En los últimos dos meses se ha advertido una ofensiva sin precedentes en las movilizaciones de las bandas criminales en toda la república y una fase de enfrentamientos entre ellas para la expansión de sus territorios de dominación. Ante la violencia callejera, la estrategia gubernamental de construcción de la paz podría estar llegando a su fin.
La propuesta del gobierno lopezobradorista era audaz: atacar la violencia criminal en sus causas sociales, pero con la cesión de espacios territoriales para lo que se conoce como gobernanza criminal o la decisión de las bandas de seguir operando a condición de contribuir a la disminución de la criminalidad.
Las bandas delictivas no entendieron el modelo de construcción de la paz y solo vieron un repliegue de las fuerzas gubernamentales de seguridad. Y como en la estrategia delictiva no hay vacíos de poder sino un juego de suma cero, nadie quiso abandonar sus dominios porque bandas rivales lo ocuparían.
La gobernanza criminal apreció como un modelo teórico de enfoques más académicos que operativos. Requería de cuando menos dos condiciones: mentes estratégicas en la dirección de los cárteles y acuerdos pactados bajo la dirección gubernamental. Hasta donde se tienen indicios, el gobierno mexicano trató de iniciar acercamientos con los cárteles para explicar la fórmula de la no-violencia, pero la revelación pública de algunos indicios de conversaciones generó respuestas críticas en la sociedad.
Los cárteles del narco carecían de una estructura de gobernabilidad interna. Su configuración se dio a golpes de violencia interna y de confrontaciones contra otras bandas. Los grupos con posiciones territoriales fijas, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel del Golfo tardaron en expandirse. En cambio, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas nacieron como grupos de sicarios y hoy controlan rutas y no siembra o procesamiento de droga.
Asimismo, todos esos cárteles propiciaron la corrupción y descomposición de las estructuras gubernamentales de seguridad para afianzar su dominio territorial. Y de ahí pasaron a la captura de las estructuras del Estado y de sus funcionarios públicos. Este dominio institucional pareció ser el principal indicio para la aplicación del modelo de gobernanza criminal, pero los líderes de los cárteles nunca les permitieron a los funcionarios involucrarse en los mandos de los cárteles.
La ofensiva de seguridad de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto provocó un descabezamiento de líderes de los cárteles y su sustitución se dio de maneras escalafonaria, de prioridad de violencia o de improvisación. La estrategia lopezobradorista fue la desactivación abrupta de los operativos de persecución y algunos mensajes de que no habría más choques a cambio de que las bandas garantizaran la tranquilidad en sus territorios.
La estrategia de construcción de la paz no encontró apoyo en Estados Unidos, donde los cárteles mexicanos –de acuerdo con evaluaciones oficiales de la DEA– fueron construyendo poderosas estructuras para el contrabando, tráfico dentro del territorio estadunidense y venta de drogas al menudeo en las calles.
En los hechos, EU ha aplicado una parte de la construcción de la paz: no perseguir narcos con el compromiso de no operar arrestos. La otra parte, la de atender las causas de la droga en siembre y consumo, no ha sido prioridad estadunidense: hay programas para atender las adicciones, pero no existen campañas para disminuir el consumo; y no existen apoyos económicos directos a las zonas afectas por el tráfico de drogas.
Eso sí, el gobierno de EU exige que México combata de manera frontal y con persecuciones a los cárteles dentro del territorio mexicano. Sin embargo, las células de los cárteles mexicanos en EU se han constituido en operadores y administradores de la demanda de drogas y por tanto funcionan como el factor dinámico del contrabando: solicitar droga que se produce en México.
La violencia reciente en México –sobre todo en Zacatecas, Guanajuato, Quintana Roo, Colima, Sonora y Baja California– ha mostrado que las bandas no quieren la gobernanza criminal, sino que buscan mantener el control férreo de sus territorios y pelean la expansión a otros territorios en poder de otras bandas. La narcoguerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha llenado de violencia y muertos zonas territoriales extensa de la república, a pesar de la presencia física, aunque no disuasiva de las fuerzas gubernamentales de seguridad.
Estos datos fijan el criterio de que la estrategia de construcción de la paz no logró cuajar ni ha ayudado a disminuir la violencia y sí es uno de los motores de las disputas criminales de espacios de dominación delictiva. Y que es la hora en que el Estado regrese a la ofensiva directa contra los cárteles y sus organizaciones delictivas para evitar no sólo la guerra, sino el dominio criminal sobre población y territorio.
Si no se cambia la estrategia y se regresa a la persecución y desmantelamiento de bandas, la violencia seguirá creciendo e impactando las cifras oficiales y seguirá siendo un argumento para demeritar las nuevas estructuras de seguridad.
Zona Zero
- La decisión del Senado de atender la crisis de seguridad podría ser un aviso al poder ejecutivo de que el ambiente de criminalidad está causando tensiones sociales. El líder senatorial Ricardo Monreal Avila anunció la intervención, por razones, además, de facultades legales, toda vez que ahí se dio la reforma constitucional que reorganizó el aparato federal de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional. Y, además, por el hecho de que la iniciativa de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que evaluar resultados o operativos concretos.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no de la publicación.
seguridadydefensa@gmail.com
@carlosramirezh