Entrevistas con Jorge Bravo, presidente de AMEDI, y Juan Vázquez, Artículo 19

El 22 de abril de 2020, el presidente López Obrador definió al periodismo desde su particular punto de vista: “El buen periodismo es el que defiende al pueblo y que está distante del poder” y que “¿ustedes creen que no aburre abrir un periódico, El Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontraran nada bueno del gobierno? Todo malo, todo malo; pero no sólo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos”.

El presidente ha dado a conocer listados de periodistas que escriben negativamente de su gobierno –bajo el pretexto de que ejerce su derecho de réplica–, en algo que es calificado como acoso y ataques al derecho a opinar.

Las revelaciones de presuntos actos de corrupción en su administración, contratos de sus familiares, el dinero que fue entregado sin justificación aparente a dos de sus hermanos, el estilo de vida de lujos de su hijo mayor en Houston, ha provocado que López Obrador exija que se revelen los ingresos de periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.

Siempre conversó con Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), y con Juan Vázquez, oficial de comunicación en la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19. Ambos especialistas nos dieron a conocer sus puntos de vista acerca de la libertad de expresión en el actual contexto que vivimos.

Jorge Bravo: Se legitima ataque a informadores

¿Qué opinión le merece lo que está sucediendo en materia de libertad de expresión en el país en la actual coyuntura?

Es un tema complejo porque desde distintos frentes se ataca el derecho a la información y la libertad de expresión. En primer lugar desde la tribuna presidencial, desde la conferencia matutina del presidente, constantemente se ataca, se descalifica a medios de comunicación, a periodistas –en particular a Carmen Aristegui o Carlos Loret de Mola–, ese es un primer entorno.

Esto legitima que se ataque o agreda a estos informadores desde otros espacios, gobernadores, empresarios, y que la propia sociedad no tenga una noción de la importancia de lo que es el periodismo, además existe este clima de odio en las redes sociales y nuevas prácticas que atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión como el espionaje cibernético.

 

¿Qué sucede con el ciudadano que hace de la palabra del presidente un acto de fe, ante el exceso de información y no cuestiona?

El ciudadano está viviendo esta confusión. Primero hay que decir que al poder le interesa desacreditar a los periodistas, es su estrategia y al emplearla, el ciudadano se confunde porque empieza a no distinguir entre el trabajo periodístico y la conducta o los ingresos que pudieran tener un periodista.

Hay un tsunami de información, sobre todo por Internet y las redes sociales, de todas maneras sigue oculta o es opaca la información que realmente afecta al poder, esa información sigue sin ser revelada y cuando la da a conocer un medio o periodista, entonces el poder lo desacredita, se va contra sus ingresos, moral o ética y desvía la atención.

El presidente ha dicho que en este sexenio se ha garantizado como nunca la libertad de expresión, ¿es cierto esto?

No tiene un sustento real, porque no se puede decir que se garantiza la libertad de expresión cuando somos uno de los países que más mata periodistas, cuando se sigue espiando y cuando hay campañas de desinformación desde el poder, cuando los medios públicos ejercen un trabajo oficialista, sin embargo, hay que reconocer que desde el espacio de la conferencia matutina, como parte de la estrategia, sí ha ventilado muchos temas y esta provocación ha desatado un debate y ha ocasionado que todos se expresen sobre todos esto, pero de una manera sin que tengamos más documentación, información y es un tema tras otro de tal de manera que estamos en una mar encrespado de información, en donde el presidente, debo reconocer, ha ventilado temas que le correspondería a medios y periodistas cubrir, la diferencia es que no es un periodista, es el poder y éste busca concentrar, ocultar y fortalecerse.

 

El presidente también ha dicho que va a seguir ejerciendo su derecho de réplica, ¿realmente ejerce un derecho o abusa de la tribuna más importante del país?

El derecho de réplica se ejerce sobre hechos o datos inexactos o imprecisos, nunca sobre opiniones, ojalá lo hiciera, si realmente los medios están dando datos inexactos sería muy saludable para el derecho a saber de una sociedad que ejerciera el derecho réplica, pero tiene que cumplir con un procedimiento, tiene que decir cuales hechos y darnos los datos para desmentir, aunque sean sus propios datos, pero no es eso, el presidente tiene un exceso de derecho de réplica, tiene un espacio en el que, al menos, durante dos horas al día trata los temas, tiene espacios, medios públicos que reproducen la conferencia, directores de medios públicos que tuitean a su nombre y, por lo tanto, lo que sobra son espacios de comunicación.

Quizá lo que está mal es como comunica.

Juan Vázquez: No nos enfoquemos en el mensajero, sino en el mensaje

A partir de la experiencia de Artículo 19, con los asesinatos de periodistas, el acoso a quienes opinan distinto, ¿qué opinión les merece el tema de la libertad de expresión en el actual sexenio?

La situación que vemos da cuenta del deterioro de la libertad de expresión en México, en Artículo 19 estamos documentando una agresión cada 12 horas en el mismo contexto en el cual en lo que va del año se han registrado el asesinato de 5 periodistas en relación a su labor y hay que destacar que hay una parte fundamental para entender todo esto, que es la responsabilidad del Estado o, en este caso, la omisión o inacción con la que se ha desempeñado, en este sentido hay que entender que además de esa omisión, en términos de buscar justicia, de combatir la impunidad, hay una política –o algo que pudiera parecerse a una política– de llevar un discurso de ataque y no atender la problemática como tal, es decir, personalizar los ataques contra la prensa, estigmatizar la labor periodística y todo esto es llevarlo a un ustedes contra nosotros, en donde al final se reduce el discurso público a una militancia y no a una discusión de temas de interés público que puedan llevar a una rendición de cuentas.

 

El presidente ha dicho que en su gobierno se ha garantizado como nunca la libertad de expresión, ¿concuerdan con esas palabras?

Lo que vemos desde Artículo 19 es que ningún gobierno ha podido garantizar la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información de la ciudadanía, hemos documentado que a lo largo de los tres años que lleva este gobierno una serie de tendencias en términos de estos derechos que hablan de una vulnerabilidad total.

Si bien es distinta a la que observamos con Peña Nieto o Calderón, en donde claramente hay diferencias en como se ha utilizado el aparato del Estado para, en lugar de garantizar, vulnerar estos derechos, no hay una garantía por parte del Estado, no ha habido un cambio en ese sentido, que tanto dice el gobierno federal, no hay la transformación en ese sentido.

Pero también hay que decir que la impunidad del pasado, los crímenes que se cometieron antes de este sexenio y los que se cometieron en este contexto –son 30 asesinatos de periodistas en lo que va de este gobierno–, también son responsabilidad de las autoridades en turno.

El presidente ha dicho que va a ejercer su derecho de réplica, ¿realmente ejerce un derecho o es parte de esos mecanismos sutiles para atacar a quienes los critican?

Es importante entender que las funcionarias y los funcionarios públicos no son lo mismo que cualquier ciudadano para ejercer el derecho de réplica, al final, al ostentar un cargo público están obligados a tener un umbral mayor de tolerancia, porque todo lo que hacen es de interés público, en ese sentido la prensa cumple con su papel de cuestionar su papel, sobre todo en un contexto específico de crisis de derechos humanos que se mantiene todavía.

En problemáticas como la desigualdad, la pandemia, el periodismo ayuda a pedir la rendición de cuentas a las autoridades, en ese sentido, el presidente tiene que entender eso y la sociedad que él cuenta con mecanismos propios de comunicación, con todo el aparato del Estado, que es diferente a cualquier otro ciudadano, incluso de los propios medios o periodistas y las conferencia matutinas son prueba de ello, pues concentran la información en la figura presidencial y eso menoscaba la discusión pública en el sentido de que se le ha dado una cualidad que no ostenta, el decir que sí es o no periodismo, que sí o no es de interés público, en ese debate hay que entender que le presidente no es quien puede decidir eso.

 

¿Qué pueden hacer desde Artículo 19 para ayudar a la creación de órganos colegiados que defiendan al periodista en el actual contexto que se vive?

En principio, desafortunadamente se necesita voluntad política, si no la hay por parte del Estado de hacer lo que le corresponde conforme a la ley, a la Constitución, pues estamos en un grave problema.

Debemos tomar en cuenta que el Estado tiene todo a su disposición una fiscalía especializada para la atención de delitos contra periodistas, un mecanismo federal y estatales, un protocolo homologado para la investigación de delitos en contra de la libertad de expresión, tiene que haber colaboración entre las fiscalías estatales y la federal, todo está puesto, pero no hay voluntad política porque al final la violencia contra la prensa tiene un objetivo específico: los agresores –que pueden ser funcionarios públicos, que son al final los principales agresores de la prensa de acuerdo con la documentación de Artículo 19– buscan que no nos enteremos como sociedad de ciertos aspectos, por eso es importante que en la conversación pública no nos enfoquemos en el mensajero, sino en el mensaje.

@AReyesVigueras