«imago animi sermo est»
La palabra es la imagen del alma
La libertad de expresión, la libertad de imprenta y el derecho a la información, son derechos que los mexicanos hemos conquistado a pulso. La Constitución los consagra precisamente porque toda persona tiene derecho a exteriorizar su pensamiento, facultad que representa una de las más importantes formas de la libertad individual.
El derecho a la información y la libertad de expresión, en todas sus modalidades, son derechos humanos fundamentales; imprescindibles para el desarrollo genuino de una cultura de la comunicación, sustentada en el respeto a la diferencia y en el fomento a la tolerancia; aspectos ostensibles en una sociedad que, como la nuestra, aspira al perfeccionamiento de la democracia en un clima de libertad, pero también de convivencia social armónica.
La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo. Respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa, es respetar nuestra propia libertad de palabra.
La historia de la libertad de expresión y del derecho a la información tiene estrecha relación con la historia de la libertad de imprenta y el origen y desarrollo de los medios de comunicación masiva.
En México a pesar de la regulación constitucional y legal en nuestro orden jurídico, la libertad de expresión, en la realidad, actualmente constituye un ejercicio complejo y en ocasiones reprobado desde la tribuna del Ejecutivo Federal, y cada vez con mayor intensidad, el ejercicio periodístico se ha convertido en una actividad peligrosa.
El aumento de homicidios, agresiones y descalificaciones públicas en los últimos años en contra de comunicadores, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros, quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión, es prueba de lo anterior. Un agravante mayor es la situación de impunidad en la que se mantienen los crímenes cometidos contra quienes comunican hechos y ejercen su opinión libremente.
En este año, cinco periodistas han sido asesinados: tres en Tijuana, Baja California; uno en Veracruz y uno más en Michoacán. El homicidio de la periodista, Lourdes Maldonado, el 23 de enero, volvió a exhibir la violencia en contra de quienes ejercen la profesión del periodismo en México, y la gran impunidad que existe, dado que asistió a una de las mañaneras a Palacio Nacional para solicitar el apoyo del presidente porque temía por su vida.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que más del 90% de los homicidios quedan impunes en México. Según la Secretaría de Gobernación, al mes de enero del 2022 se tenían registrado 51 homicidios contra periodistas desde el inicio de la administración de López Obrador.
Las estrategias de seguridad gubernamentales han resultado ineficientes. Según “Reporteros sin Fronteras” México continúa figurando como una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, especialmente, para quienes investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado”.
Preocupa a muchos mexicanos el tener un Presidente soberbio y sobrado, que cree tener la única verdad y la fórmula única de solventar todos los males que nos aquejan, que no admite los cuestionamientos ni las críticas, un Presidente que requiere que le escojan la audiencia que asiste a sus conferencias de prensa de las mañanas, y en sus giras a los actos que preside para evitar que le espeten en el rostro un “no es bienvenido”.
Un presidente que en lugar de ejercer su derecho de réplica de manera razonada en contra de los reportajes de los periodistas que lo desvisten a él y a su familia, se dedica en público, a expresar injurias a diestra y siniestra, como lo ha hecho recientemente en contra de Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo “Brozo”, Carmen Aristegui, Denise Dresser entre otros.
Iniciemos, ya de manera perentoria desde la sociedad, una nueva etapa en la lucha por nuestras libertades, por los derechos humanos, si la institución responsable en la materia se hace invisible ante estos ataques que rompen los paradigmas de nuestro sistema jurídico; podemos apoyar al ejercicio de este derecho, dando cita a quienes tienen la palabra, el micrófono, la tinta y el papel con los que se establecerán los nuevos derroteros impulsores del respeto a la dignidad humana -antes y por encima de cualquier otro propósito- para ampliar los derechos fundamentales en el ámbito público de la crítica y el análisis para construir un nuevo marco democrático del ejercicio de la libertad de expresión.