La reforma constitucional en materia energética de 2013 y 2014, de Enrique peña Nieto, fue un despojo al país de su industria eléctrica. Estableció un sistema eléctrico cuyos verdaderos objetivos fueron, además del despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados a una parte del sector privado.
Es urgente la reforma eléctrica, de lo contrario, la CFE tendrá un quebranto anual de 215 mil millones de pesos, cantidad que sumada a lo que tiene que comprarles a los privados asciende a poco más de 222 mil millones de pesos anuales. Los partidos políticos que aprobaron la reforma energética del 2013 fueron omisos y permitieron que se obligue a la CFE a comprar con privados energía que no tiene para cumplir con el despacho diario, mercado de corto plazo, así como con los contratos legados.
Dicha reforma significó el menoscabo de los derechos históricos de la nación sobre el patrimonio energético, se puso en marcha el desmantelamiento de una industria eléctrica de carácter integral, resultado de décadas de esfuerzos ciudadanos y gubernamentales, provocando el debilitamiento del sistema eléctrico nacional, la seguridad energética y la seguridad nacional.
Debe rescatarse, reformarse y transformarse a la CFE, para restablecer un sistema eléctrico comprometido con la sociedad, que asegure el abastecimiento confiable de energía eléctrica a precios bajos.
Pese al enorme logro de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, como el ex presidente Adolfo López Mateos lo advirtió, continuaron iniciativas presidenciales para restituir la presencia extranjera en el sector eléctrico.
En diversos momentos, los gobiernos anteriores al de Peña Nieto, intentaron despojar al país de su industria eléctrica. Carlos Salinas de Gortari, en la negociación del TLC, aceptó que el autoabastecimiento, generación independiente y otros, no eran servicios públicos; argucia para permitir la inversión privada extranjera. Ernesto Zedillo alegando que el reto de la expansión y modernización del sector eléctrico representaba cuantiosas inversiones, propuso la participación privada extranjera. Por desacuerdo con el PAN, esa reforma no prosperó.
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Vicente Fox intentó ampliar la participación a la inversión extranjera a través de una modificación al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Dicha maniobra fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Felipe Calderón intentó reformar las leyes secundarias en materia de hidrocarburos, modificando la estructura de Pemex para abrir la presencia al sector privado a través del contratismo. Por la movilización popular, dicho intento también fracasó.
Con la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, enviada por el presidente López Obrador es posible devolverle a la nación el control de este sector prioritario para el desarrollo del país.
La reforma revertiría esta situación, de aprobarse, sería posible que México contará con tarifas eléctricas con precios por debajo de la inflación, avanzaríamos hacia energías limpias y para los empresarios honestos, seguiría siendo un buen negocio. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La Política es de bronce.
@onelortiz