En México, más del 25 por ciento de la población vive y trabaja en el campo, en el espacio rural. De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA)* de la Cámara de Diputados, 9 de cada 10 productores en el sector agropecuario, forestal o pesquero, son pequeños y medianos. En ellos recae más de la mitad de la producción nacional, son generadores del 60 por ciento del empleo pagado en el campo, son proveedores de materias primas y ayudan a sostener la seguridad alimentaria del país y la diversidad y nutrición a nivel mundial.
Se trata de un sector que no sólo contribuye con la alimentación sino con la estabilidad social, porque mientras haya alimentos, hay tranquilidad social como se ha vivido durante la pandemia del COVID-19. Etapa en la que el campo nacional no dejó de trabajar, de producir y de mantener su contribución al PIB. Eso lo ubica en el cajón económico y en el renglón de la seguridad nacional. Sin embargo, nada de eso convence a la cuatroté para que le otorgue un presupuesto que le permita fortalecerse y ser factor para remontar la crisis que nos ha dejado esta pandemia. No, el interés presidencial es social, clientelar con un claro objetivo electoral.
Durante su comparecencia de la Glosa en San Lázaro, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos, reconoció que la propuesta presupuestal para 2022 es menor a lo que se destinaba en sexenios anteriores. Sin embargo, alegó que esto no tiene por qué impactar la producción en el campo. ¿Será que él podría trabajar sin que le pagaran? Asegura que no hay una correlación directa entre presupuesto y productividad si este no se maneja con transparencia y sin corrupción. En refuerzo, la diputada de MORENA, María del Carmen Bautista, arengó que “no es un tema de recursos, es un tema de orden, de disciplina, correcta aplicación y cero tolerancia a la corrupción. El dinero público para el campo ya no se destina a los amigos”. ¿Así justifican la desaparición de programas, como Crédito Ganadero a la Palabra, y mayores recursos a programas presidenciales?
En la réplica la oposición subrayó la opacidad y abandono. La diputada panista, Sonia Rocha Acosta, exigió la explicación de la desaparición de 17 programas que “si bien no eran perfectos había reglas de operación y los productores contaban con una puerta para solucionar sus necesidades”. Por su parte, la diputada priísta, María del Refugio “Cuquis” Camarena, del PRI, lamentó que la distribución del presupuesto y los apoyos no llegan, “y a pesar de ello, las familias agrícolas y rurales han mantenido a flote el sector primario, enfrentando en muchas ocasiones con sus propios recursos, la falta de apoyo del gobierno federal”.
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Y es que de acuerdo con las Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2018-2020, elaboradas por el CONEVAL, si bien en el ámbito rural los niveles de pobreza se mantuvieron casi sin cambios durante ese periodo –pese a la inyección de miles de millones de pesos que presume la cuatroté- “el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7.0% a 8.5% entre 2018 y 2020 y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas”. Si a esto se le suma la creciente inflación, el abandono gubernamental a la producción de alimentos, el desempleo y la contracción económica global que ha dejado la pandemia –con todo y las cadenas de suministro rotas- es urgente llamar la atención sobre la magra propuesta presupuestal para el campo que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo para el 2022.
La ruta presupuestal para el sector ha pasado de 74 mil mdp en el 2018, a 65 mil mdp en el 2019, reduciéndose a 47 mil 576 mdp en 2020, con una ligera alza a 49 mil 291 mdp en el 2021, y para 2022, rondará los 53 mil mdp. Se trata de una política de indiferencia de la cuatroté para los agricultores, pescadores, ganaderos, apicultores y demás productores de todas las ramas productivas, a los que parece decirles que, si quieren seguir dedicándose a las actividades primarias, deberán hacerlo solos, con sus propios recursos, quienes lo tengan. ¡Primero los votos!
Luego de pasar por el mayoriteo de Morena y sus satélites en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, para evitar cambiar ni una coma a la propuesta enviada desde la Presidencia, se discutieron y aprobaron las reasignaciones presupuestales en la Comisión de Presupuesto, donde destacan una ampliación para la SADER de 2 mil 700 mdp -precisamente de los que quitarán al INE- que serán destinados prioritariamente al programa de Fertilizantes y a la Secretaría del Bienestar, desde donde se orientarán al programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Evidentemente no es un beneficio sectorial, sino clientelar para seguir comprando votos para MORENA con el erario de todos.
Aunque para los programas de la SADER las variaciones presupuestales son mínimas, más del 68 por ciento de los recursos que operará se destinarán a siete programas: Producción para el Bienestar; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; Fertilizantes para el Bienestar; Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura; Programa de Abasto Rural (DICONSA); Programa de Abasto Social de Leche (LICONSA) y Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Este comportamiento presupuestal es observado en análisis realizados por separado por el CEDRSSA y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) respecto al Programa Especial Concurrente (PEC), la supuesta articulación de acciones de 12 secretarías para atender al campo. Ambos organismos coinciden en que, en los últimos años el presupuesto para el campo se ha centrado en darle más peso a los incentivos sociales que a la productividad, la competitividad o la innovación tecnológica, afectando estructural y gravemente a otras áreas estratégicas como el financiamiento, el aseguramiento catastrófico y la economía social. Y la propuesta del PEF 2022, indica que lo que resta del sexenio, persistirá la dispersión de recursos públicos con fines sociales y electorales.
Aunado a este negro panorama presupuestal, se avizora la implementación del llamado Régimen Simplificado de Confianza, donde la intención de cobrar tasas impositivas bajas, enmascara la eliminación de los llamados AGAPES (tratamiento especial a las personas físicas que desarrollan actividades en el sector primario) para lograr el pago generalizado del ISR; eliminar las deducciones y de paso, estigmatizar la pertenencia a cualquier tipo de organización social (uniones de crédito rural, asociaciones agrícolas o ganaderas e incluso, módulos de riego modelos de trabajo necesarios para la producción y productividad). A este gobierno no le conviene una sociedad civil organizada.
Por si fuera poco, a lo anterior hay que sumarle que los productores del campo también deberán enfrentar el incremento a las tarifas de agua y la postura adversa de la cuatroté a la generación de energía solar para el riego por bombeo. ¿Seguirá el crecimiento inercial del sector primario y su aportación al PIB?
La orientación e intencionalidad que reviste la propuesta presupuestal para el próximo 2022, refrenda tácitamente que, para el inquilino de Palacio, la productividad del campo no es prioridad en modo alguno y por tanto no tiene cabida en la cuatroté, en contraste con los programas clientelares que han sido observados por los mismos órganos fiscalizadores del gobierno por opacos y por no presentar resultados de impactos positivos ni en la producción, ni el combate a la pobreza. Se recargan las arcas para ir a la cosecha de voto…
*Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria CEDRSSA. Evaluación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable a la Luz de sus Objetivos Prioritarios. http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/19/87EvaluacionPECDRS.pdf