Los avatares legislativos y las negociaciones políticas para pasar la Reforma Constitucional en materia Energética, enviada como proyecto legislativo del Presidente, se ha convertido en el eje de la batalla política legislativa, y ha servido de distractor en la discusión y aprobación del Paquete Fiscal para el próximo año, que deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre, Paquete que consta de cuatro proyectos: los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal.
En los Criterios Generales de Política Económica se establece la información de las proyecciones respecto del comportamiento de las tasas de interés, la inflación, el tipo de cambio con respecto a nuestra moneda, y la expectativa de crecimiento económico así como la perspectiva en contexto internacional.
La iniciativa de Ley de Ingresos contiene la estimación que el gobierno Federal hace sobre los ingresos que obtendrá para el próximo año que derivan de contribuciones, ingresos de sus empresas paraestatales derechos, ingresos derivados de financiamiento, entre otros.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establecen las asignaciones programadas del gasto público para el próximo ejercicio fiscal. Incluye la asignación de recursos para las dependencias del sector central, órganos autónomos, programas sociales, obras de infraestructura entre otros, este deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre conforme a lo ordenado por la fracción IV del artículo 74 constitucional. Mientras que en la Miscelánea Fiscal se contemplan las herramientas o instrumentos legales para la consecución de la política tributaria, y para incrementar la recaudación, para sancionar evasión, evitar la condonación, así como las malas prácticas fiscales y la actualización de cuotas, tarifas de derechos y otros conceptos.
Los acuerdos y las negociaciones entre las fuerzas políticas repercutirán y contaminarán en los próximos días, el paquete fiscal para el 2022, tanto la propuesta de Ley de Ingresos como el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
El contexto de la Política Fiscal debe ser entendido en el marco de la crisis económica provocada por la pandemia y el nulo crecimiento de las inversiones, que desde hace tres años ha venido enfrentando la falta de confianza en los inversionistas lo que se han reflejado en tasas insignificantes de crecimiento económico, lo que crea un claro estancamiento. En este lapso no se ha impulsado el crecimiento de la recaudación de ingresos públicos, en virtud de que la reducida tasa de crecimiento, y particularmente los periodos de estancamiento y caídas del Producto Interno Bruto (PIB) han propiciado una disminución de la planta productiva y el empleo, y se ha reducido la efectividad de las mini-reformas emprendidas para gravar en forma creciente a empresas y ciudadanos. El resultado de estos procesos ha sido que la base fiscal no ha crecido lo suficiente para aumentar la recaudación y distribuir la carga fiscal en forma más equitativa.
Conviene recordar que nuestra Constitución señala que México es una federación en la que los tres ámbitos de Gobierno poseen algún grado de autonomía, tanto en su capacidad para recaudar ingresos como en sus decisiones de gasto. En la realidad tal autonomía ha estado limitada por el Gobierno Federal. La gran mayoría de los ingresos estatales y municipales, son transferencias (participaciones) provenientes del Gobierno Federal.
Por el lado del ingreso el avasallamiento federal tiene su explicación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que se diseñó con un espíritu fundamentalmente resarcitorio, para compensar a las entidades los ingresos que habían dejado de recibir como resultado de que a partir de 1980, el Gobierno Federal se hizo cargo de recaudar el IVA.
El Gobierno federal recauda los impuestos con las bases impositivas más amplias, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de algunas otras bases impositivas menores. Los gobiernos estatales, por su parte, tienen acceso a bases impositivas muy reducidas, entre las que destaca el impuesto sobre nóminas y las participaciones en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios. Esto es, los gobiernos estatales delegan su capacidad recaudatoria al Gobierno Federal, a cambio de recibir participaciones federales.
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Por el lado del ejercicio del gasto público, su funcionamiento ha sido altamente discrecional y menos sistematizado, debido a que, no ha existido, sino hasta recientemente, una definición clara de funciones entre los ámbitos de gobierno. Tradicionalmente los gobiernos estatales han tenido un grado muy bajo de autonomía en lo que concierne a sus decisiones de gasto. La descentralización del gasto no necesariamente ha implicado mayor autonomía para gobiernos estatales y municipales, ya que la mayor parte de los recursos descentralizados han sido gastos condicionados, o “etiquetados”.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) estima el gasto del Gobierno Federal en 7.1 billones en el 2022, que representa un aumento de 8.9 por ciento con respecto a lo aprobado para este año 2021. En el PPEF 2022, el presupuesto para la atención de salud aumenta en el ISSSTE (3 por ciento), el IMSS (8 por ciento), y la Secretaría de Salud (28 por ciento). En total, el sector salud recibirá un incremento de 131 mmdp en comparación a lo previsto para 2021, esto debido a las pensiones, que representan la mitad del presupuesto del sector.
Para los Programas prioritarios, no se propone ningún nuevo programa para la reactivación económica. Se propone un gasto de 390 mil 299 mdp para 8 de los programas sociales del Gobierno para 2022, 36 por ciento más a lo estimado para 2021, este incremento se debe en gran parte al aumento del presupuesto de las Pensiones para Adultos Mayores.
En cuanto a los órganos autónomos, en general se observa una reducción en el presupuesto de casi todos ellos. El Instituto Nacional Electoral es el que mayor se verá afectado en 2022, con un recorte de 11 por ciento.
Para los legisladores pareciera prioritario el tema de la reforma constitucional en materia Energética, mismo que ha sido abordado y lo seguirá siendo, matizado por las incongruencias, e incoherencias ideológicas de las alianzas coyunturales entre las denominadas izquierdas y por el otro lado de los tres partidos de oposición lo que ha propiciado que se pierda el sentido entre lo importante y lo urgente.
“Cosas veredes Sancho que harán fablar las piedras”.