Durante estas últimas semanas, los estados del norte del país, particularmente Sinaloa, Sonora y Baja California, e incluso, los del centro, como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, reciben a miles de jornaleros para trabajar en sus campos agrícolas. La mayoría, procedentes de comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que, en gran número, llevan con ellos a toda su familia.
En una migración probablemente engañosa por coyotes o enganchadores que los transportan en condiciones precarias a galeras –si bien les va- donde pernoctan hacinados y a veces pueden acceder a instalaciones sanitarias y en mucha menor medida, a servicios médicos y educativos para sus menores, cabe preguntar cuál es el papel del Estado en la protección de este sector de la población rural, siempre desprotegido y precarizado, tanto por la precarización de sus ingresos como por su constante peligro para ser víctimas de diversos tipos de trata.
Y es que la mayoría de las veces, los jornaleros agrícolas no siempre llevan a sus lugares de empleo sus actas de nacimiento, CURP o algún otro documento oficial ni para ellos ni para los menores que los acompañan y que dependiendo la edad, también se suman a la fuerza laboral. Estas circunstancias los convierte prácticamente una población “invisible” para los programas sociales, como los de vacunación que, en medio de esta pandemia, los convierte en un foco de atención para todos, menos para las autoridades ni federales ni estatales.
Con anterioridad, la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (@RAgricolas) y la organización Alianza Campo Justo ya han advertido y documentado la muerte por COVID de los jornaleros agrícolas, incluso en los mismos surcos, y la imposibilidad –por la misma enfermedad- de que sus deudos trasladen los cuerpos a sus comunidades de origen.
Entonces ¿cuál es la respuesta del gobierno mexicano para esta población vulnerable? Si bien hay esfuerzos aislados en algunos estados, la falta de una estrategia gubernamental es evidente a todas luces. Apenas en estos últimos días, estados como Sinaloa o Sonora reportan la aplicación de apenas algunos miles de vacunas, lo cual está muy lejos de cubrir a una población de jornaleros agrícolas migrantes que se estima entre 5 y 8 millones de mexicanos. (Ni un censo decente han merecido).
Los jornaleros agrícolas no pudieron darse el lujo de “quedarse en casa” por las condiciones de marginalidad en las que viven en sus lugares de origen y que las obligan a buscar oportunidades laborales sí o sí en los campos agrícolas del norte del país, pese a todos los peligros que corren. Aunado a ello, la amenaza de muerte por enfermedad que agrava las condiciones laborales, lejos de ser atendida por alguna institución del gobierno o sus propios empleadores, escala el conflicto con la falta de una estrategia de salud donde las inmunizaciones vayan a los lugares de trabajo. Al momento, en México no hay evidencia o reportes de brigadas de inmunización que se trasladen a los campos agrícolas, como en otros países.
El lugar por todos conocido, ese del “trabajo de sol a sol” es una realidad cotidiana para los jornaleros agrícolas y sus familias, que casi nunca obtienen el permiso de su empleador para poder ir a vacunarse, ni tienen un horario compatible con los horarios de inmunización o siquiera, un centro de vacunación cercano, como podría ser una realidad también en el México rural. Así, los jornaleros migrantes, esos a quienes ninguna institución atiende –llámese Secretaría del Trabajo (encabezada por @LuisaAlcalde), Secretaría de Salud (@SSalud_mx), o SADER (@Agricultura_mex)- seguirán siendo una población invisible en tanto no se articule una estrategia compartida que vele por la salud y bienestar integral de quienes hacen posible que los alimentos lleguen a nuestras mesas.
Los chapulines y el presupuesto
La friolera de 290 mil millones de pesos son los que estarán a cargo de la nueva operadora de los programas sociales del gobierno federal y que recientemente relevara al tabasqueño Javier May, que de operar el opaco y clientelar programa Sembrando Vida, pasa ahora a la rifa del tigre del Tren Maya. Quien lo sucede, Ariadna Montiel Reyes, llegó a la política dentro de las huestes del innombrable profe de las ligas de infausto recuerdo, René Bejarano, así que ya se vislumbra la ruta que seguirán los padrones y los recursos. A Montiel Reyes también las madres trabajadoras mexicanas le deben la desaparición –sin mayor prueba ni argumento- del programa de las estancias infantiles. Total, los bebés ni votan.
Y ya que hablamos del oscuro programa de Sembrando Vida este también sirve al gobierno de México para tratar de ampliar su influencia geopolítica y con nuestros impuestos, ese programa llegará ahora a Haití y Cuba. Y mientras, ¿qué hace el Senado mexicano (@senadomexicano) con la política de no intervencionismo? ¿Alguna reacción de la Cámara de Diputados (@Mx_Diputados)? ¿De la Secretaría de Hacienda o de Salud que escatiman en cosas realmente importantes para el país? No, nada. Si no la hubo cuando el multicuestionado y opaco programa llegó con millones de dólares a Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿qué podemos esperar? Que sigan caravaneando con impuestos ajenos. ¡Todos papando moscas!