CEl Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados, el 1º de octubre pasado, una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política; Reforma, que es de alto impacto con relación al actual modelo energético, en específico, al sector eléctrico, sin embargo, tiene implicaciones también en el sector de los hidrocarburos.
Al respecto existe un planteamiento del partido en el poder, a través del Ejecutivo federal, y por el otro lado los puntos de vista de dos fuerzas de oposición, PAN y PRD que se oponen tajantemente a dicha reforma, la tercera fuerza, en el PRI han expresado sus planteamientos, que deben de ser analizados, y no solamente se deben conformar con la renuncia del actual director de la CFE para nombrar en su lugar al “priista” Murat gobernador de Oaxaca; deben debatir y confrontar ideas, dar espacio al diálogo y a la construcción de acuerdos. Se debe consensuar la extrema polarización política, construyendo un espacio que haga posible el entendimiento de las posturas contrarias, y encontrar una solución alternativa a la planteada por el Ejecutivo Federal. El proyecto legislativo de reforma constitucional enviado al Congreso por el Ejecutivo, nulifica la reforma en materia energética del año 2013, cuando se propició la apertura en la producción de energía eléctrica preferentemente a partir de energías limpias como la eólica y la solar, y estableció un órgano independiente de control para producción de electricidad, ahora el proyecto de contra-reforma Desaparecen los organismos autónomos, La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que se crearon desde antes de la reforma energética, pero ésta última aumentó su independencia, y pretende asignar a la CFE el control convirtiéndola en juez y parte, ya que es actora en la producción de electricidad preferentemente a partir de combustibles fósiles, carbón o petróleo; y con la propuesta del Presidente controlaría las tarifas y producción de los demás productores de electricidad.
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La reforma de la Constitución Mexicana debe tener como objetivo la búsqueda de mejores escenarios que hagan posible la solución de nuestros problemas actuales, con una visión de futuro dentro de la globalidad mundial, honrando los compromisos contraídos por México en los foros internacionales sobre desarrollo sustentable y cambio climático. Los desacuerdos son la manifestación de nuestra sociedad cada vez más compleja, en la que parece casi imposible encontrar soluciones para las múltiples exigencias de la sociedad.
La discusión del proyecto de la reforma constitucional es la oportunidad para los partidos políticos de oposición de sacar sus mejores jugadas, con argumentos jurídicos, dentro del respeto a la propia Constitución, en concordancia con sus estatutos y programas de partido y a la exigencia de la población, sin olvidar que el encargo que ostentan es por mandato de toda la sociedad a la que representan. Los diputados y senadores del PRI tienen la oportunidad de demostrar de que está hecho ese partido, y si continua representando las mejores causas de los ciudadanos o si acaba siendo comparsa del partido en el poder para salvar los intereses de algunos de su grupo.
La eficacia del sistema político requiere de consensos que privilegien al interés general de la sociedad. Toda decisión implica definiciones con costos y ventajas para los actores políticos. La auténtica democracia no se agota en las urnas, va más allá de la democracia electoral; supone una participación real de los ciudadanos en la elaboración de leyes y de las políticas públicas. Para esto, lo procedente sería convocar a una amplia reflexión; pero antes se debe consensuar la extrema polarización política, construyendo un espacio que haga posible el entendimiento de las posturas contrarias y la suscripción de los compromisos ineludibles para la nueva conformación del Estado mexicano. Los tiempos actuales son tiempos de actuar con decisión, de actuar y decidir con visión de futuro, estamos construyendo el México del tercer milenio.
Los mexicanos queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos erradicar la impunidad, queremos rescatar los valores éticos de convivencia, pero no queremos vivir en un Estado militarizado en el que se violenten los derechos fundamentales de las personas, queremos vivir en un Estado en donde se respete la dignidad de todos los ciudadanos. Es cierto que el presente que vivimos en el México de nuestros días no resulta especialmente luminoso, inmersos en una crisis económica, de salud y de seguridad pública sin precedentes; la desilusión, el escepticismo y la rabia social ante la mediocridad de quienes dirigen los destinos del país se acrecientan; se percibe por un lado un ánimo de cambio y por otro parece existir una depresión social que se filtra por los vasos comunicantes de toda la sociedad.
Ante la cerrazón y falta de visión de estadista del Presidente y de la generación de políticos que lo rodean y que se encuentran al frente de la vida pública, la sociedad civil debe elevar la voz y hacerse presente imponiendo su vinculación en la generación de iniciativas y propuestas para planes, programas y proyectos de carácter público, y desde luego, para establecer mecanismos de control sobre los representantes elegidos popularmente, los servidores públicos y sobre toda la gestión pública. La gobernabilidad y las políticas públicas deben generarse a partir de un diálogo con la sociedad, como productos del consenso de grupos específicos y actores sociales reales. Esta es la vía institucional y el cauce político que debe privilegiarse si verdaderamente se quiere evitar un estallido social de alcances imprevisibles, proveniente del México bronco que se exterioriza en los sesenta millones de pobres que ha generado el modelo de desarrollo imperante.