Guste o no, la reforma electoral de 2014 funciona muy bien, podría mejorar claro, pero hagámoslo en 2025.
En algún momento de 2019 cuando el oficialismo nos compartió casi un centenar de proyectos de reforma para desaparecer al INE creí –y sigo creyendo– que, si eso llegara a pasar, tendríamos que defender a capa y espada la existencia y funcionamiento de los órganos públicos locales electorales (Ople’s), algo así como, si me dan a elegir entre cortarme una mano o el brazo entero pues, adiós mano. También he sido insistente en público y en privado, que no hay que reformar nada del sistema nacional de elecciones, absolutamente nada ¿Por qué?
Si bien es cierto que el oficialismo podría reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no es menos cierto que ésta es, de alguna forma reglamentaria del artículo 41 constitucional, o sea, la ley general está anclada a un largo y farragoso capítulo constitucional que así fue diseñado justo para evitar tentaciones y pulsiones autoritarias, hasta la reforma de 2014, después de cada elección cambiaban algunos preceptos no porque fueran urgentes o necesarios, se hacía como moneda de cambio para tranquilizar a esa enfadosa pseudo izquierda ahora disfrazada de movimiento transformador, pero que no es más que una vulgar puesta en escena de populismo sin sentido.
O sea, los actores políticos con tal de no enfrentarse al eterno candidato, actual jefe del ejecutivo, cedieron en la construcción de un sistema de elecciones difícil de entender, muy complicado en su manejo y que se ancla en la desconfianza, pero que a pesar de ello funciona a la perfección, así quedó demostrado en 2015, en 2018, en junio de 2021 y en la organización de la consulta popular.
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Sin embargo, el presidente esta obcecado con la idea de cambiar de consejeros y de magistrados electorales, baraja nueva. En el fondo tiene algo razón, algunos –pocos– merecen ser despedidos, pero hacerlo implica abrir la caja de pandora, reformar la ley y de paso la constitución, porque nadie en su sano juicio va a firmar su renuncia y no hay un proceso de remoción claro, como si existe para limpiar los consejos generales de los Ople´s en los estados.
Pues a pesar de ello, importantes profesionales de la materia electoral, apoyan y proponen la posibilidad de darle un giro dinámico al sistema nacional de elecciones ¿no entienden a lo que nos enfrentamos? ¿no logran comprender que sus esfuerzos intelectuales solo sirven para fortalecer el discurso presidencial para debilitar la institución? ¿no son conscientes de las barbaridades de las que son capaces los legisladores del oficialismo con tal de recibir la aprobación de su líder político?
No podemos pecar de ingenuos, si abrimos la puerta a una reforma electoral en una de esas nos regresan la organización de la elección a la Secretaría de Gobernación, después no salgamos a llorar lo que no pudimos defender como ciudadanía…