La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en su informe de la cuenta pública 2020 irregularidades por 63 mil 10 millones de pesos mediante mil 616 auditorías practicadas al ejercicio de los recursos federales.

Los programas sociales, la pandemia y las principales obras insignias de la 4T: Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles son quienes protagonizan y están bajo la lupa. Si bien aún habrá que contrastar la información con los gobiernos locales y municipales, la dimensión de los recursos públicos observados, evidencia la enorme necesidad de impulsar mejoras concretas en la administración de los mismos. No basta con decir que ya se acabó la corrupción, que no son iguales, entre otros dichos, que lo único que provoca es: restarle la importancia requerida al dinero que se gasta de todos nosotros los mexicanos.

¿Cómo no van a suceder actos de corrupción o desvíos de recursos públicos cuando casi el 80 por ciento de los contratos se dieron vía adjudicación directa?

Las autoridades gubernamentales regularmente hacen compras o contrataciones para cumplir con el ejercicio de ciertas actividades. La mejor opción es a través de una licitación. Este es un mecanismo, donde las empresas o individuos participan ofreciendo sus servicios mediante precio y calidad, dando por ganador al mejor evaluado en cumplir con lo requerido. Por supuesto que este proceso puede ser vulnerado, simulado, entre otros factores, pero tiene un mayor control que la adjudicación directa donde no pasa por ningún mecanismo, salvo la decisión de la autoridad en elegir a su proveedor. La ley prevé que se hagan adjudicaciones directas por dos razones: 1) exista una patente que solo tenga cierto proveedor 2) emergencia sanitaria. Justo por esta segunda razón, usando de causal al COVID-19 se hicieron la mayoría de las compras, aunque las mismas no fueran ni relacionadas a esta pandemia. Basta recordar que una de las empresas del hijo de Manuel Bartlett, vendió al gobierno por 31 millones de pesos 20 ventiladores respiratorios, evidentemente a sobre precio del 85 por ciento con respecto al mercado.

¡Debemos como sociedad presionar! Si bien es imposible vigilar cada peso que se gasta en el gobierno como ciudadanos, ante estos reportes se debe exigir transparencia y rendición de cuentas. Se ha logrado presionar a servidores públicos y líderes políticos como lo fue en la designación de Félix Salgado Macedonio al gobierno del estado de Guerrero, el 8 de marzo en defensa de las mujeres, la destitución de Santiago Nieto, la defensa del INE ante los ataques reiterados de Andrés y muchos otros.

Hoy más que nunca la exigencia hacía nuestros gobernantes es indispensable para evitar abusos de poder.