ministros, porque el presidente propone a tres, un militar y otras dos personas, cualquiera de los tres que queden son propuestos por el ejecutivo. El tema no es que uno diga que el ministro que escojan no va a ser independiente, pero no es solo serlo sino parecerlo…

Aquí lo que puede cuestionarse es la política que existe de otorgarle al ejército, a las Fuerzas Armadas, funciones que no le son propias de su mandato. No me refiero a que si se nombra o no a un militar, sino a qué se debe esa propuesta, ¿qué hay detrás?, porque se le han otorgado una serie de prerrogativas y funciones como que manejen hasta las aduanas. El papel del ejército en una democracia, es estar acuartelado, no más de eso y eso no es lo que estamos viendo.

Otra de las obsesiones del presidente es acabar con los miembros del INE y del Trife, a los que se pretende castigar con una reforma electoral que conlleve una remoción de magistrados y de consejeros ¿Qué daño puede causar una contrarreforma que busca el desequilibrio electoral para favorecer el triunfo de Morena en 2024?

Vi varias cosas de las propuestas de reforma, cualquiera que hace una lectura rápida, inocente, uno dice esta reforma en principio busca proteger y ampliar derechos políticos, derechos de representación pero termina uno de ver la justificación y uno piensa no es para tanto lo que va a cambiar.

Pero dónde está realmente la justificación –y ahí es donde está la trampa, dicen hecha ley hecha la trampa– tiene que ver con materia de transitorios que se ponen al último para implementar esta nueva ley. Hay que destituir a los magistrados, nombrados por las razones que sean, y poner eventualmente magistrados a modo, que vengan con compromiso para serlo, es lo que hay detrás.

Cuando leo transitorios, es importante que las personas privadas de libertad sin condena puedan votar, es un derecho político pero para eso no hay reformar la constitución, ni crear una nueva ley. Se declara inconstitucional el impedimento y el Tribunal y el INE, tienen que generar la posibilidad de que una persona privada de libertad pueda votar, eso ya existe en todos los países.

Veo otros problemas, veo que en la politización de la justicia si se quiere sacar a un enemigo político de una candidatura se le acusa de un delito y ahí si es diferente porque entonces la limitación es acusar a una persona. Por lo que vi  se le aplica prisión preventiva y ya no puede participar con una candidatura, como estuvo amenazada la hoy titular de la gubernatura en Chihuahua, Maru Campos, ¿por qué eso no lo van a reformar?, el Comité de Derechos Humanos ha dicho que la prisión preventiva no puede ser un obstáculo para ejercer el derecho político para ser electo porque ya no es el derecho político a votar sino a ser electo, como le pasó a Lula Da Silva, que lo acusaron de un delito, está prisión preventiva y automáticamente no pudo ser candidato.

Si quieren hacer una reforma de verdad, por qué no eliminan esos impedimentos o utilizaciones perversas para sacar a contendientes políticos del escenario. Esto es como una reforma a medias, un maquillaje, mucha lectura, mucha narrativa, mucha capacidad para hacernos pensar que la reforma electoral conviene.

¿Cuáles son los momentos para hacer una reforma? Inclusive que fuera buena y de gran calado —que no lo es—, este no es el momento político para hacerlo, vienen unas elecciones de por medio. O bien, si lo van a hacer, van a tener que hacer un transitorio para que tenga una entrada en vigor no para este proceso electoral —que está contaminado—, sino para otro momento.

Son discursos, son narrativas muy creativas que lo que hacen de alguna manera es ir controlando las instituciones, desmantelándolas, poniéndolas a modo y esa es una forma más de destruir o de cooptar las instituciones públicas y democráticas con muy alto riesgo.

 

Hace unos días, presidentes de los partidos de oposición acudieron a la OEA para denunciar la injerencia del narcotráfico en las pasadas elecciones. El presidente respondió que no va aceptar ninguna injerencia, es un presidente que no escucha, ni atiende…

Le voy a decir algo, no le voy echar toda la culpa al presidente, como no le echaba toda la culpa a Trump. ¿Por qué Trump?, porque no se ha sabido defender a las instituciones por parte de los funcionarios públicos, por falta de estructuras o verticalidad en el poder, o porque no hay una cultura política y cívica que declare que es inaceptable el abuso del poder de la autoridad y el por qué votamos por estos desfiles de candidatos.

Hay una responsabilidad compartida, es decir, ¿tenemos el presidente que nos merecemos, tenemos el presidente que necesitamos? Ese es el problema. Responsabilizo a un todo, incluso es una responsabilidad social, por qué votamos, por que no votamos, cuál es la responsabilidad de los partidos políticos que permiten, que tratan de justificar que ante la inoperancia, la corrupción o la falta de un gobierno adecuado y representativo, entonces vienen candidatos que ofrecen el oro y el moro y pasa lo que pasa, esto es mundial.

La pregunta es por qué la Corte Suprema o por qué el presidente Arturo Zaldívar no asumen la defensa institucional objetiva e integral del poder judicial ante los ataques inminentes, escandalosos que se hacen desde otro poder.

Un ejemplo, cuando Trump amenazó con poner una normativa discriminatoria a migrantes que venían de países musulmanes –genérica–, un juez de un condado dijo ¡no la voy aplicar presidente!, es decir, aplicó el derecho y aplicó la justicia. ¿Sabe cuál fue la reacción del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia ante ese hecho?, le dijo señor presidente, usted desde el ejecutivo no puede generar presión para que un juez federal resuelva o no a su normativa. Se defendieron las instituciones.